"Presentamos un recurso contra la decisión del comisario Almunia, que declaró en su momento que el modelo de financiación no suponía un caso de ayudas ilegales", señaló un portavoz de la compañía.
El portavoz explicó que la firma presidida por César Alierta recurre como "sujeto pasivo" de la tasa y como "competidor" de RTVE, ya que el ente publico puede comprar contenidos gracias a los ingresos aportados por la obligación de las operadoras de contribuir a la financiación de la televisión pública tras la supresión de la publicidad.
"Lo que solicitamos es la nulidad de esta decisión al considerar que este modelo no es legal y que nos hace perder potenciales clientes", explicó el portavoz, quien añadió que la compañía se personará además en el recurso presentado por Digital +.
De esta forma, el portavoz confirmó la información publicada en la web de 'Cinco Días', que señala que la multinacional española ha impugnado el 'visto bueno' de Almunia a la financiación de RTVE y se ha sumado a un recurso presentado por Digital + sobre el mismo asunto.
El pasado mes de julio, la Comisión Europea dictaminó que el nuevo sistema de financiación de RTVE respetaba la normativa comunitaria sobre ayudas públicas porque garantiza que la televisión pública "no recibirá una compensación excesiva por prestar servicios públicos de radiodifusión".
En este sentido, el vicepresidente de la Comisión y responsable de la Competencia, Joaquín Almunia, que investigaba si este plan de financiación constituía un caso de ayudas ilegales de Estado, señaló que la decisión de España de poner más el acento en la misión de servicio público de RTVE se ajusta a la política de pluralidad de los medios defendida por la Unión Europea.
Esta decisión se produjo al margen del otro procedimiento de infracción abierto por el Ejecutivo comunitario para determinar si es legal o no la tasa impuesta a los operadores de telecomunicaciones para compensar la supresión de la publicidad.
El nuevo modelo de financiación del ente público suprime la publicidad en TVE y obliga a los operadores de telefonía a contribuir a la financiación de la televisión pública con el 0,9% de sus ingresos, a las cadenas privadas a aportar el 3% y a las de pago el 1,5%.
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