ÁNGEL GARCÍA CASTILLEJO/RAFAEL DÍAZ ARIAS
O como dice el dicho popular “que cada palo aguante su vela”. En este periodo convulso y de desasosiego social, cualquier ciudadano que se sienta demócrata y que sea mínimamente exigente y crítico en el respeto a sus derechos, habrá podido conocer e incluso leer con sorpresa un documento elaborado por Letrados de las Cortes Generales destinados en el Senado titulado “nota sobre la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE” la radio y la televisión de todas y todos, y que se encuentra sumida en una profunda crisis, por entre otros muchos motivos, por el abandono y desatención a la que las Cortes la están sometiendo.
Dos años de provisionalidad en la dirección y gestión de la Corporación, reducción presupuestaria con presupuestos prorrogados desde el período Montoro. Carencias financieras para acceder a contenidos de servicio público atractivos para los telespectadores y la pérdida de audiencias que no se ven reconocidas en el prestador del servicio público radiotelevisivo a diferencia de aquellos años de 2005 a 2011 en que llegó a ser líder de audiencias televisivas y en credibilidad informativa, a pesar del golpe de la crisis financiera global y del paso de las emisiones en analógico a la TDT.
El informe de los letrados de las Cortes Generales causa desconcierto y hace temer que el asesoramiento que ofrecen los servicios jurídicos de las Cámaras a los diputados y senadores, a la representación de la soberanía popular, sea coherente con sus propios consejos y advertencias con las cuales ha venido orientando los procesos de toma de decisiones de los parlamentarios o, como es el caso, de los miembros del Comité de expertos para la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE.
Nos encontramos obligados, a preguntarnos, y haciendo un muy breve relato sobre, cómo es posible que se haya llegado a redactar una nota en la que los Letrados afirman que el baremo aprobado por el Comité de expertos para la evaluación de los candidatos al Consejo de Administración de RTVE “…, fija una limitación de la idoneidad de los candidatos no prevista en la anterior regulación y que excede el mandato recibido…”. Cómo es posible que no se advirtiera esta eventualidad en su momento por los Letrados. Antes no se vio esta presunta anomalía y ahora si. Esperemos que estas diferentes apreciaciones no supongan descrédito y demérito de instituciones tan altas como las propias Cortes Generales. En todo caso no se lo merecen las Cortes y en lo que afecta a la CRTVE y el servicio público de radio y televisión, tampoco.
