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El PP y Vox unieron ayer sus votos en la Asamblea de Madrid para ratificar como administrador provisional de Telemadrid al polémico José Antonio Sánchez, votante confeso del PP que figura en los papeles de Bárcenas. El acuerdo consolidó tanto la mayoría parlamentaria con la que Isabel Díaz Ayuso espera sacar adelante los Presupuestos de 2021 (están vigentes los prorrogados de 2019) como su dependencia de la extrema derecha. A cambio de su apoyo a Sánchez, que garantiza que el PP y Vox controlen la televisión y la radio públicas, el partido de extrema derecha logró que la financiación de la compañía se reduzca en un 10% a partir de 2022.
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El PP ha aprovechado el verano para tomar las riendas de Telemadrid y controlar todos sus resortes. El mes y medio que ha transcurrido desde que Isabel Díaz Ayuso nombró al polémico José Antonio Sánchez como administrador provisional del ente ha servido para eliminar cualquier vestigio de la dirección anterior, que recuperó la audiencia y el prestigio de la cadena tras ser elegida por la asamblea. El cambio es drástico. Un viaje al pasado. Fruto del entendimiento del PP con Vox, en la Telemadrid de Díaz Ayuso vuelven a mandar quienes construyeron la TVE de Mariano Rajoy entre denuncias de manipulación, y los cargos de responsabilidad periodística están siendo ocupados por profesionales de perfil conservador.
Artículo completo: https://elpais.com/espana/madrid/2021-09-01/de-tele-espe-a-tele-ayuso.html |
El administrador provisional de Telemadrid, José Antonio Sánchez, ha cesado este viernes al equipo de dirección de la televisión y la radio pública regional, entre ellos el director general de Onda Madrid, Ángel Rubio, o el director de informativos de Telemadrid, Jon Ariztimuño.
No obstante, el hasta ahora director general de Telemadrid, José Pablo López, ya fue cesado este pasado miércoles por la tarde, tras el Consejo de Gobierno en el que se nombró a Sánchez administrador provisional.
Junto a Rubio y a Ariztimuño han sido cesados hoy el adjunto al director de informativos, Jaime García Treceño; el director general de Contenidos, Paco Díaz Ujados; el director de la web, Juan Varela; el director de Nuevos formatos, Juan Adrián; el director de Comunicación y Márketing, Daniel Forcada.
El Gobierno de Ayuso nombró este pasado miércoles a José Antonio Sánchez como administrador provisional de la televisión pública regional una semana después de que el pleno de la Asamblea aprobase la modificación de la ley que regula Telemadrid, impulsada por el PP y que salió adelante gracias a la abstención de Vox.
El pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves 8 de julio la reforma de la ley que regula Telemadrid, con el apoyo único del PP y la abstención de Vox, que incluye, entre otros aspectos, el cambio en el mandato de la dirección de la radiotelevisión pública.
La proposición de ley presentada por el PP se tramitará por el procedimiento de lectura única, una vía de urgencia para acortar los plazos de tramitación, eliminar el debate previo en comisión y la posibilidad de presentar enmiendas por parte de los grupos parlamentarios.
Los grupos de la izquierda y Vox han acusado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de querer hacerse con "el control" de Telemadrid con la reforma, mientras que el PP asegura que la intención es garantizar su "pluralidad e independencia" tras los "abusos" por parte de la dirección de la cadena pública.
El debate parlamentario se ha producido en medio de la controversia entre el canal y el Gobierno regional por el fallo de seguridad ocurrido en los portales web de la Consejería de Sanidad, que expuso durante varias horas datos personales de ciudadanos, como el número de teléfono o dónde se han vacunado contra la covid.
"No queremos cerrar Telemadrid, queremos reforzarla y acabar con el abuso y las disfuncionalidades", ha expresado la diputada del PP Almudena Negro, que apuntado que esta reforma corregirá la "rigidez de los sistemas de elección" de los órganos directivos.
Con su propuesta, el PP plantea que el mandato del director general sea de cuatro años, renovables, frente a los seis años previstos en la ley de 2015, lo que conllevaría la salida de la actual dirección, que inició su mandato en 2017.
Además, la iniciativa incluye una disposición transitoria que provocaría su cese inmediato en el momento de la entrada en vigor de la ley, una vez sea publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, algo que se producirá en los próximos días.
El Consejo de Gobierno deberá nombrar a un administrador provisional con las mismas funciones y competencias, según contempla la reforma, y deberá ser sometido a ratificación por parte de la Cámara regional, algo que no se producirá hasta después del verano, dado que solo queda un pleno antes del parón.
Para ello, se requerirá la obtención de una mayoría de dos tercios en primera votación en el pleno de la Asamblea y de mayoría absoluta en segunda votación, que PP y Vox suman.
Además, plantean que la totalidad de los miembros del consejo de administración de Telemadrid sean elegidos por la Asamblea de entre los propuestos por los grupos, en lugar de que sean las organizaciones profesionales las que designen a parte de sus integrantes, como contempla la ley de 2015.
Vox ha acusado al Gobierno de Ayuso de querer "controlar" la radiotelevisión autonómica y de "aspirar a poner a su servicio chiringuitos que cuelgan de la administración" como hace la izquierda, ha señalado el diputado José Luis Ruiz Batolomé, que ha insistido en el cierre de la cadena.
"Su único afán aquí es la intervención política y utilizar este organismo autonómico como un altavoz de propaganda, de pura y dura toma de control", ha declarado el diputado.
Según Vox, el presupuesto de Telemadrid permitiría "construir un Zendal sin sobrecostes o ejecutar 7 colegios públicos", por lo que si el PP quiere contar con su apoyo tendrán que demostrar que quieren "reducir el gasto, dar transparencia, limpieza y neutralidad".
Por su parte, el diputado de Más Madrid Hugo Martínez ha asegurado que la reforma es la "primera cacicada" que ejerce el PP tras "quitarse de encima" a Ciudadanos.
Respecto a la lectura única, Martínez ha afirmado que a Ayuso le "sobran las instituciones" porque son una "derecha autoritaria y caciquil" que alienta a "la libertad" pero ofrece "propaganda".
La diputada del PSOE Isabel Aymerich ha dicho que la "celeridad" del PP responde a "la nueva configuración de la Cámara" para ejercer "un mayor control" sobre la cadena, pero que intentan "camuflar" con una "mayor autonomía".
"Es un 'quítate tú para ponerme yo'", ha indicado la parlamentaria socialista, que ha remarcado que la figura del administrador provisional "emana del Consejo de Gobierno" y dudan de su "provisionalidad".
La portavoz de Unidas Podemos, Vanesa Lillo, ha afirmado que la intención de Ayuso es que la cadena pública "vuelva a ser la Telemadrid oscura de (Esperanza) Aguirre, cuando llamaban al presidente a decir manipularan las informaciones".
Lillo ha criticado que quieran acabar con el nuevo modelo de la radiotelevisión autonómica como "castigo" a su dirección, pese a que sus cuentas "están saneadas" y ha subido su audiencia.
La Asamblea de Madrid cambiará la forma de elección del director general de Telemadrid, la televisión autonómica de Madrid. El nuevo método para designar este puesto será a través de un grupo de personas designadas de partidos políticos, no de organizaciones profesionales como hasta ahora.
La reforma legal, presentada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que será aprobada presumiblemente este jueves 8 de julio (con los votos del Partido Popular en la Asamblea y la abstención del grupo parlamentario Vox), permitirá reformar la ley actual: se cambiará la composición de los miembros del Consejo de Administración de la televisión Pública de la Comunidad de Madrid.
En la actualidad, este Consejo de Administración de Telemadrid está presidido por Celia Ferrero, un cargo que fue propuesto por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). María Eugenia Lozano y Alfonso Cavallé son subdirectores (en rotación), ambos periodistas con una larga trayectoria profesional.
Estos cargos, como el del director general de Telemadrid, tienen una duración de seis años.
Desde el momento en el que sea aprobada esta reforma, el mandato del director general se verá asimismo reducido de seis a cuatro años, por lo que el titular actual, José Pablo López (nombrado en febrero de 2017), cesaría en el cargo nada más entrar en vigor la reforma.
En la actualidad, los cargos de dirección y del Consejo de administración duran seis años. Pasarán a durar cuatro
La modificación también prevé que si no hay acuerdo de dos tercios de la Asamblea para nombrar a un nuevo director general, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso podrá nombrar a un administrador provisional para el que se requiere únicamente la mayoría absoluta.
En este caso, ya hay un precedente similar: es el caso de RTVE, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez la nombró administradora única provisional de RTVE (en 2018), mediante un decreto ley. Sin embargo, este decreto ley ha sido declarado contrario a la Constitución por el Tribunal Constitucional.
Isabel Díaz Ayuso está a punto de culminar su ofensiva por el control de Telemadrid. Este próximo jueves la Asamblea de Madrid debatirá y aprobará por vía de urgencia la primera ley de la legislatura recién iniciada y no será otra que reformar la norma que regula la televisión y la radio públicas de la Comunidad de Madrid. La propuesta, impulsada por el PP, saldrá adelante gracias a la abstención de Vox y contará con el rechazo del bloque de la izquierda, conformado por Más Madrid, PSOE y Podemos.
La reforma supone una clara involución respecto a la actual ley, en vigor desde 2015. Por casualidades de la vida, la encargada de defender la ley de 2015 en nombre del PP fue la propia Isabel Díaz Ayuso. La que por entonces no pasaba de ser una diputada rasa en las filas del PP defendió con vehemencia la reforma de Telemadrid y la consideró entonces un referente para otros medios públicos en España al suponer "el fin del partidismo". Es más, ante los recelos de la izquierda, que no terminaba de creerse que el PP estuviera dispuesto a renunciar al control de televisión pública madrileña después de haber estado en las garras de Esperanza Aguirre, Ayuso dijo: "Les da miedo porque no lo pueden controlar, pero tienen que estar tranquilos porque nosotros tampoco".
Palabras que apenas seis años después se lleva el viento. Con la reforma que ahora impone el PP, el mandato del director general será de cuatro años, renovables, contados desde su nombramiento, frente a los seis años previstos en la ley de 2015. Tal como recordaba a Público hace unas semana Luis Lombardo, presidente del comité de empresa de Telemadrid, "el mandato de seis años se estableció para desvincularlo de los ciclos electorales". Los trabajadores de Telemadrid llevan ya tiempo denunciando la injerencia por parte del Ejecutivo que encabeza Ayuso.
AUC considera que la pretendida reforma es más bien una contarreforma, y se traduce en “tres proposiciones con freno y marcha atrás”, que llevarán a la radiotelevisión madrileña, de aprobarse, a una situación de mayor dependencia política y gubernamental, y, sobre todo, al cierre abrupto de una experiencia pionera de participación de la sociedad civil en los medios públicos.
Este último aspecto es para la Asociación de Usuarios de la Comunicación especialmente decepcionante, ya que el modelo adoptado para selección de los miembros del Consejo de Administración en la Ley de Radio Televisión Madrid aprobada en 2015 es un ejemplo pionero, a seguir por otros medios públicos en favor de una mayor independencia, pluralismo, neutralidad y objetividad.
La contrarreforma que el Grupo Popular de la Asamblea de Madrid pretende aprobar mañana en trámite de lectura única no propone ninguna medida para la mejora de la eficiencia de RTVM ni para una mayor garantía del cumplimiento de su misión de servicio público. Básicamente, se basa en cuatro proposiciones de naturaleza regresiva:
Eliminación de la participación social y profesional en el Consejo de Administración
En su modelo actual, y así ha sido desde la entrada en vigor de la norma reguladora de la radiotelevisión autonómica vigente, los miembros del Consejo de Administración de RTVM son elegidos por la Asamblea de Madrid a partir de una propuesta de carácter mixto por parte de los grupos parlamentarios y de las organizaciones profesionales y sociales representativas del sector de la comunicación en la Comunidad de Madrid (apartados 1 y 2 del artículo 14 de esta Ley).
Este modelo de propuesta y designación coloca a Madrid en el grupo de comunidades autónomas que cuentan con participación social en el Consejo de Administración de sus respectivas radiotelevisiones públicas, como es el caso del País Vasco, de Aragón o de la Comunidad Valenciana. Pero es la única en la que, además, la participación social y profesional, con 5 miembros, supera a la de propuesta parlamentaria (4 miembros), en cumplimiento del artículo 3 del artículo 13 de la Ley de RTVM.
Lo que se pretende ahora, sin embargo, es modificar o derogar estos artículos con el fin de reservar a los grupos parlamentarios en exclusiva la propuesta de candidatos para la elección de los miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid, minusvalorando la gran labor realizada en estos años por el Consejo fruto precisamente de la diversidad de sus miembros.
Ello significa, a pesar de los pseudoargumentos utilizados para justificar el cambio, y teniendo en cuenta la dinámica de las mayorías parlamentarias, un paso atrás en la independencia de RTVM en favor de una mayor gubernamentalización de la radiotelevisión pública. A las organizaciones de la sociedad civil, que tanto han colaborado en la conformación de la nueva Radio Televisión Madrid, se pretende arrinconarlas en el Consejo Asesor, órgano cuya existencia AUC ha defendido siempre, pero que no deja de ser una instancia puramente consultiva, sin ninguna capacidad de decisión, y que se reúne cuatro veces al año.
Reducción de las competencias del Consejo de Administración
El nuevo Consejo de Administración pretendido, más dependiente de los grupos parlamentarios, y, como decíamos, más gubernamentalizado, pierde además atribuciones: aunque se mantiene su capacidad para proponer a la Asamblea candidato o candidata a la Dirección General, se elimina de sus competencias y funciones el nombramiento y cese del personal directivo, lo que de nuevo contribuye a debilitar la figura del Consejo de Administración.
Mayor dependencia del Director General
Uno de los elementos claves de la independencia de RTVM ha sido la consolidación de la figura de un Director General propuesto por el Consejo de Administración y ligado al mismo en su horizonte de gestión. Se pretende ahora reducir su mandato de seis a cuatro años, eliminar la posibilidad de que pueda mantenerse en funciones si no hay acuerdo amplio para su relección, y, para tal caso, se introduce la figura de un administrador único con sus mismas competencias que, en línea con otras contrarreformas como la operada en RTVE en 2012, puede ser elegido por mayoría simple en segunda votación.
Más allá de la lectura ad hominem que pueda hacerse de estas medidas, cierran el círculo de una RTVM menos independiente, más mediatizada por las mayorías parlamentarias y por el gobierno de turno, y menos abierta a la sociedad. Un paso en la dirección contraria de la que deben seguir los medios públicos para justificar su existencia en un escenario audiovisual caracterizado por la digitalización y la convergencia, como garantía de pluralismo, neutralidad y cohesión con su entorno social.
La ofensiva de Isabel Díaz Ayuso contra Telemadrid ha dado un paso más. Tras obtener una amplia mayoría en las urnas el pasado 4 de mayo, la presidenta ha dado un paso hacia un cambio de modelo de la radiotelevisión pública. El Grupo Popular en la Cámara ha registrado un proyecto de ley para la reforma de la norma aprobada en 2015 por Cristina Cifuentes. 'De facto', supone tumbar el sistema de elección del Consejo de Administración de la corporación y del propio director general, José Pablo López.
El documento recoge que la dirección dejaría de tener un mandato de seis años, una medida que se entendía en su momento como una fórmula para garantizar su independencia al ser ajena a los ciclos electorales de cuatro años. Además, incluye la creación de una nueva figura, un administrador provisional, que sería nombrado con mayoría absoluta (PP y Vox la tienen más que garantizada) y que comandaría el ente mientras se escoja un sustituto del máximo responsable. La limitación del mandato a cuatro años y no renovables se aplicaría, según el texto a quien ahora ejerce la función. En la práctica, significaría el adiós de López en cuanto la norma entre en vigor, ya que cumplió ese plazo el pasado enero.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su reunión ordinaria de este miércoles 26, ha autorizado la firma del Contrato-Programa para el periodo 2021-2023 de Radio Televisión Madrid (RTVM), que será ratificado por el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, y el director general de RTVM, José Pablo López. El Contrato-Programa fija y desarrolla los principales objetivos establecidos en la Carta Básica de Radio Televisión Madrid relativos a la prestación del servicio público de comunicación audiovisual en la Comunidad de Madrid y refuerza el compromiso con la información de proximidad de la Comunidad de Madrid y sus 179 municipios de Telemadrid, Onda Madrid, La Otra y Telemadrid.es.
La vigencia de este Contrato-Programa se retrotrae, de mutuo acuerdo, al 1 de enero de 2021 y en él se fija la aportación pública de la Comunidad de Madrid a RTVM en 74.804.616 euros en 2021 para financiar la ejecución del servicio público que presta por ley Radio Televisión Madrid y todas las actividades y los compromisos que integran esta prestación.
Esta aportación pública será susceptible de actualización en los ejercicios 2022 y 2023 de acuerdo con la mayor de las siguientes cantidades: crecimiento del presupuesto no financiero en términos del Sistema Europeo de Cuentas del conjunto de la Comunidad de Madrid e incremento de las retribuciones de los empleados públicos de acuerdo con la normativa básica estatal.
[La Vanguardia]
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha rehusado participar en la convocatoria pública convocada por la Mesa de la Asamblea de Madrid para formar parte del consejo de administración de Telemadrid, al estar en contra de este proceso de elección.
Así lo ha señalado en declaraciones a Efe la presidenta de la APM, Victoria Prego, que ha explicado que no han decidido presentarse por "una cuestión de procedimiento".
"Lo que plantea (la Asamblea) es que hagamos una solicitud para que se nos acepte, y consideramos que la APM no tiene que solicitar nada", ha comentado.
El plazo finaliza este martes a las 20.00 horas y, hasta el momento, sólo ha habido cuatro asociaciones interesadas en formar parte del consejo de administración de Telemadrid.
Se trata de la Asociación de usuarios de la comunicación; la Asociación de profesionales de radio y televisión de Madrid; la Asociación madrileña de la prensa deportiva y la Agrupación de telespectadores y radioyentes-Usuarios de medios de Madrid, según han confirmado a Efe fuentes parlamentarias.
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