Todo ser humano por el hecho de nacer debe de disponer de unas condiciones de vida dignas que aseguren su existencia, porque hoy el desarrollo de la civilización lo permite.

Una existencia digna significa dar seguridad y bienestar desde que se nace hasta que se muere. Los derechos básicos, vivienda, educación, trabajo y protección social deben estar garantizados.

La democracia liberal (agrupando en este concepto las ideas del neoliberalismo y el estancamiento de la socialdemocracia) puso la letra de estos objetivos pero no los llevó a la práctica. Abandonó a millones de seres humanos para asegurar el beneficio de unos pocos. La democracia ciudadana pretende colocar los derechos humanos en el centro de las prioridades y cambiar el signo dominante hasta ahora para poner al ser humano como primera condición de la económica, del conocimiento y de la cultura.

Un sistema económico basado en la democracia ciudadana debe asegurar la enseñanza y el conocimiento del ser humano durante toda su existencia. Debe garantizar a todos el trabajo a través del cual cada persona devolverá a la sociedad lo que está le entregó en su periodo de aprendizaje.

Si tuviéramos que dar un criterio filosófico diríamos que todo lo que existe es consecuencia del trabajo de las mujeres y los hombres. La riqueza la crea el trabajo que transforma las materias y les da un valor que antes no poseían, un valor que es mayor cuanto mayor conocimiento aporte el individuo. Por el contrario, la democracia liberal plantea que la riqueza nace del dinero y del capital. Olvida que el dinero es solo un instrumento de cambio que no crea riqueza por si mismo, que el capital es especulativo y que la especulación solo cambia el dinero de unas manos a otras. Los mercados financieros no han creado nunca riqueza solo especulación y, con ella, desigualdad. Por lo tanto es necesario situar en el centro de los objetivos al ser humano y desplazar al capital al lugar que le corresponde. La democracia ciudadana entiende que el conocimiento y el trabajo son los ejes fundamentales para que el ciclo de una vida digna y asegurada pueda mantenerse en unas condiciones de igualdad dignas.

El conocimiento no solo se circunscribe al ámbito del trabajo o la enseñanza sino además a la incorporación de cada individuo a su contexto social. En este aspecto los medios de comunicación cumplen un papel determinante.

Los grupos, partidos o personas que pretenden un sistema de democracia ciudadana no disponen de medios de comunicación propios. Todo está dominado por medios privados entendidos como negocio económico directo que además de forma indirecta sostiene y reproduce en el tiempo la democracia liberal y el sistema económico que la sostiene. Los medios de comunicación públicos están en manos de los gobiernos afines hasta ahora a los principios de la democracia liberal. Otros medios de minorías disidentes han sido aislados o reducidos por acoso económico.

La crisis económica, y ahora también política, de la democracia liberal ha conllevado la crisis de muchas de las estructuras que la han acompañado. Durante mucho tiempo se mantuvo con el argumento de que es el menos malo de los sistemas. Hasta que la miseria circunscrita al tercer mundo ha entrado de lleno en el primero y se pretende destruir el llamado estado de bienestar de los países europeos. El capital abandonó su cara amable.

En los países donde la crisis es más profunda, los medios públicos de comunicación han sido arrastrados en la misma dinámica aun con la oposición de sus trabajadores. La estructura y procedimientos de trabajo implementados en los medios públicos por la democracia liberal están en revisión, entran en crisis, son cuestionados por sus propios trabajadores y sufren de la desconfianza ciudadana, cuando no del abandono absoluto o liquidación. La democracia ciudadana necesita que los ejes de la comunicación varíen.

Bajo el concepto de que el dinero es el que crea riqueza, en los medios de comunicación se fijó la prioridad absoluta del beneficio económico frente a la rentabilidad social. Para ello nació la política del espectáculo en la información para garantizar audiencias e ingresos publicitarios.

La democracia liberal no ha digerido el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación. Su afán hoy es "normalizarlas", reglamentarlas, para asegurar el control del conocimiento y de la información. Los grandes medios de comunicación tradicionales eran controlables, las redes se dispersan y se recrean constantemente posibilitan nuevas formas de organización y de acción dentro de la inmediatez. Crean circuitos de opinión antes reservados para los medios tradicionales. La comunicación antes se producía solo en un sentido. Desde el propietario de los medios (gobiernos o empresarios) hacia un receptor que no tenía capacidad de respuesta. Hoy ese esquema se ha roto.

Con la vieja estructura de la información el poder se reservó un espacio determinante para asegurar su permanencia y para dar forma a las conciencias. Hoy se apresura para asegurar ese dominio en el mundo de las redes.

La noticia siempre estuvo del lado del banquero. En otro tiempo se diría: "Que buena es la señora marquesa que crea a los pobres y luego los sienta a su mesa." Hoy podríamos decir, que buenos son los banqueros que crean las desigualdades pero luego nos dan trabajo de 600 euros. Los medios fueron los encargados de crear un velo que no permitiera ver la realidad en toda su dimensión.

De este modo se generan unas prioridades en la comunicación que van a asentar el sistema de la democracia liberal, luego se puede hacer caridad informativa con el pobre que se sienta en la mesa. Por prioridad de atención y ocupación informativa, el orden son primero los banqueros (siempre en la sombra), luego... los gobiernos, los parlamentos y senados, los grandes partidos, las asociaciones institucionalizadas, los empresarios, y en la marginalidad (como pobres sentados a la mesa) los sindicatos, partidos minoritarios... al final el ser humano queda solo como acontecimiento de sucesos aislados, o como rebelde, maldito, comunista, terrorista... los excluidos.

La democracia liberal como sistema se quiebra cuando el proceso de los mercados financieros internacionalizado no permite, después de la globalización, sostener los mínimos de bienestar en los países del primer mundo. Los ciudadanos del tercer mundo nunca llegaron a disfrutar más que de la miseria y las desigualdades absolutas. De este modo la democracia liberal no puede sostener el estado de bienestar social sin perder parte de su hegemonía económica, es decir, sin tener que realizar un reparto más equitativo de sus ganancias. Por eso rompe la baraja y huye a mercados laborales más baratos, deslocaliza sus empresas, se va a los paraísos fiscales y elude sus impuestos. Aparece entonces la corrupción de forma organizada y generalizada al tiempo que elimina los avances sociales tanto en sanidad como en educación y otros servicios públicos. Todo esto mientras crece la neoesclavitud (trabajar por un salario que no cubre los mínimos vitales), el paro, los desahucios, el abandono de las prestaciones sociales, los comedores sociales, etc.

Los medios de comunicación se han colocado detrás de sus amos financieros. Su alejamiento de la realidad ha provocado que importantes audiencias se hayan refugiado en los pocos resquicios que apoyan la democracia ciudadana. Se ha producido una confrontación en la que algunos medios priman las audiencias y sus beneficios económicos frente a la dependencia gubernamental.

En esta confrontación los medios públicos deben escoger entre estar con los ciudadanos o con la democracia liberal. El sometimiento a los gobiernos de la democracia liberal les empuja a la perdida de audiencias y la desaparición a corto plazo.

Los medios públicos deben apostar por la democracia ciudadana con toda la amplitud que sea posible. Por eso cualquier propuesta para RTV públicas no puede dejar de contemplar dos cosas:

1.- Que las propuestas pasadas hoy no tienen fiabilidad.
2.- Que la ciudadanía reclama su protagonismo directo.

Las estructuras deben cambiar. Los mecanismos de participación que hasta ahora se han dotado a los medios públicos en las últimas modificaciones legislativas en España y alguna comunidad autónoma no han servido para avanzar hacia un nuevo modelo. Hay que constatar su fracaso. Esta situación ha sido propiciada por los temores de la socialdemocracia a la independencia y por la férrea oposición de la derecha. La reforma de RTVE del PSOE que nació ya limitada fue decapitada por el PP.

Las estructuras de participación ciudadana que prevé la democracia liberal siempre han entendido que la ciudadanía necesita de unos intermediarios representativos. De este modo han aparecido asociaciones de espectadores o usuarios. Con mejor o peor propósito la situación de estas asociaciones languidece entorno a personas singulares y con escasísimo apoyo. ¿Representan acaso el sentir ciudadano? La respuesta es no, solo podría decirse que hacen su peculiar interpretación del sentir ciudadano. ¿Pero es que hoy no hay métodos para salir de la mera interpretación y constatar la opinión ciudadana? La respuesta es que si los hay. La novedad se encuentra precisamente ahí, en cómo implementar esos métodos y además desarrollarlos con el apoyo público.

Los movimientos ciudadanos agrupados en plataformas de acción diversa, aunque entienden de la trascendencia de los medios de comunicación públicos para la consecución de sus objetivos, su defensa no forma parte de su acción inmediata. Sin embargo, esas nuevas formas de acción, que no conforman asociaciones tradicionales sino movimientos, deben tener una participación dentro de los esquemas de la nueva RTV pública.

La otra forma de adquirir y asumir la opinión y propuesta ciudadana es la consulta directa. La consulta ciudadana puede establecerse en diferentes niveles de participación. Una general y abierta consultando a toda la ciudadanía y otra vinculada a grupos de audiencia organizados por redes.

Para realizar consultas es imprescindible definir cada consulta: las generales para aquellos aspectos definitorios de los medios (objetivos básicos, financiación) y las consultas de audiencias organizadas deberían concentrarse en los aspectos de programación, de información. Es necesario definir quién propone estas consultas. Para ello sería necesario disponer de un Consejo de Audiencias en que participaran todos los movimientos y que mediante grupos de trabajo elaborase las propuestas, además de que pudiera tener otros cometidos. El compromiso público debería ser el disponer de una serie de consultas periódicas, definidas e ineludibles. Esas consultas serian un instrumento básico para definir objetivos y líneas de programación.

La estructura tradicional del Consejo de Administración -correa de transmisión de los partidos parlamentarios- debe cambiar radicalmente. Su sentido debería estar en la combinación del interés ciudadano y la experiencia profesional y no en un nombramiento personal que coloca al "cargo público" o por encima del bien y del mal o en el sometido a los partidos mayoritarios. Consejeros imbuidos de un sobrenatural don de decidir forman parte del esquema de los medios de comunicación públicos gubernamentalizados. La reprobación de los consejeros debiera venir de los ciudadanos del mismo modo que del Parlamento. Los ciudadanos a través del Consejo de Audiencias podrían promover su reprobación y cese.

El eje de las grandes decisiones debe ser el Consejo de Administración y debe mantener sus competencias frente al omnipoder que disponían los directores generales heredados del franquismo. Eso no impide que los directores ejecutivos actúen y sean el eje fundamental y con mayor capacidad operativa (toda la empresa y sus trabajadores) para impulsar sus propuestas ante la estructura de la empresa y de los ciudadanos.

El cambio en las estructuras vendrá con la inclusión de la participación ciudadana directa en ellas, pero por si solo no garantiza las transformaciones necesarias. El concepto de informar y de entretener debe cambiar. Este cambio es el que, en realidad y en último término, garantizará la complicidad entre la ciudadanía y el medio.

En la información se ha analizado mucho ya sobre los problemas que existen hoy. No solo los temas referidos a la manipulación informativa y uso partidista, sino al concepto de información embudo que la democracia liberal ha sometido a la ciudadanía. Hoy la información es diversa y se expande por múltiples medios y redes. La presencia en esas múltiples ofertas es esencial y para ello es necesario disponer de medios y recursos. El objetivo es que en esos nuevos medios y redes no solo debe predominar la información poco fiable sino la garantizada por el servicio público que asegura independencia, veracidad y conocimiento.

Todo entretenimiento tiene un modelo. El que se sigue actualmente procede de los grandes imperios de la producción, vinculados a las factorías norteamericanas. Para cambiar esta situación es necesario un giro que acerque a la cultura europea la programación. Para ello es necesario disponer de una producción propia con la que el medio público contraponga su peso a la oferta del negocio fácil y que pertenece al modelo culturalmente financiero-especulativo, que ha sustentado el sistema de democracia liberal. Las audiencias "mejor entretenidas que conscientes" mientras prospere el negocio que ellos pagan sin darse cuenta, es su lema.

Para realizar esos cambios es necesario que los profesionales tengan nuevos objetivos y prioridades. La planificación informativa de cada día no será esclava de las ruedas de prensa que los organismos oficiales dispongan, ni dependerá de las políticas de los gabinetes de prensa. Dependerá del acontecer diario, de su manifestación y repercusión en el contexto de la vida ciudadana y también de la necesidad de llevar la comprensión de los hechos a los ciudadanos que ademas de querer saber qué pasa, quieren saber porqué pasa.

El contrato social que los profesionales de CRTVE, todos trabajadores, deben sellar con la ciudadanía no tiene otro sentido que satisfacer las necesidades mediáticas en la democracia ciudadana y alejarse del interés de partidos y grupos económicos.

Por ultimo, señalar que hay varias iniciativas que otros países como Argentina, Canadá y Ecuador han puesto en marcha para avanzar en la participación ciudadana en el control de los medios públicos de comunicación. El caso del Ecuador es que insertado en todos los mecanismos de participación social más innovaciones presenta:

En el caso de ley de comunicación de Argentina avanzan hacia una especie de directorio plural en su nombramiento ( 2 por el ejecutivo, 3 por el Parlamento (uno por cada uno de los tres partidos con más votos), 2 por Consejo Federal de Comunicación Audiovisual). El órgano más amplio que contempla la ley es el Consejo Honorario de Medios Públicos que agrupa a universidad, sindicatos, organizaciones no-gubernamentales, gobiernos regionales, consejo asesor audiovisual y de infancia y Pueblos Originarios.

En el caso de la ley en Ecuador disponen de un Consejo Consultivo del que sus miembros se eligen conforme a la Junta electoral establezca dependiendo a que organizaciones representen. Disponen de un Consejo Ciudadano específico que se formula como uno de los consejos ciudadanos sectoriales. Sus funciones son de evaluación, propuesta, consulta ciudadana, etc. y se incluye dentro de la estructura estatal participativa ciudadana. Estos Consejos pueden pedir audiencia y rendimiento de cuentas. Tienen un Defensor de Audiencias. La ley de participación ciudadana es de ámbito general y aplicable a todos los sectores entre ellos la comunicación.

En el caso de Canadá, aunque su estructura no refleja una participación directa sin embargo disponen de una asamblea anual en la que rinden cuentas a los ciudadanos. Hacen una Asamblea Pública Anual (19 nov 2014) abierta al público donde dan cuenta de las actividades. Están sujetos a la ley de acceso a la información (administrativa) que afecta a toda la administración y dan cuenta en web de estas solicitudes y la resolución de las demandas de información. Como derecho de acceso dan un tiempo propio gratuito a los partidos fuera de campañas regula la Cámara Federal y otro para las emisiones regionales. En campaña electoral dan tiempos regulados por juntas electorales. Disponen de una legislación propia de radiodifusión y un Consejo de RTV y Telecomunicaciones.