Entre los aspirantes considerados ‘idóneos’ hay expertos de todas las ideologías pero que tienen en común una acreditada experiencia comunicativa y radiotelevisiva (BOE de 18-12-2018). Frente a la empecinada tradición española en RTVE (durante 38 años en democracia) de elegir a los consejeros y al director general de entre los militantes más fieles de los partidos en el Gobierno y en la oposición, generalmente coincidentes con los que menos sabían de ese campo, la mediación de un Comité de Expertos independiente implica el respeto a la indiscutible soberanía parlamentaria, pero sobre la base de elegir a partir de una previa evaluación y selección de los mejores para esa función por méritos y capacidad.
Un principio que solo se había ido admitiendo, a regañadientes, en los museos, y que sigue resultando ajeno a los típicos nombramientos gubernamentales a dedo en las grandes empresas públicas. Hubiera sido preferible ciertamente que, como manda la doctrina europea y practica desde hace unos años la BBC, se hubiera separado tajantemente el concurso y valoración de los candidatos a presidente o director general (lo que exigiría un proyecto de futuro sólido) de la calificación y elección de los órganos de control (Consejo de Administración). Pero la difícil aprobación por consenso general de la Ley 5/2017 de 29 de septiembre para revertir la regresión histórica ocasionada por el Gobierno del Partido Popular desde 2012, arrastró consigo esas paradojas. Además, esta evaluación externa de los futuros consejeros y de entre ellos, del presidente de la Corporación, no debería ser contradictoria con las reivindicaciones de gobernanza participativa de la sociedad civil que, como en el caso ejemplar de Alemania (Tribunal Constitucional en 2014), deben dejar a las asociaciones civiles no lucrativas la propuesta y nombramiento de la mayoría de los organismos de control.
En el turbulento panorama político español actual es difícil hacer predicciones. Pero al menos hay que exigir que los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo pronto sobre el nombramiento plural del Consejo de Administración de RTVE y la elección de su presidente. Por encima de cualquier nueva tentación autoritaria de volver a controlar y manipular el servicio público, debería estar el clamor de la sociedad española para conseguir una auténtica independencia estable de RTVE (y de las radiotelevisiones autonómicas después), al margen de toda coyuntura electoral próxima. Naturalmente, y como señalan los manuales de la UNESCO de ‘buenas prácticas’, esta condición restablecería el prestigio perdido del servicio público, pero no garantiza por sí sola su regeneración y consolidación como resorte democrático fundamental de nuestra democracia. Tendría que ir acompañado en breve plazo de toda una serie de medidas elementales, y de una reconversión total a un servicio multimedia y multiplataforma y respaldado por un nuevo pacto social por la necesidad imperiosa del servicio público para la sociedad española y su democracia. Como signo positivo provisional, aunque claramente insuficiente, está la subida de la asignación destinada a RTVE en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2019 (un 9, 5 % sobre 2018) hasta los 376 millones de euros, después de los recortes brutales que sufrió desde 2012. Se trata solo de un principio de recuperación pero que podría comenzar a apuntalar el papel cultural del servicio público aunadamente con el gasto público cultural que, en el proyecto inicial, sube también casi en la misma proporción (un 9,7 %).
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