La ley regulará:
b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
Es verdad que ya la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollaba en su artículo 37 el derecho de los ciudadanos a acceder a los registros y documentos que se encuentren en los archivos administrativos. Pero esa "regulación" se había estrellado con constantes negativas al no ser claro el objeto del derecho de acceso, al estar limitado a documentos contenidos en procedimientos administrativos ya terminados y al resultar su ejercicio extraordinariamente limitado en su articulación práctica.
Ahora se ha abierto un Portal de la Transparencia (http://transparencia.gob.es/es_ES/), como un espacio de información de la Administración General del Estado, en el que deben estar disponibles todas las categorías de publicidad activa que establece la ley y donde se facilite el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos.
A raíz de la entrada parcial en vigor de la ley, se creó un Consejo de la Transparencia, cuyos vocales -designados por distintas administraciones- son altos funcionarios públicos con predominio del perfil jurídico con experiencia previa centrada más en la protección de datos que en el derecho de acceso a la información. Su presidenta es Ester Arizmendi, a la que antes se encomendó modernizar la función pública e impulsar la administración electrónica desde el Ministerio de Hacienda.
Todavía hay bastantes lagunas en el ejercicio de este derecho, como por ejemplo qué pasa una vez cumplido el plazo de un mes que establece la ley sin recibir respuesta o si esta es negativa, pues aún no se conocen los cauces específicos para poder recurrir.
¿RTVE más transparente?
En el ámbito de RTVE la principal novedad ha sido la creación de una sección dentro del sitio web de la Corporación RTVE: http://www.rtve.es/corporacion/transparencia/ en la cual se ofrecen algunos datos nuevos, antes desconocidos, y otros ya conocidos pero mejor agrupados que antes.
Así tenemos:
- Información institucional y organizativa
- Información económica y estadística
- Información jurídica
- Derecho de acceso
- Acceso a la Oficina del Defensor
Estas tres últimas secciones son de "relleno" ya que existían antes en el sitio web y simplemente se han añadido como accesos dentro de la página, pero ya tenían (y tienen) su sitio propio.
Información institucional y organizativa
En este apartado encontramos las memorias de cumplimiento de servicio público de los últimos años (elaboradas obligatoriamente por imperativo del artículo 54 del Mandato Marco), que ya estaban en otro lugar de la web, si bien bastante ocultas; y los diarios de sesiones de las reuniones de la Comisión de control parlamentaria de los últimos años, accesibles antes en la web del Congreso, aunque ahora se facilita la consulta al estar agrupadas. Se mejora la visibilidad de los organismos de dirección y gestión (Consejo de Administración) y Comité de Dirección y se incluye el organigrama de la Corporación con detalle de sus directivos, lo cual hasta ahora sólo estaba disponible en la Intranet y no siempre. La otra novedad destacada es la inclusión de la remuneración del presidente de la Corporación, un detalle quizá anecdótico pero siempre interesante.
Información económica y estadística
Junto a la publicidad de la remuneración del presidente, la principal novedad es la agrupación de datos de tipo económico y presupuestario en un sitio único y el acceso a los resultados económicos de los ejercicios anteriores que hasta ahora no eran públicos.
El apartado de Presupuestos es un tanto tramposo pues simplemente enlaza con la Central de Información Económico-Financiera de la Administración, cuando hubiera sido fácil incluir aquí la información real sobre las partidas de presupuestos de la Corporación. Mal asunto.
Luego se incluyen los informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), pero no todos, lo cual es sospechoso, y un único informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a los años 2010-2011. La inclusión del Plan de Auditorías es absolutamente irrelevante, pues lo pertinente habría sido publicar los resultados y no la simple relación de lo que se va a estudiar.
Por último, las resoluciones de compatibilidad también remiten a las generales de la Administración y el apartado nuestras cifras incluyen datos generales con cifras algo anticuadas y que ya eran visibles en la web.
En definitiva, luces y sombras, tanto en la aplicación general de la "transparencia" en la Administración como en RTVE, lo cual nos da indicios de la poca voluntad real de mostrar los datos que interesan a los ciudadanos y la dificultad de ejercitar y reclamar el derecho reconocido en la Constitución.
Manuel Aguilar
