En ese sentido, un servicio público estatal de radio, televisión y servicios interactivos es crucial para salvaguardar la diversidad y la identidad cultural, el pluralismo, la cohesión social, la promoción de las libertades fundamentales y el propio funcionamiento de la democracia.

En nuestro país RTVE ha experimentado en los últimos años una reforma sustancial de su marco normativo, empresarial y tecnológico que le ha permitido avanzar en la democratización de su gestión y en la independencia profesional. Los contenidos e informaciones del grupo RTVE se han convertido en los más valorados por los ciudadanos. Sus servicios interactivos, su oferta radiofónica y sus canales temáticos -Clan, Teledeporte y Canal 24 horas- complementan una oferta educativa infantil, cultural y deportiva de enorme rentabilidad social y al alcance de cualquier telespectador.

UN MOMENTO CRUCIAL PARA EL FUTURO DE RTVE

Sin embargo, a pesar de su buena aceptación social y de la acreditada función de servicio público que diferencia a RTVE de las cadenas comerciales, los ciudadanos no tienen garantizado en el futuro inmediato la oferta audiovisual que RTVE presta en la actualidad.

En un escenario caracterizado por la fragmentación de canales, los intereses comerciales y la concentración de grandes grupos empresariales, RTVE puede ver reducida su oferta audiovisual por un inestable modelo de financiación que puede provocar la asfixia económica y cuyo único objetivo parece apuntar a un favoritismo político hacia los canales privados y de pago, en detrimento de unos contenidos -infantiles, culturales, deportivos e informativos- gratuitos y de calidad.

Contradictoriamente con el discurso oficial que otorga a RTVE una función crucial en la formación de valores ciudadanos tan esenciales como el respeto al pluralismo, la independencia o el acceso universal a la Sociedad de la información, el Gobierno no muestra disposición a garantizar el total de los ingresos previstos en el presupuesto aprobado por las Cortes, lo que pondría en cuestión, en la práctica, el cumplimiento de la misión de servicio público que esta cadena pública tiene encomendada por ley. Especialmente ante las menores aportaciones de operadores privados de televisión y telecomunicaciones.

La no firma del contrato-programa, vulnerando los plazos legales, es un alarmante síntoma del escaso interés por garantizar una suficiente financiación para los próximos años.

Por su parte, el Partido Popular ha mostrado también su escasa conciencia de servicio público: tras proponer un recorte en la subvención estatal de 200 millones de euros, ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley que pretende suprimir uno de los dos múltiples de RTVE, es decir, reducir a la mitad su oferta televisiva. De este modo, las iniciativas del Gobierno y del principal partido de la oposición parecen apuntar a una conjunción de esfuerzos para dar una nueva vuelta de tuerca al servicio público, disminuyendo inmediatamente su capacidad de competencia y su peso en la audiencia televisiva española.

EL VALOR DE UNA OFERTA AUDIOVISUAL PÚBLICA

RTVE es un servicio esencial e imprescindible en términos de rentabilidad social, de diversificación, pluralismo e independencia informativa. La asfixia financiera o la desaparición de algunas de sus cadenas supondría una merma de derechos fundamentales de los ciudadanos, como por ejemplo, el poder acceder a unos contenidos infantiles y educativos éticos, disponer de una oferta informativa plural e independiente o tener acceso gratuitamente a importantes eventos deportivos.

La apelación a la situación de crisis económica que los dos principales grupos políticos utilizan para recortar la financiación pública o reducir la oferta de canales de RTVE encubre en realidad otro tipo de intereses políticos y empresariales, puesto que, en términos de coste-rentabilidad, un recorte del servicio que RTVE presta en la actualidad abocaría a los ciudadanos a prescindir de unos contenidos de gran valor social y a pagar -directa o indirectamente- a las cadenas privadas por el acceso a unos contenidos que ahora se disfrutan universalmente, sin cortes publicitarios y de forma gratuita.

Si pusiéramos en valor las horas que los usuarios invierten en disfrutar de estos contenidos de servicio público comprobaríamos cómo la oferta educativa, cultural, deportiva e informativa -televisiva, on line o radiofónica-, es tan valiosa en términos sociales como en términos económicos. Para los colectivos sociales y los partidos minoritarios, para los agentes sociales, ONGs o asociaciones de consumidores y usuarios, RTVE es la única plataforma que garantiza por ley el derecho de acceso y prácticamente la única ventana que permite proyectar sus actividades al conjunto de la sociedad, además del apoyo a la industria cinematográfica española.

MANIFIESTO EN DEFENSA DE RTVE

En este contexto, los abajo firmantes, ciudadanos y representantes de organizaciones sociales, profesionales y académicas, consideramos que la sociedad española se encuentra en un momento crucial para la consolidación de su modelo de servicio público de comunicación, y expresamos nuestra voluntad de defender la existencia de una radiotelevisión pública:

1.    Que reafirme una oferta audiovisual independiente, de calidad y tecnológicamente solvente, con unos medios económicos, técnicos y humanos adecuados a dichos objetivos.

2.    Que sea coherente con la demandas de los ciudadanos, ajustándose a criterios de rentabilidad social, y siendo respetuosa con las leyes y directrices que velan por su misión de servicio público.

3.    Que sea el principal baluarte y la garantía de que prevalezca el interés general y todos aquellos aspectos fundamentales para la creación de una opinión pública libre: veracidad, independencia y pluralidad de la información, protección y promoción de los derechos de la infancia, igualdad de género y edad, defensa de los derechos humanos, apoyo a la educación y a la formación, al desarrollo cultural y a la cohesión social.

4.    Que cuente con un modelo de gestión eficiente que sepa rentabilizar al máximo la producción y los recursos propios, con criterios que garanticen la independencia política y estimulen la profesionalidad, con una financiación pública suficiente que permita el cumplimiento de sus objetivos en consonancia con los modelos audiovisuales de nuestro entorno europeo.

5.    Que sea capaz de generar una oferta atractiva, innovadora y de calidad dirigida a grandes segmentos de la población y justificada por su rentabilidad social.

6.    Que cumpla un papel estratégico para el desarrollo de las identidades y de las industrias culturales propias y que, conforme a su Estatuto, generalice el derecho de acceso de los grupos sociales y profundice en la objetividad y la imparcialidad de sus informaciones, el pluralismo de opinión, el respeto a las minorías y la participación social.

7.    Que refuerce su colaboración con otros operadores audiovisuales públicos en los diferentes niveles, -estatal, autonómico y municipal- así como con las diferentes entidades de radiotelevisión pública en Europa, el Mediterráneo e Iberoamérica, fomentando igualmente la producción independiente.

8.    Y, finalmente, que participe de forma activa en el desarrollo de la Sociedad de la Información para todos: radio, televisión digital, alta definición y los servicios interactivos, con una aportación significativa de contenidos y servicios móviles y multiplataforma. En definitiva, que facilite el acceso universal de los ciudadanos a una oferta de interés multimedia e interactiva en abierto, tanto generalista como especializada, mejorando con ello claramente la alfabetización mediática en beneficio del público.