AIUC considera que sólo un organismo independiente del Gobierno con competencias de vigilancia, control y sanción sería capaz de asegurar el cumplimiento eficaz de la citada normativa audiovisual, tal y como ocurre en los países de nuestro entorno.
La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, dedica su Título V al Consejo Estatal de Medios Audiovisual estableciendo su régimen jurídico y presupuestario, su composición (reducida a siete miembros por la Ley de Economía Sostenible), sus objetivos y sus funciones. Asimismo, contempla la creación de un Comité Consultivo entendido como un órgano de participación ciudadana y compuesto por representantes de organizaciones sociales y profesionales.