[Periodismo en las Américas]
Uno de los decretos firmados por el presidente de Argentina, Mauricio Macri, el pasado diciembre y que revirtió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (conocida como Ley de Medios) promulgada por la anterior presidenta, sigue siendo tema de debate por sus posibles implicaciones en la concentración de medios en el país.
El más reciente de estos debates tuvo lugar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su 157 Periodo de Sesiones durante la audiencia pública ‘Derecho a la libertad de expresión y cambios a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina’ el pasado 8 de abril de 2016.
En la presentación inicial Horacio Verbitsky, presidente del CELS, enfatizó el impacto que ha tenido eliminar una ley que, aseguró, se venía pidiendo desde el fin de la dictadura militar de Argentina.
“Como esta ha sido una ley de amplia elaboración participativa y que además garantizaba en su aplicación la participación de los distintos sectores de la sociedad civil, el impacto de su anulación por decreto ejecutivo ha sido muy alto y las expectativas en esta audiencia son también muy elevadas”, dijo Verbitsky.
“Con el pretexto de las falencias en la aplicación de esta ley – que muchos de nosotros hemos señalado en distintas oportunidades – y con la promesa de una futura ley de convergencia tecnológica se sustituyó un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal que excluye a la sociedad civil de las autoridades de aplicación y de los consejos federales cuyos integrantes fueron removidos sin seguir los procedimientos legales que los amparaba”, agregó Verbitsky.
Por su parte Damián Loreti, vicepresidente mundial de Amarc y secretario de CELS, hizo referencias a los tres estándares “violentados” con este decreto. El primero tiene que ver con el haber quitado la “autorquía legal a las autoridades” establecidas, el segundo sobre la eliminación de la obligación de transmitir o ‘must-carry’ y finalmente el de violar el principio de legalidad “porque un Decreto de Necesidad y Urgencia no cumple con los estándares de la opinión consultiva de la Corte Interamericana ni aún refréndandose por el Parlamento”.
Los comisionados y el Relator Especial coincidieron en lo prejudicial que es la concentración de medios para las democracias y recordaron al Estado la necesidad de que esta nueva ley garantice el pluralismo. También recordaron la necesidad de que los consejos de control sean independientes del poder ejecutivo. Y finalmente invitaron tanto a peticionarios como al Estado a mantener el debate abierto para que las críticas de la sociedad civil sean tenidas en cuenta en la elaboración de esta nueva ley.
