El preámbulo de la ley -que entró en vigor el pasado 31 de diciembre, tras ser aprobada solo con los votos del PP y Ciudadanos-, está efectivamente lleno de buenos propósitos, aunque cae en malentendendidos peligrosos, como la confusión entre "despolitización" y utilización partidista del servicio público. Pero la dura historia de RTVM, una de las más nefastas del contexto europeo junto a su hermana Canal Nou, exige pruebas contundentes de estas promesas. Porque desde 2003, año de la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid, y tras el paso de cuatro directores generales, esta entidad ha acumulado todas las malas prácticas que pueden encontrarse en una radiotelevisión pública, hasta culminar en el ERE masivo de 2012, y la práctica total externalización de sus funciones en contratos opacos. En correspondencia, los ciudadanos madrileños la penalizaron con una de las peores audiencias de los terceros canales (un 4,2 % de share en 2014, casi la mitad de la media de las televisiones autonómicas).
Ahora, la nueva ley se limita a calcar los elementos fundamentales de la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010, como el mandato marco (denominado "carta básica") o los contratos programa para determinar los contenidos y la mayoría reforzada de dos tercios de la asamblea de Madrid para elegir al Consejo de Administración y al director general (este sin embargo seleccionado por convocatoria pública). También copia sin cambios apreciables respecto a la reforma de RTVE de 2006 un Consejo asesor que ya ha demostrado ampliamente en ese caso su perfecta inutilidad para vehicular la participación ciudadana. Y solo blinda para la producción propia a los informativos (art. 33), lo que deja las puertas abiertas a continuar la privatización anterior.
La ley podría estar hecha hace diez años, al no contemplar sino de forma marginal a las nuevas redes y a la necesidad actual de construir un servicio público multiplataforma. Ninguna novedad tampoco en el ámbito financiero, en el que se proclama la financiación mixta, sin garantizar la primacía del dinero público.
Pero el nuevo diseño añade fórmulas imaginativas de muy dudoso resultado. Por ejemplo, un "Consejo de Redacción" compuesto por cinco miembros que, frente a la tradición de elección por los propios informadores para defenderles de toda manipulación externa, será elegido "de forma aleatoria" por el Consejo de Administración y rotado cada seis meses (art. 27).
Y de los nueve miembros de este último Consejo, encargado de controlar la gestión del servicio público, una mayoría de cinco serán propuestos por "las organizaciones profesionales y sociales de la comunicación" (art. 13), que decida...la Asamblea de la Comunidad. Denominación amplia en la que cabrían desde las asociaciones de la prensa, que se han caracterizado en las últimas décadas por las presiones y el entrismo de las grandes empresas informativas, hasta las patronales privadas (como la UTECA, la AEDE o la AERC) que de esta forma tendrían participación en la información y el control de su competidor, el servicio público. Ciertamente, la asamblea podrá rechazar a sus candidatos y exigir nuevas propuestas, pero en ese caso algunos grupos parlamentarios correrían el riesgo de enfrentarse directamente a las organizaciones de periodistas y de medios comerciales.
En cambio, la auténtica sociedad civil madrileña tendrá que conformarse con una mediada participación a través del Consejo Asesor, y de una también atípica "Oficina de participación del espectador y del radioyente" (en lugar del ombudsman o defensor tradicional del espectador), de funcionamiento desconocido en los anales del medio (art. 28).
En fin, algún artículo remite competencias a la "autoridad audiovisual" de la Comunidad de Madrid, pero este órgano, existente hace años con carácter meramente consultivo y de inutilidad manifiesta, fue eliminado asimismo por el Gobierno de Aguirre alegando la necesidad de ahorrar...
Tras la larga y penosa historia de RTV Madrid, después de varios meses de trabajo de comisiones e informes, de negociaciones y consensos rotos entre los partidos representados en el parlamento madrileño, podría decirse que la promesa de regeneración democrática en esta plataforma vital de la democracia de la región de Madrid, tendrá que seguir esperando.
O, dicho de otro modo, que la montaña parió a un ratón.
