El ente Billag también se ocupa de otros asuntos relacionados, como los derechos musicales y de autor. El canon audiovisual varía en función de su uso privado o profesional, pero –en principio- ronda los 450 Francos Suizos anuales por hogar familiar. De ahí salen los 1.370 millones de FS que financian 17 emisoras públicas de radio y seis de televisión públicas (de la SRG-SSR, Sociedad Suiza de Radiodifusión y Televisión). También se financia así Swissinfo.ch, una plataforma en diez lenguas que sirve a un público internacional o los suizos que están repartidos por el mundo. Pero Billag no cubre nada más que un 70 por ciento de los presupuestos del sistema público audiovisual de Suiza (el resto viene de la publicidad, patrocinios y venta comercial). Beneficia también a las emisoras privadas (radios y televisiones) que obtienen un 4,4% del presupuesto obtenido mediante el pago del canon.
La consulta sobre Billag tenía su origen en una nueva “iniciativa popular”, un mecanismo político que permite la petición de referendos sobre los asuntos sociales y políticos más variados, independientemente de lo que se pueda debatir sobre el tema concreto en los órganos parlamentarios y de gobierno de la Confederación Helvética (CH). De manera precisa, el No Billag pretendía la modificación del artículo 93 de la CH y que el Estado no subvencionara ninguna cadena de radio o televisión (“en tiempo de paz”, según matiz de los organizadores).
La recogida de firmas empezó en junio de 2014 y el depósito de la demanda de referéndum tuvo lugar el 11 de diciembre de 2015. Entretanto, el parlamento suizo recomendó el rechazo de esa ‘iniciativa popular’.
Finalmente, la participación en las urnas el día domingo 4 de marzo de 2018 fue del 54,4 por ciento del censo de los potenciales votantes; un 71,6% de éstos votaron NO a la supresión de Billag; un 28,4% votaron afirmativamente.
Un largo debate público
En el debate parlamentario correspondiente (septiembre 2017), quedó claro que la supresión de la radiotelevisión pública traería consigo otras consecuencias: la supresión de miles de puestos de trabajo, en primer lugar; la pérdida de vías de información precisas y preciosas, sobre todo para los ciudadanos que viven en los lugares más recónditos o en las zonas periféricas; las frecuencias quedarían a merced de ofertas y concursos globalizantes en los que los Berlusconi de turno (o los emires o plutócratas de la comunicación) tendrían un campo abonado; los grandes grupos privados de la radiotelevisión de Alemania, Luxemburgo o Francia podrían impulsar una específica “programación suiza” para explotar audiencias que ahora pueden recibir sus emisiones, pero que no dependen informativamente de ellas.
Peligro de berlusconización
El término “berlusconización” surgió con fuerza en el debate público, que apuntó también al peligro para la producción cinematográfica suiza y para el mantenimiento de su diversidad cultural. El pago de paquetes audiovisuales –la experiencia es clara en toda Europa- no garantiza la calidad media de los productos audiovisuales.
La SRG-SSR está integrada por cinco empresas audiovisuales públicas que emiten en los distintos idiomas oficiales de los diferentes cantones y territorios del país: la Schweizer Radio und Fernsehen (alemán); la Radio Télévision Suisse (RTS, en francés); la Radiotelevisione Svizzera (en italiano); y la Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (en lengua romanche); también incluye la mencionada Swissinfo.ch (plataforma digital internacional). Unos 6.000 trabajadores trabajan para ese conglomerado de servicios y radiotelevisiones públicas.
Desde luego, todos ellos han respirado con alivio porque hasta hace pocos meses los sondeos pronosticaban la victoria de la demagógica propuesta del No Billag. De manera que el impacto de un resultado claro de sentido contrario a la iniciativa y favorable al mantenimiento de los medios audiovisuales públicos es mayor si cabe.
Hay que felicitar a la ciudadanía suiza, que no ha caído en la trampa de una cierta extrema derecha y de los neoliberales. También a las organizaciones sindicales de los periodistas del país (Syndicom, Impressum, Sindicato Suizo de Medios de Comunicación), que se han implicado a fondo en la defensa de los medios públicos.
Los votantes suizos han sido conscientes de un peligro evidente: las multinacionales de la comunicación no entienden de especificidades culturales. Suprimir el canon era lo mismo que liquidar la SRG-SSR. En los debates, muchas veces se ha hecho el cálculo: el canon es mucho más barato que pagar abonos al cable, al satélite o a los paquetes habituales que ofrecen –con frecuencia- mucha apariencia de variedad audiovisual y poca información de verdad, seria y neutral. Y ese tipo de información es ineludible en cualquier democracia. De modo que quienes (el 71,6%, recordamos) han rechazado la iniciativa han dejado claro que piensan que vale la pena pagar por ese mecanismo democrático que es el esfuerzo de información profesional y válida socialmente.
También es una defensa de la pluralidad suiza: todos saben que quienes hablan las lenguas mayoritarias del país –alemán y francés- habrían sufrido el envite de grupos mediáticos de los países vecinos; los minoritarios (sobre todo los ciudadanos que hablan romanche), habrían quedado desamparados y a merced de los vientos económicos de la oferta y la demanda. El voto contrario al No Billag es un voto por la información veraz, contra la rumorología y contra la posverdad anti-informativa. Contra las falsas noticias. Precisamente, en un momento en el que también ciertos medios tradicionales serios están a la defensiva y en peligro (eso incluye una parte de la prensa y de los medios privados suizos). Retroceden ante el envite de las falsedades, de la multiplicación de medios digitales serios y de todo tipo. Por la retirada acelerada de la publicidad de los medios impresos.
Así que diversas voces han señalado durante la campaña del referéndum que si se suprimiera el servicio audiovisual público- “asistiríamos a también a una carencia de información local de calidad, con lo que se resentiría también la calidad de la democracia”.
“El público, desde luego, tiene también responsabilidades en la redefinición del ecosistema mediático”, ha dicho un editorial del diario La Tribune de Génève, que añadía: “El mensaje debe animarnos. La gente reconoce y está dispuesta a pagar la información sólida que gana valor a la hora de la propaganda viral de las ‘fake news’. La información veraz (verificada) es un producto de primera necesidad. Tiene un precio. Y el conjunto de actores de nuestra democracia debe asegurarse de que ese tipo de información está disponible y es posible acceder a ella”. El reto actual es modernizar la radiotelevisión pública y no sólo en Suiza, donde el nuevo importe del canon (que se presenta primero en un proyecto de ley) prevé una rebaja en 2019. Los hogares suizos pagarán entonces un franco suizo diario para seguir contando con unos servicios audiovisuales públicos equilibrados social y políticamente.
Porque aunque merezcan un amplio repaso y no siempre tengan los gestores que debieran, los medios audiovisuales públicos son casi siempre más baratos, útiles y democráticos que cualquier tipo de berlusconización.
