Especialmente, el dosier de Mondo Operaio, (que se puede adquirir en PDF por cinco euros en : http://www.mondoperaio.net/acquista-rivista-pdf/aprile-2016/ ) recoge en lengua italiana el Informe final de Enrique Bustamante, presentado en Roma en octubre de 2015 (Eurovisión, Villa Borghese) que sintetiza los trabajos del grupo de Turín, concluyendo con una serie de propuestas para la reforma urgente de la regulación audiovisual europea y para la regeneración del servicio público en los estados-miembro de la U.E.

El dosier -titulado “Europa Sconnessa”; Europa inconexa- está prologado por Stefano Rolando y contiene además artículos de Pio Marconi (servicio público en la Web), Giuseppe Richeri (financiación de la radiotelevisión pública), Francisco Rui Cadima (espacio público en la construcción europea) y Bruno Somalvico (opinión pública europea).

Sintetizamos a continuación las conclusiones y propuestas finales del informe de Enrique Bustamante, basadas en el balance del audiovisual europeo y en las mejores prácticas observadas en Europa, que guarda muchos elementos comunes con las propuestas de Teledetodos.

EUROPA: POR UN SERVICIO PÚBLICO MULTIMEDIA

El Servicio Público está en el centro de una lucha ideológica, constituyendo una pieza axial del modelo democrático y social europeo. Es preciso por tanto repensarlo, adaptarlo a las nuevas realidades tecnológicas y sociales de la Unión, consolidarlo para este siglo XXI. Pero al mismo tiempo y para ello precisamente hay que mantener su valor añadido público, su compromiso al servicio de la ciudadanía. Frente a todas las amenazas y retos presentes, expresamos nuestra convicción de que hay vías e instrumentos posibles para estos objetivos, aunque ciertamente concordamos en que “Nuestro optimismo de la voluntad debe ser atemperado por el pesimismo de la razón” (Schlesinger, P.,/Sorice, M., 2011).

En sus nuevas configuraciones, el servicio público no debe alterar gravemente las condiciones del mercado y la competencia, y respetar estrictamente su adecuación a las necesidades sociales, democráticas y culturales de la sociedad europea. Pero este equilibrio dual tiene que asegurarse también en el sentido contrario: los operadores y servicios comerciales, como actividades de interés económico general, deben estar reguladas y orientadas a las necesidades de la sociedad. Puesto que el sistema audiovisual, on line y off line, compone un sistema interrelacionado, en el que cada componente se articula y condiciona a los demás, esta es la única forma de garantizar una estructura armónica, sostenible y reproducible, también en perspectiva económica de reforzar una industria audiovisual y creativa sólida europea. De ahí que nos atrevamos a realizar propuestas y recomendaciones no sólo sobre la regulación y gestión del servicio público sino también sobre la regulación y orientación de los agentes privados.

El Grupo de Turín propone en consecuencia:

I.- Sobre el marco europeo del Servicio Público

*Realizar una Conferencia Europea sobre el servicio público, con participación de los Estados, de la Comisión y el Parlamento Europeos, pero también de las asociaciones y entidades profesionales y de investigación directamente afectadas por la problemática del servicio público.

Su principal objetivo será debatir y definir, en un documento constituyente, un nuevo marco de las misiones, de la oferta, de la financiación y las reglas de los medios de servicio público en Europa, especialmente en lo que respecta a la “necesaria presencia del servicio público en la Sociedad de la Información”.

Para ello, la Conferencia debe avanzar:

- En la superación de las limitaciones y la obsolescencia natural del Protocolo de Amsterdam de 1997, especialmente requerida por el nuevo escenario cross-media.

- En la revisión profunda de la Comunicación de la Comisión de 2009, para permitir la adaptación plena del servicio público a la Era Digital y a las nuevas demandas de los ciudadanos; con una clarificación práctica de su papel, en equilibrio con el del mercado privado y no subsidiario. El Public Value Test debe ser así concebido en la U.E. como un auténtico test del valor añadido, destacando la rentabilidad social de los nuevos servicios on line que deben colmar las necesidades sociales, culturales y democráticas actuales de las sociedades europeas actuales.

En cuanto a estas misiones digitales, que actualizan y adaptan los principios básicos originales del servicio público, el servicio público no está ciertamente llamado a hacer “de todo y más”, sino mejor y más preciso y diferente, con la calidad y el marchamo del interés general.

- En una radical transformación del perímetro editorial de las reglas organizacionales, modalidades de financiación y paradigmas institucionales del servicio público.

- En un catálogo razonado de los problemas y los remedios deseados y posibles para el servicio público del futuro, compendiando y aplicando las mejores prácticas. 

II.- Recomendaciones: Regulación y Políticas Europeas

*Revisión de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2007:

- Para fijar en la programación convencional cuotas mínimas de producción europea, comunes para todas las difusoras y los países (medias anuales), compatibles y al margen de las que cada Estado-miembro pueda imponer de origen nacional. Estas cuotas de oferta, para los operadores on line y off line, deberían ser verificadas por una instancia técnica neutral (como el Observatorio Audiovisual Europeo), ser jurídicamente exigibles, y objeto en caso de violación de expedientes y sanciones a las cadenas- públicas y privadas- y a los países afectados.

- Para fijar obligaciones de producción independiente europea (ajenas a las acciones y los contratos de exclusividad con las operadoras y difusoras) centradas en porcentajes de inversión anual sobre ingresos totales, como parámetro más verificable en general y más adaptable a los bancos de imágenes del audiovisual on line. Una definición estricta de producción independiente a escala europea debería regir la aplicación de estas normas, que igualmente deberían ser verificadas en su cumplimiento por una instancia independiente (OAE), y ser objeto de expedientes y sanciones en su caso.

- Para recomendar cuotas de producción europea e independiente europea más exigentes para los canales y bases de imágenes del servicio público, confiándole a este un papel más activo en el desarrollo del programa MEDIA y Europa Creativa.

- Para extender el concepto de servicios audiovisuales a todo el universo VIP-OTT (Video IP Over The Top): incluyendo asimismo en la regulación general de “interés económico general” a los servicios audiovisuales on line o punto a punto, en igualdad de condiciones competitivas que los operadores off line, aunque se modulen sus obligaciones en función de sus respectivas características técnicas y económicas.

- Para desplazar progresivamente la política tradicional, centrada en las condiciones de difusión interna nacional, hacia una nueva estrategia regulatoria y de fomento, centrada en las condiciones de producción y de difusión externa, más adaptada al audiovisual digital.

- Para garantizar la neutralidad de la red, de forma que los productos de los proveedores de contenidos europeos no se vean discriminados negativamente en su camino por la Red hacia los usuarios.

- Para garantizar la neutralidad de los EPG (Electronic Program Guide), que resultan claves para sostener condiciones básicas de competencia y para permitir a los usuarios una diversidad mínima de opciones.

- Para fomentar la creación y coordinación de indexadores de contenidos europeos, nacionales y transnacionales, vitales en el futuro como mediadores de la abundancia de contenidos audiovisuales.

*Creación, en el seno de la Dirección General de Educación y Cultura y del Parlamento Europeo de sendas comisiones de reflexión sobre el estado de la concentración mediática, transnacional y multimedia en Europa, y de las reglas europeas que deberían prevenir esta grave amenaza sobre la libertad de expresión y el pluralismo europeos.

*Reflexión y debate sobre la necesidad de un IVA cero para las misiones del servicio público, y de un IVA cultural reducido aplicado a los servicios audiovisuales on line, rechazados hasta ahora por la Comisión, anulados incluso en los países que han tomado esta iniciativa como Francia o Luxemburgo, pero que parece vital para potenciar la competividad de las empresas europeas frente a los nuevos gigantes estadounidenses en la Red.

*Creación de mecanismos propios de la U.E. de vigilancia, expediente y sanción dirigidos a:

- Los países y difusores comerciales que incumplan las cuotas de programación e inversión europeas reglamentadas.

- Los Estados y entidades de servicio público que incumplan las cuotas de programación europea e independiente europea comprometidas legalmente por cada país.

- Los Estados que carezcan de autoridades reguladoras auténticamente independientes, o que desnaturalicen reglamentariamente su independencia y autoridad sobre el conjunto de los sistemas audiovisuales nacionales.

- Los Estados que no garanticen en sus mecanismos estructurales y en su funcionamiento cotidiano la independencia editorial, la autonomía de gestión y la financiación suficiente y sostenible del servicio público, tanto respecto a los Gobiernos como a los lobbies privados.

- Tanto en el nivel comercial como en el de servicio público, debe confiarse  esta tarea de control y sanción a organismos independientes y especializados supraestatales, condiciones que no cumple ahora la OSCE, encargada de múltiples responsabilidades internas y exteriores a Europa y escasamente operativa por tanto para la vigilancia de la libertad de expresión intraeuropea que le ha sido confiada.

*Reorientación de las políticas europeas positivas, de estímulo a la producción y difusión audiovisual y cultural, para otorgar un papel protagonista al Servicio Público Multimedia, especialmente en lo que respecta al subprograma MEDIA, y al Programa actual Europa Creativa, pero en general a todos los planes europeos de fomento de las Industrias Culturales y Creativas.

-Incluir en los concursos y ayudas a las asociaciones entre productoras independientes con los organismos de servicio público europeo, la condición de que las primeras conserven el 51 % de su propiedad intelectual.

*Integración de las RTV públicas y multimedia en los programas de cooperación exterior en comunicación y cultura, especialmente con las áreas prioritarias geopolíticas establecidas.

III.-Propuestas y Recomendaciones para el Servicio Público: Compromiso con la Ciudadanía

- El compromiso del servicio público con los ciudadanos debe fijarse en todos los países europeos, a medio plazo, en un Mandato Marco por nueve-diez años, negociado por el servicio Público con el Parlamento, plasmado en un instrumento legal.

- La concreción de los compromisos del servicio público a corto plazo debe concretarse en un Contrato-programa cada tres-cuatro años, negociado por el servicio Público con el Gobierno, aprobado en el Parlamento, con compromisos cuantificados por géneros y formatos, horarios y audiencias, de producción propia e independiente. Este acuerdo, plasmado en un instrumento legal, contendrá asimismo compromisos trienales de financiación del coste neto de las misiones del servicio público.

- La evaluación semestral de su cumplimiento, previo informe del servicio público verificado por el Consejo Audiovisual, debe ser aprobado periódicamente por el Parlamento.

- Reformas similares deben exigirse para las radiotelevisiones regionales o de nacionalidades con autonomía plena, y trasladarse a sus legislaciones territoriales, como condiciones mínimas obligatorias para legitimar su naturaleza de servicios públicos en Europa, y justificar la financiación de sus costes netos que solo a partir de ahí pueden evaluarse.

IV. Contenidos y servicios para la Era Digital

El servicio público debe estar presente en todos los géneros, formatos y contenidos de forma complementaria entre sus canales generalistas y temáticos. En definitiva, contenidos generales y específicos, que atiendan a necesidades generales de información, formación y entretenimiento de las mayorías, pero también a necesidades específicas de capas de población y que en general adopten una función promotora de los derechos, el desarrollo personal y colectivo

Este modelo es, no obstante, propio de un servicio público de la radio televisión donde los contenidos en línea son concebidos como un canal de distribución más. Hasta ahora, el servicio público no tenía más remedio que volcarse en programas destinados a públicos generales, intentando cubrir necesidades específicas a través de programas minoritarios cuando no marginales. Ahora puede también atender necesidades específicas y personalizar los contenidos, pero para ello requiere recursos específicos. Se propone, así, una redefinición estratégica de los contenidos del servicio público con las siguientes líneas de actuación:

- Participación y comunidad. La interactividad y la participación del público deben ser valores desarrollados transversalmente, tanto en la programación lineal como en las plataformas interactivas. Todos los contenidos deben estar pensados para crear comunidades. La participación en redes sociales y la incorporación de los contenidos creados por el público exige nuevas normas en Códigos Deontológicos y Libros de Estilo.

- Personalización. El tratamiento de datos recogidos en las plataformas interactivas debe aplicarse a una mejor determinación de las necesidades del público y a permitir la plena personalización de los contenidos. Ello requiere la creación de una cuenta de usuario, lo que sería una oportunidad para ofrecer la adhesión a la plataforma “Ciudadanos por el Servicio Público Multimedia”, que daría derecho a acceder a contenidos especiales, invitación a programas, debates etc., además de derecho a participar en la elección de organismos de participación-control social.

- El tratamiento de datos se realizará con respeto a los derechos de la personalidad y sin ninguna ulterior explotación comercial. Todos los contenidos y servicios deben ser personalizables y permitir al usuario su consumo en distintas plataformas en cualquier tiempo, lugar y dispositivo.

- Poner en línea y en valor los archivos históricos del servicio público, que constituyen en la mayoría de los países un tesoro acumulado de incalculable valor.

- Mantener en streaming todos los canales lineales y crear otros nuevos, según el modelo del canal de transmisiones en directo ya existente, empaquetando contenidos dirigidos a segmentos específicos de población, como jóvenes y tercera edad.

- Crear canales específicos para los operadores de IPTV de pago mediante acuerdo económico con los mismos, aunque siempre respetando el estreno de los contenidos en abierto y de acceso universal.

- El servicio público de radiotelevisión debe jugar un papel esencial en las redes digitales para mantener su peso social en el futuro; para trasponer al mundo en línea las funciones clásicas del servicio público y facilitar el acceso universal a contenidos digitales. Y por ello debe enunciar y desarrollar un auténtico Plan Estratégico para la Era Digital, como ocasión para una recreación del servicio público, para incrementar su cohesión regional y su articulación democrática”

- Pero además, y para adecuar el servicio público al nuevo entorno tecnológico y de usos sociales, el servicio público tiene que proyectarse más allá de los canales tradicionales de radio y televisión a todas las plataformas interactivas presentes y futuras. De este modo, su eficacia y rentabilidad no se medirá ya por las audiencias masivas que pueda congregar en un determinado momento, sino por el servicio que ofrezca a todos y cada uno de sus usuarios.

- Hay que desarrollar un mandato marco adaptado a las nuevas exigencias y necesidades sociales, con concreción puntual en el contrato programa, valorando y asignando financiación concreta a estos nuevos servicios interactivos. Estos nuevos servicios pueden financiarse parcialmente vía patrocinio, especialmente de empresas tecnológicas que pudieran colaborar en su desarrollo.

- Es preciso incorporar el concepto de participación activa de los ciudadanos en la formulación del Mandato Marco y el Plan Estratégico. La interactividad debe servir para crear una comunidad de espectadores y usuarios comprometidos con los valores del servicio público (“Ciudadanos por el Servicio Público Multimedia”), con influencia real y directa en la orientación de sus contenidos y servicios.

- Esta proyección de futuro del servicio público exige mantener un potente espacio de I+D+I, tanto en nuevos lenguajes y formatos como en nuevas herramientas interactivas que mantengan la relación con la ciudadanía.

- El servicio público multimedia, dado su carácter neutral, puede coordinar a empresas tecnológicas en proyectos de interés público con incidencia en la mejora de la vida de los ciudadanos.

- Las Corporaciones de servicio público deben promover sistemáticas consultas entre el público sobre cada nuevo servicio en línea por todos los medios y soportes posibles (reuniones, encuestas directas y en línea, chats...), destinados a evaluar la demanda de nuevos servicios y herramientas con objetivos sociales y dinámicas no comerciales, sus costes y rentabilidad social (valor añadido público diferencial).

- En un nuevo servicio público en red, las Corporaciones de servicio público deben interactuar con otros agentes representantes del interés público, como museos, bibliotecas, instituciones culturales, universidades y empresas de comunicación sin ánimo de lucro. El servicio público multimedia debería convertirse en el eje central de acceso de todos los ciudadanos al patrimonio cultural y al conocimiento colectivo de cada sociedad (museos, universidades y centros de I+D, archivos, y registros, festivales...),

-El servicio público intensificará asimismo la colaboración con pequeñas empresas independientes en surgimiento (start-ups) que tratan de crear contenidos de interés público.

V. Participación y transparencia

*Descentralización territorial productiva y de oferta. El Servicio Público debe estimular una profunda descentralización de la producción y la expresión audiovisual y cultural de las culturas, lenguas y creatividad de cada uno de sus territorios, reflejándolo en su oferta de programas y servicios on line y off line. Asimismo debe colaborar estrechamente con los medios comunitarios y locales sin afán de lucro, como vía espontánea de organización y expresión nacida de la sociedad civil.

*Producción propia e independiente. Es preciso volver a formular ese necesario “equilibrio permanente, planificado y controlado" entre los niveles de producción propia interna con su papel dinamizador de la industria audiovisual independiente.

- El servicio público debe mantener un alto nivel de producción interna como garantía de calidad y fiabilidad en sus misiones centrales de servicio público contempladas en los mandato-marco y los contratos programa, especialmente y de forma total en los programas informativos, pero también en los que tengan una finalidad cultural-educativa, así como un alto nivel de control interno en los contenidos destinados a minorías sociales.

- El Servicio Público además, debe constituirse permanentemente como motor de la industria audiovisual independiente nacional y europea (no vinculada accionarialmente a cadenas privadas), reservando para ella un 10-15 por 100 al menos de su programación de stock y de su inversión en programas (series, filmes, documentales, animación) y respetando rigurosamente el 51 por 100 al menos de obras europeas en la programación de estos géneros.

- En todo caso, la producción de los programas informativos, diarios y no diarios, así como de los contenidos considerados estratégicos y de servicio público en cada mandato-marco no podrán ser externalizados en ninguna circunstancia.

*Responsabilidad Social. Proponemos la elaboración de un conjunto sistemático de indicadores de rentabilidad social, de medición sistemática. Ese elenco de indicadores será aplicado y cuantificado periódicamente, cada seis meses, por el Consejo de Administración y controlado en su aplicación por el Consejo del Audiovisual, quien lo difundirá en los medios de comunicación.

Un apartado esencial de estos indicadores deberá medir periódicamente la independencia y pluralismo de los contenidos informativos, tanto en términos políticos como de pluralismo social (sectores sociales, minorías, igualdad de género, diásporas de inmigrantes, religiones...). Otro capítulo básico de este informe deberá estar dedicado a la medición de la diversidad cultural reflejada en las programaciones del servicio público, siguiendo las indicaciones y recomendaciones realizadas por la UNESCO en los últimos años: diversidad ofertada, pero también protagonizada en los contenidos; diversidad en el acceso y en el consumo lineal y no lineal. La publicidad institucional emitida especialmente en apoyo del Estado de bienestar, de los derechos ciudadanos, del apoyo a las minorías y por la igualdad, debe ser contabilizada en términos económicos como parte indiscutible de esa rentabilidad social.

*Transparencia. La transparencia debe ser una constante mantenida en todos los terrenos por el servicio público, sin la cual se rompen los lazos de confianza que lo unen con los ciudadanos. Y debe ejercerse no solo respecto a los organismos de control internos y externos del servicio público, sino también frente a los ciudadanos que constituyen sus auténticos propietarios.

Esta transparencia, pilar básico de la participación social, debe incluir:

• - Transparencia financiera sobre sus costes, fuentes y montos de financiación, sobre sus presupuestos y resultados.
• - Transparencia de sus sueldos y retribuciones internas, especialmente en lo que respecta al equipo directivo.
• - Transparencia reforzada en sus contrataciones y externalización de servicios, especialmente en lo que respecta a la producción ajena, externa e independiente, sin que quepa alegar situaciones de competencia para su ocultación. Esta transparencia debe ser fijada además en auditorías rigurosas y comparadas de costes/calidad entre la producción propia y la producción externa.

*Derecho de Acceso.

El derecho de acceso es un mandato ineludible, y debe ser ejercido “de manera global en el conjunto de la programación” y “de manera directa en espacios específicos de acceso” en horarios no marginales, con los medios técnicos y profesionales del servicio público. En ambos sentidos, el derecho de acceso se constituye como un eje esencial de la oferta del servicio público.

Pero además, las sociedades europeas viven un proceso de transformación que ha enraizado con un nuevo modo de entender la participación ciudadana en las instituciones, con revitalización de todo tipo de asociaciones y colectivos representativos de la sociedad civil que aportan sus valores y nuevos sistemas de interrelación a diferentes escalas. De forma que hoy el derecho de participación irradia a todas las esferas de la vida pública y debería convertirse en uno de los garantes de la calidad democrática. Por ello, el proceso de regeneración en los medios públicos pasa por recuperar la confianza del ciudadano, y dar la máxima participación directa a todas las entidades representativas de la sociedad civil.

Este acceso y participación, puede ejercerse:

- En los canales generalistas y temáticos y en los servicios interactivos.

- A escala estatal y territorial: mediante la inscripción previa en los correspondientes registros de entidades representativas en un organismo nuevo de participación (Consejo Social).

En lo que respecta al derecho de acceso global de los ciudadanos, se dispondrán mecanismos periódicos y permanentes de consulta a los espectadores y a sus asociaciones civiles: encuestas, audiencias por sectores asociativos, mails y chats...

En los servicios en línea e interactivos se realizarán además sistemáticamente tests de valor público añadido, consulta pública sobre su necesidad y demanda social, sus costes, sus resultados, su valor comparativo con la oferta privada.

- El Consejo Social debe ser el corazón de ese derecho de acceso democrático, dedicado a impulsar y controlar permanentemente el ejercicio de esta participación pública sistemática.

Se debería crear, dentro de cada entidad de servicio público, un Área de Participación, en la que se englobaría la Defensoría de la Audiencia, los programas de participación y un registro de “Ciudadanos por el Servicio Público”, con aquellos ciudadanos individuales que se den de alta para tener acceso foros, chats y otras plataformas de participación y a las que se dará acceso preferente a contenidos especiales, y a los que se consultará frecuentemente sobre el desarrollo del servicio público a través de encuestas, foros de debate, virtuales o presenciales.

*Cooperación cultural exterior.

El servicio público debe ser una herramienta capital en la cooperación cultural exterior de cada país y una plataforma esencial en la proyección de las culturas europeas, entre ellas y hacia el mundo entero. Debe ser además una plataforma esencial en el fomento de la coproducción cultural audiovisual internacional (programa por ejemplo MEDIA), especialmente en la relación de la U.E. y con sus áreas prioritarias de vecindad y, en general, con los países en desarrollo.

Plataformas europeas trasnacionales ya existentes como Euronews, o ARTE, pero sobre todo la UER como asociación de las radiotelevisiones públicas europeas, pueden y deben jugar un papel esencial en esta cooperación exterior.

VI. Propuestas y Recomendaciones: Buena Gobernanza

Puesto que no hay reglas únicas que garanticen absolutamente el éxito o fracaso del servicio público, este apartado puede servir sólo de recomendación para países en donde una cultura cívica arraigada ha permitido mantener las buenas prácticas sin necesidad de una reglamentación detallada. Sin embargo, las proponemos como obligadas en todos aquellos que han sufrido vaivenes continuos en las últimas décadas y una usurpación sistemática de la gestión por las cuotas militantes de los gobiernos y los partidos políticos, con peligro para su autonomía gerencial, sus misiones de servicio público, su independencia editorial y su propia racionalidad financiera. Especialmente en estos casos, proponemos que emanen de órganos de representación directa de la sociedad civil al menos la mitad de los miembros de los principales organismos de control del audiovisual público (Consejos Audiovisuales, Consejos de Administración del Servicio Público), aunque sean posteriormente refrendados en sede parlamentaria.

*Clave de bóveda: Los Consejos del Audiovisual.

- Es necesaria la existencia de un Consejo Audiovisual, competente en los servicios de comunicación audiovisual de ámbito estatal, lineales (medios audiovisuales) y no lineales, como clave de bóveda insustituible de los sistemas audiovisuales nacionales, con capacidad de regulación y sanción sobre el servicio público y sobre los agentes comerciales.

- Resulta admisible la creación de autoridades reguladoras mixtas (audiovisual con telecomunicaciones e Internet) en los países que así lo decidan, a condición de que la rama audiovisual tenga elementos básicos ligados a la defensa del pluralismo y no sólo de la competencia mercantil: auténtica independencia en la elección de sus miembros (elección reforzada por mayoría de dos tercios de los parlamentos, experiencia audiovisual de sus miembros acreditada en audiencias parlamentarias públicas (hearing), mandatos inamovibles y superiores a una legislatura, financiación autónoma, medios técnicos y profesionales de evaluación y control, capacidad de regulación y sanción en su caso...

-Entre sus competencias deberían figurar al menos:

• -La evaluación y control periódicos del cumplimiento de las misiones del servicio público y de su financiación.
• -La convocatoria y decisión vinculante de los concursos de concesión de las nuevas licencias comerciales, regidos por condiciones objetivas y transparentes, con severas limitaciones antimonopolio (especialmente respecto a los mayores grupos televisivos), y con prioridad para empresas europeas que asuman serios compromisos de producción y programación europea e independiente, y de pluralismo.

*Centro de la apertura: Consejos Sociales.

Los Consejos Sociales deberían constituir una pieza clave de la estructura del servicio público, como cauce de participación sistemática de la sociedad civil, y garante de la legitimidad y adecuación del servicio público a sus necesidades y demandas.

- Su base de partida serán todas las asociaciones representativas de la sociedad civil de cada país que demuestren la representatividad de su correspondiente colectivo y que se inscriban en el registro del Consejo Audiovisual: organizaciones sindicales y empresariales, organizaciones profesionales y corporativas, universidades, asociaciones de usuarios y consumidores, ONG´s ...

- Entre sus funciones estará controlar y regular el derecho de acceso general y específico en programas y en servicios en línea, y proponer al Parlamento la mitad al menos de los miembros del Consejo de Administración, con sus respectivos suplentes, de entre profesionales que acrediten al menos cinco años de experiencia en el campo audiovisual.

*Control independiente y externo a la gestión.

Siguiendo las mejores prácticas europeas e internacionales, el Consejo de Administración se debe constituir como un auténtico organismo de control del servicio público, de sus presupuestos y programaciones, de los nombramientos de sus directivos y de la totalidad de la gestión,

Todos sus componentes, cualesquiera sea la procedencia de su propuesta, serán refrendados en el Parlamento por mayoría reforzada de dos tercios, tras una audiencia pública (a semejanza de los hearing). Todos tendrán dedicación exclusiva y estarán sometidos a estrictas incompatibilidades profesionales políticas y empresariales. Estas exigencias de elección no serán alteradas ni minimizadas en ninguna ocasión, cualesquiera sean las circunstancias parlamentarias.

*Gestión profesionalizada.

La Dirección General, como máxima figura de gestión del servicio público, debería ser elegida por el Consejo de Administración tras un concurso público, en base a un currículum demostrado con experiencia de al menos diez años en el campo audiovisual, y tras la presentación de un proyecto estratégico para el servicio público. Su puesto debería ser inamovible, salvo causas legales previstas, por un período superior al de una legislatura, y su función sería dirigir la gestión del servicio público, con control estricto del Consejo de Administración, de la que responderá ante el en presupuestos, programación y nombramientos principales, y ante el Consejo Social en materia de derecho de acceso y participación del público.

*Estatutos y Consejos Informativos.

Es preciso recuperar la idea central del Consejo de Informativos como instrumento esencial de la independencia informativa del servicio público, de su pluralismo político y social, y de su defensa respecto a toda presión externa, gubernamental o privada. Los Consejos de Informativos deben negociar con la dirección del servicio público un Estatuto de la Información del Servicio Público, refrendar de forma vinculante a los principales puestos de dirección en este plano, vigilar el cumplimiento de los códigos éticos de sus profesionales, y tener la capacidad de denunciar públicamente los incumplimientos de estas regulaciones.

*Carrera profesional objetivada.

La carrera profesional interna se plasmará en un Estatuto de la Carrera Profesional del servicio público, pactado por el consejo de Administración con los sindicatos representativos. Los Consejos de informativos participarán en esta negociación con el fin de que el desarrollo de la carrera garantice la independencia profesional y el pluralismo interno. Dicho Estatuto deberá atender a criterios exclusivos de mérito y capacidad, contemplar una clasificación profesional clara aunque basada en la polivalencia y la multifuncionalidad, planificar un plan de formación interna permanente e incluir una remuneración proporcional y transparente.

VII. Propuestas y recomendaciones: Financiación del Servicio Público

La financiación del servicio público debe ser suficiente, sostenible y transparente para mantener el servicio público y sus misiones y para afianzar su legitimidad ante la sociedad española. Como en el modelo aplicado en toda Europa, esa financiación puede ser mixta (proceder de diferentes fuentes) siempre que el dinero público sea mayoritario y garantice la supervivencia y la competitividad del servicio público para mantener su peso social.

De acuerdo con la doctrina europea, esta financiación no debe exceder el coste neto de las misiones de servicio público especificadas y cuantificadas en cada contrato-programa. Además:

*La financiación pública debe ser plurianual para permitir la planificación estratégica del servicio público, y estará establecida en los contratos programa, con compromisos fehacientes del Estado.

*La tasa sobre el espectro radioeléctrico.

Las tasas abonadas por el uso del espectro radioeléctrico en la mayor parte de los países, suponen una compensación por el disfrute de un bien que corresponde inalienablemente al conjunto de la sociedad. En consecuencia, deberían adjudicarse en su integridad en cada ejercicio al pago de los costes del servicio público, respetando las escalas territoriales de su origen (a escala estatal, y regional o local), y minorando por esa vía las subvenciones directas del Estado, pero canalizadas a través de sus Presupuestos Generales. La migración de frecuencias de la TDT para su uso en la telefonía móvil 3G y 4G han generado además en muchos países recursos nuevos y multimillonarios para los estados, una parte de los cuales deberían en buena lógicas dedicarse a la transición digital del servicio público y a colmar la brecha digital en la sociedad.

*Una nueva forma visualizar y concienciar la financiación.

Ante la crisis del canon histórico para el servicio público, aconsejamos fórmulas innovadoras pero viables, que eliminen sus señas negativas (especialmente la regresividad fiscal, sus costes y evasiones) y mantengan en cambio su carácter de impuesto finalista que conciencia a los ciudadanos de la trascendencia del servicio público. Una posibilidad en este sentido sería que la financiación del servicio público, o del déficit en sus presupuestos, venga cargado exclusivamente sobre los ingresos del IRPF o declaración directa de la renta de las personas físicas existente en todos los países: una vez calculado en sus costes netos a partir de los contratos programa, se podría hacer figurar en el borrador de cada declaración una casilla que reflejara el coste para cada contribuyente, nulo por tanto para los ciudadanos exentos, y proporcional a sus ingresos para todos los demás. Esa solución no es meramente técnica o formal puesto que permitiría que los ciudadanos fueran conscientes de la importancia democrática del servicio público y de su mantenimiento y financiación, y al mismo tiempo supieran de su justicia fiscal en términos de nivel de ingresos de cada contribuyente.

*La publicidad y el patrocinio.

Complementariamente, y para mantener su necesaria competitividad de oferta frente a las cadenas comerciales, el servicio público podría acudir a la captación de ingresos publicitarios, cuyos ingresos se detraerían del coste neto de la programación de servicio público. A condición de que los límites de las inserciones de la publicidad fueran muy inferiores a los fijados en la normativa europea general, que fueran compatibles y coherentes –en contenidos, formatos y tiempos- con las misiones de servicio público, e identificaran y separaran sistemáticamente los contenidos no comerciales de los comerciales. Especialmente, serían asumibles en este caso las fórmulas de patrocinio cultural o de interés social, perfectamente compatibles con las misiones de servicio público.

*Las tasas privadas a cambio de publicidad.

Las tasas impuestas en algunos países europeos (Francia y España) en compensación por la eliminación parcial o total de la publicidad del servicio público, en la medida en que han resultado extremadamente vulnerables a la crisis (haciendo paradójicamente depender al servicio público del éxito privado) y absolutamente imprevisibles, deberían ser apartadas como fuente sistemática del presupuesto de gastos del servicio público. En tanto se opte por mantener las fuertes restricciones o prohibición de la publicidad comercial en el servicio público que justificaron su promulgación, podrían ir destinadas a un fondo de capital del servicio público, destinado fundamentalmente a inversiones en la transición digital.

*Los ingresos por comercialización de productos y servicios.

La riqueza de los archivos, programas y derechos acumulados por el servicio público en casi todos los países europeos, y la potencialidad de sus acciones en los últimos años, hace fácil prever que los ingresos por la comercialización y exportación de sus derechos, productos y servicios derivados pueden deben crecer de forma importante en los próximos años, a poco que desarrollen en este sentido un plan estratégico para su explotación tanto en la televisión off line como on line.