Hay que felicitar a los trabajadores de RTVE, a los consejos de informativos, al movimiento de las mujeres, que con su reivindación han hecho posible esta solución. Y a grupos de estudios como Teledetodos que han fundamentado teóricamente su necesidad.
No me interesa señalar culpables, vencedores o vencidos, no me interesa el análisis político. Me preocupa que las declaraciones de unos y otros sigan considerando a los expertos que decidirán el concurso como sus delegados, lo que no hace más que anticipar divisiones partidistas a lo largo del proceso.
Las bases aprobadas parecen garantizar la limpieza. La comisión de expertos tendrá que hacer público su baremo antes de la publicación definitiva de los admitidos. Se valorará la formación superior, el ejercicio periodístico, la experiencia en RTVE, la experiencia en otros medios, desarrollo de funciones de gestión en el sector de la comunicación, el proyecto de gestión y otros méritos relevantes profesionales, de investigación y docencia. Si los expertos hacen un baremo equilibrado, la composición del Consejo puede ser plural, no ya en la orientación ideológica, sino en las competencias profesionales. En mi opinión, el proyecto debiera tener una valoración destacada.
Los experto harán un informe personal motivado, puntuación incluida, por cada candidato, lo que supone contar con una lista por orden de méritos. La gran cuestión es si los consensos de los grupos parlamentarios respetarán esta jerarquía de méritos. Sería un escándalo que el candidato mejor valorado, especialmente en el proyecto de gestión, y sobre todo si hay diferencias claras, no fuera luego elegido Presidente.
Lo importante ahora es que personas con verdadero espíritu de servicio público y competencias acreditadas se animen a presentarse. Hay que recordar que los consejeros no tienen dedicación, ni remuneración, más allá de dietas por asistencia.
El Presidente sigue siendo el gestor todopoderoso. Antes tenía asegurada una mayoría de apoyo, de acuedo con los consensos partidistas. Ahora está por ver, pero tendrá, sin embargo, el plan de gestión presentado, que puede ser el argumento invocado ante un Consejo crítico.
Los plazos de todo el proceso son perentorios. Afortunadamente se miden en días hábiles y no naturales, como en alguna versión previa de esta norma. Frenta a la opinión mayoritaria creo que ahora es más importante la solidez de las resoluciones que su rapidez. No estaría mal que, teniendo en cuenta que agosto es inhábil parlamentariamente, el plazo para la presentación de candidaturas terminara a primeros de septiembre, de modo que los interesados pudieran perfilar mejor sus proyectos. En cualquier caso, un proyecto de gestión no puede ser un corta y pega y no se improvisa en quince ni en treinta días. Espero que los expertos sean capaces de discernir la calidad y originalidad de los proyectos.
Ahora solo queda que los partidos sean generosos y no interfieran. Por favor, comisarios políticos disfrazados de expertos o profesionales, absténganse.
