En la época del ente público, cuando el director general era elegido por el Gobierno, la presidencia del consejo cambiaba cada mes. Como ahora. La diferencia es que mientras estuvo en vigor el Estatuto de 1980, el Consejo de Administración era un órgano prácticamente decorativo y ahora tiene competencias ejecutivas plenas.

Los consejeros respaldaron esta semana la fórmula de la alternancia mensual: 10 de los 11 miembros votaron a favor, el representante de CiU se abstuvo. El de ERC apoyó la medida, pero dijo que renunciaba a su turno en la presidencia. Por sorteo, el primero que llevará el timón es Manuel Esteve (propuesto por el PP). Los siguientes accederán al cargo por orden alfabético. Ni siquiera la elaboración de la lista se ha librado de la polémica. En principio, se discutió sobre el abecedario a aplicar: el internacional o el español. El consejo se decantó por el segundo y colocó a Rosario López Miralles (PP) la primera la lista, por delante de Mari Cruz Llamazares (PSOE). Así hubiera ocurrido hace un año pero, con la nueva ortografía, la "ll" ha desaparecido como letra. Llamazares adelanta a López.

Esta discrepancia es una muestra del esperpento que ha vivido la televisión pública en el año y medio de gestión de Alberto Oliart. Especialmente sorprendente fue el debate sobre la renovación del programa de La 1 España directo, que vencía en junio. Oliart era partidario de ampliarlo hasta diciembre, y así lo defendió en el seno del consejo. Pero, llegada la hora de la votación, dio un giro de 180 grados al ver que todos estaban en su contra. Fue una manera de evitar un 11-1 y verse derrotado por sus consejeros.

A estos desconcertantes vaivenes se unen las lagunas de la ley, que no prevé el mecanismo a seguir si el presidente de RTVE dimite y no hay acuerdo parlamentario para designar sustituto. El bloqueo del PP a la hora de consensuar el relevo de Oliart (que dejó el cargo el pasado día 6) ha conducido a un apaño de emergencia. "Es una medida transitoria, extrema, que hay que situarla en el contexto político actual: a pocos meses de unas elecciones generales y con el PP cerrado en banda a cualquier tipo de negociación", explica el catedrático de Comunicación Audiovisual José María Álvarez Monzoncillo, que defiende una televisión "de verdadero servicio público, de calidad, independiente, con un modelo de financiación estable y socialmente influyente".

Más crítico se muestra el periodista Fernando González Urbaneja, que formó parte del quinteto de sabios creado por Zapatero para estudiar el cambio de modelo de la televisión pública. "Es una chapuza; un indicativo de que la reforma no ha sido eficaz. Una buena intención con un mal resultado. Y en una situación política degradada como la actual es imposible que nada salga bien".

Más allá del momento coyuntural, Urbaneja critica la composición cuantitativa del consejo -"demasiado grande"- y cualitativa -"es gente que defiende intereses de parte"-. Los 12 miembros son nombrados con una mayoría de dos tercios en el Congreso y el Senado tras pasar un examen de idoneidad. Los dos grandes partidos no descartan que cuando toque la renovación (seis de ellos han expirado ya su mandato) se reduzca el número de miembros.

Desde dentro del consejo, la perspectiva es diferente. Miguel Ángel Sacaluga, propuesto por los socialistas, recuerda que ante la situación de bloqueo parlamentario se planteó una presidencia colectiva. "Una situación excepcional", apunta, "que requería una solución también excepcional".

Con la crisis sucesoria abierta tras la dimisión de Oliart, el consejo barajó varias opciones: designar un presidente interino sin competencias, otorgarle plenas competencias o nombrar un director ejecutivo. La Abogacía del Estado sugirió la segunda opción, pero para ello era necesario cambiar los estatutos sociales de RTVE. Algunos consejeros interpretaban que esa modificación abría la posibilidad de que en un futuro el máximo cargo de la corporación se pudiera cambiar con los votos de una mayoría simple de los consejeros. Para Sacaluga, esta opción era "una manera del vulnerar el espíritu de la ley, que exige dos tercios del Congreso para elegir presidente de RTVE".

Los miembros propuestos por PSOE, IU, ERC, CC OO y UGT eran partidarios de votar como presidente a Sacaluga, pero este exigió el apoyo del PP. Fue la manera de "cerrar el debate sobre las personas y apostar por la defensa del modelo de televisión pública", dice Sacaluga. Con las negociaciones estancadas, llegó el parche: turnos rotatorios. Pero no fue un remedio unánime. El consejero de CiU, Josep Manuel Silva, se desmarcó. "Hemos hecho lo contrario de lo que nos dijo la abogacía", afirma Silva, que se abstuvo porque tenía "dudas jurídicas".

Para despejarlas, se ha solicitado otro informe a los servicios jurídicos. La principal incertidumbre es saber si el Consejo de Administración puede ostentar el control ejecutivo. Silva sostiene que, según la ley, estas funciones son exclusivamente del presidente. Los otros 10 consejeros interpretan que el "control ejecutivo" de la empresa queda en manos del Consejo de Administración (que retoma esas competencias) y que las funciones del presidente se limitan a convocar las sesiones y dar turnos de palabra. Un sistema "asambleario" que, en opinión de Silva, puede convertir los debates en "un patio de colegio".

Los 11 miembros del Consejo de Administración de RTVE

Para algunos era "la única salida" consensuada capaz de salvar el actual modelo de televisión pública. Para otros ha sido "una monumental chapuza". La decisión del Consejo de Administración de RTVE de imponer una presidencia rotatoria por meses entre sus miembros devuelve la televisión pública a 2006, justo antes de la reforma impulsada por Zapatero. En la época del ente público, cuando el director general era elegido por el Gobierno, la presidencia del consejo cambiaba cada mes. Como ahora. La diferencia es que mientras estuvo en vigor el Estatuto de 1980, el Consejo de Administración era un órgano prácticamente decorativo y ahora tiene competencias ejecutivas plenas.