¿Cómo es posible que la sociedad no haya sido capaz de detectar que la familia de Jordi Pujol, símbolo de honradez política, amasase una fortuna de1.800 millones de euros según el Ministerio del Interior? ¿Cómo puede ser que hasta ahora no hayamos conocido que el Partido Popular llevaba décadas financiándose ilegalmente?¿O que hasta ahora no supiésemos que hacia 2007 el gobierno del PSOE perdonó una deuda de 3.400 millones de euros a la compañías eléctricas? Estas preguntas nos llevan a otras y entre ellas, dos singulares que enmarcan la presente reflexión 1)¿Sin ese tipo de información los ciudadanos pueden tomar las decisiones que les corresponden en una democracia? y 2)¿Qué ha permitido a la sociedad conocer y acometer AHORA estas cuestiones?.

La noticia de la decisión del Consejo de Administración de RTVE del pasado 21 de Septiembre, de vigilar y controlar la elaboración de los informativos a través de su sistema informático interno me ha hecho revivir en un momento todos los fantasmas y malos recuerdos de la larga etapa predemocrática del servicio público estatal en España, hasta 2006. Por Radio Nacional he sabido después, con alivio, la decisión de rectificar esa actuación por parte de los consejeros nombrados por los partidos y sindicatos responsables, pero ese arrepentimiento inmediato, motivado por el escándalo social ante tal decisión, no puede borrar un error de tal calibre, ni evitar las necesarias reflexiones que despierta.

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La radiotelevisión de servicio público es imprescindible en una sociedad democrática para promover la cohesión social, el pluralismo político, la diversidad cultural y lingüística, satisfacer el derecho a la información del público y las necesidades de entretenimiento acorde con los valores democráticos.

Hay que distinguir muy claramente entre medios de comunicación públicos y medios de comunicación privados de calidad. Somos conscientes de que todo lo publico no es bueno ni todo lo privado es malo. Y que en ambos se debe profundizar en los valores democráticos  pueblo poder): participación de todos con plena libertad para expresarse, pero con responsabilidad ante lo que se dice.