La nueva portavoz del gobierno, María Jesús Montero, afirmaba ayer lo siguiente en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros:
"El respeto a las instituciones es una responsabilidad que nos compete a todos, también a la oposición. Por eso Casado no puede afirmar que va a intentar bloquear la renovación de todos los órganos que por ley debieran haberse renovado hace ya mucho tiempo, como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo. Desde aquí hacemos un llamado a la responsabilidad del PP".
Es difícil no estar de acuerdo con la ministra. Cuando la ley exige renovar regularmente un organismo público, lo hace para garantizar una sana rotación democrática, para que se actualice a la evolución del contexto socio-político y económico, para evitar que sus tiempos de renovación se solapen con los electorales, etc. Por eso sus señorías deben cumplir la ley, como incesantemente exigen al independentismo catalán. Bloquear las renovaciones sería obstruir el proceso democrático y por ende al país.
