Cuando en toda Europa se discute cómo transformar los servicios públicos de radiotelevisión en servicios públicos multimedia, en España estamos en una casilla anterior, incapaces de garantizar la pluralidad en sus órganos de gobierno. Casi un año fue necesario para que las Cortes aprobaran la Ley 5/2017 “para recuperar la independencia de RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos”. Desde septiembre los grupos parlamentarios no han conseguido ponerse de acuerdo en el reglamento, exigido por la ey, para elegir por concurso público consejeros y presidente. Un tiempo desperdiciado para la regeneración de RTVE.
Este 26 de abril las mesas del Congreso y el Senado, competentes para regular el modo de selección, vuelven a examinar el texto acordado por los grupos parlamentarios, salvo el Popular. El PP debiera de sumarse a este consenso, proponiendo las aportaciones que considere convenientes. Si opta por bloquear ni siquiera está claro cuál debiera ser el procedimiento para renovar la cúpula de la corporación, cuando en junio se termine el mandato de José Antonio Sánchez. Y como consecuencia no es solo que la imagen de falta de independencia haga caer todavía más la credibilidad de los informativos de TVE y RNE; lo más grave es que una dirección en funciones, sin ninguna legitimidad, siguiera tomando decisiones como la externalización de actividades de innovación, de las que depende el futuro del servicio público.
La regulación del concurso público adolece de algunas debilidades
La primera lección de este proceso es que en un Parlamento fragmentado los consensos traducidos en repartos de cuotas de poder son difíciles, si no imposibles. La mala técnica legislativa –establecer el concurso por disposición transitoria– propició que el PSOE se resistiera a este procedimiento, alegando que retrasaría la urgente renovación de la cúpula directiva. Pero los hechos han demostrado que un proceso de selección por mérito es la única forma de desbloquear la falta de acuerdo.
Se abre un proceso inédito, en el que se combina una primera selección por mérito y una elección final por consenso parlamentario. Un Comité de Expertos, designados por los distintos grupos parlamentarios en proporción a su presencia en la Comisión Mixta de Control, evaluará a los candidatos y propondrán a los más idóneos. No está claro si declarará idóneos solo a diez candidatos, o un número mayor, lo que permitiría que diputados y senadores eligieran no necesariamente a los mejor calificados entre los declarados idóneos. Estos comparecerán ante las comisiones de nombramientos del Congreso y el Senado y finalmente serán nombrados por los plenos, primero seis por el Congreso, luego cuatro por el Senado.
Si los expertos son independientes y evalúan con criterios objetivos y transparentes, si los diputados y senadores entrevistan seriamente y en profundidad a los candidatos, el mérito se impondrá; pero si los expertos designados lo son por su proximidad a los partidos o a unos u otros grupos de comunicación, si las audiencias parlamentarias son sesgadas, finalmente el concurso no será más que un enmascaramiento del clásico reparto de cuotas, por mucho que exista una evaluación y un consenso reforzado (dos tercios en primera votación, mayoría absoluta y la mitad de los grupos parlamentarios en segunda). Y no lo olvidemos, no solo los grupos políticos querrán condicionar esta elección, también los grupos empresariales estarán a estas horas moviendo sus peones.
El error de la Ley 5/2017 es considerar que los consejeros de administración son gestores ejecutivos de RTVE. De ahí el exigir la presentación de un proyecto para RTVE, cuyo alcance el borrador de reglamento no determina. El consejo de administración se constituye en junta general de las sociedades de RTVE y es el responsable del cumplimiento de los objetivos de la corporación (art. 16.1 y 2. L. 17/2006). Sus competencias son importantes, pero son no son gestores ejecutivos. Orientan y controlan el cumplimiento del servicio público en nombre de la sociedad. Después de la reforma de 2012 no tienen dedicación, su obligación es asistir a las reuniones del consejo y su única remuneración son dietas de asistencia.
Los consejeros debieran representar a los stakeholders, a los distintos sectores interesados en el servicio público, trabajadores, sindicatos, organizaciones sociales y audiencia. Está muy bien que la reforma de 2017 refuerce la exigencia de profesionalidad, pero hubiera sido mejor que, además, fueran las organizaciones sociales las que propusieran a los candidatos, en todo o en parte. En cuanto a los méritos (formación superior, ejercicio del periodismo, experiencia profesional en RTVE, desarrollo de funciones de alta administración, proyecto de gestión y méritos de docencia e investigación), aunque se echa en falta una mención a la trayectoria de servicio público, pueden propiciar la selección de periodistas, trabajadores de RTVE, gestores empresariales, altos funcionarios, profesores universitarios e investigadores; lo importante es un equilibrio entre estas distintas categorías.
Tiene en cambio, todo el sentido exigir un plan de gestión al presidente, gestor ejecutivo máximo de la corporación. El presidente que resulte de este proceso será muy poderoso. A las decisivas competencias de gestión que le otorga el art. 20 de la Ley 17/2006, ahora sumará una doble legitimidad, la del concurso de méritos y el reforzado consenso parlamentario. Y además un plan de gestión, aprobado por el Congreso, que se incorporará al contrato-programa (borrador de reglamento, segundo, final). Será muy difícil que el consejo de administración ejerza un control efectivo sobre este presidente. Por eso, Teledetodos propuso en su día que la dirección ejecutiva se confiara a un director general, que no formara parte del consejo de administración y fuera seleccionado y contratado por el consejo mediante concurso público.
Crucemos los dedos y confiemos en que, finalmente, de este proceso salga un consejo y un presidente, independientes y competentes. El reto que les espera es ingente: lograr que la ciudadanía sienta como suyo el servicio público, que le perciba como un patrimonio irrenunciable para nuestra democracia. Para ello tendrán que:
- Recuperar la independencia y la credibilidad informativa;
- Establecer prácticas de gestión transparente y mecanismo de rendición de cuentas internos y externos;
- Gestionar eficazmente con la participación de los trabajadores, potenciar los recursos internos con objetivos de rentabilidad social y lograr el equilibrio presupuestario;
- Hacer de la participación social un eje central de la programación y la producción de contenidos, implicando a todo tipo de organizaciones, pero también a los ciudadanos individualmente, viejos y jóvenes.
- Convertir el servicio de la radiotelevisión en un servicio multimedia. En los términos utilizados en Europa, pasar del PSB, sistema público de difusión, a un PSM, sistema público mediático. Esto es, servir contenidos de calidad y relevancia a través de todo tipo de canales o plataformas tecnológicas, de forma lineal o no lineal, combinando las lógicas clásicas de la oferta programática, con las de la atención a la demanda personalizada;
- Crear un espacio público de libre interactuación, no sometido a lógicas comerciales, en alianza con instituciones públicas y culturales.
Estas son las rúbricas en las que habría que evaluar el plan presentado por los candidatos, especialmente en los que lo sean a presidente. Puede ser la última oportunidad para RTVE.
https://elpais.com/elpais/2018/04/25/opinion/1524676909_454115.html
