Con el argumento de la racionalización del gasto y la búsqueda de la eficiencia en la gestión, se reduce considerablemente el número de consejeros del CAC y de la CCMA. En este último caso también desaparece la figura del director general, con lo que se refuerza la del presidente del consejo de gobierno. No obstante, se aprovechan las reformas para reducir los requisitos previstos, respectivamente, en 2000 y 2007 para la designación de los consejeros del CAC y de la CCMA. Así, a partir de ahora, si no se logra inicialmente el apoyo de 2/3 de los diputados, los consejeros de ambas entidades podrán ser designados por mayoría absoluta en segunda votación.
Por otro lado, las tantas veces denunciadas presiones del sector privado para limitar las estrategias y debilitar a los medios de servicio público también han surtido efecto en Cataluña: la nueva ley establece (en la línea de las previsiones de 2007) que “la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales ha de establecer las condiciones necesarias para reducir de manera progresiva la publicidad en las emisiones (…), con la voluntad de favorecer la libre competencia en el mercado audiovisual catalán”. Y añade, por iniciativa del Partido Popular, que “en el caso de las emisoras de radio, la reducción progresiva de la publicidad ha de tender a la desaparición”. Por el momento, no se concretan plazos.
Si bien la apuesta por reforzar el control político de los medios públicos no sorprende particularmente (el último gobierno tripartito, pese a haber impulsado una reforma esperanzadora en 2007, llegó a aprobar un decreto-ley para designar al presidente del consejo de gobierno), sí que resulta llamativa la decisión de insistir en la limitación (incluso avanzando hacia la supresión, en el caso de la radio) de la publicidad en la CCMA. Se trata de una media que, sin duda, debilitará un proyecto al que CiU siempre ha considerado como una herramienta clave del proceso de construcción nacional de Cataluña. Y ello en un contexto de fuerte reducción de la subvención que aporta anualmente la Generalitat a los medios audiovisuales públicos autonómicos.
Por el momento, tras la primera designación de consejeros de la CCMA, el reparto se ha concretado en 3 propuestos por CiU, 2 por el PSC y uno por el PPC: menos representatividad de las diversas fuerzas políticas del arco parlamentario en el consejo de gobierno y ni un ápice de interés por lo que sucede en otros países del entorno europeo donde los colectivos sociales y profesionales desempeñan un rol importante en la gestión de los medios de servicio público.
En todo caso, las mencionadas reformas solo han contado con el aplauso de las asociaciones empresariales del ámbito privado (esencialmente la Asociación Catalana de Radio, que, no obstante, reclama más contundencia en lo relativo a la reducción de la publicidad) y han sido duramente cuestionadas por toda la oposición política, por las organizaciones profesionales en pleno y por el ámbito académico. Sirva como muestra la carta firmada por los nueve decanos de las facultades de Comunicación de Cataluña, a la que se ha sumado el Observatorio de Políticas de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona:
http://www.portalcomunicacion.com/opc/esp/noticias_det.asp?id_noticias=123
Isabel Fernández Alonso
Universidad Autónoma de Barcelona
