La transparencia no es algo contingente, sino más bien un estado de cosas, una actitud mantenida en el tiempo, por mucho que desarrollemos leyes para acotarla y asegurarla en un esfuerzo, tan lógico como humano, de proteger lo que muchos consideramos un valor. Por eso, la transparencia, aunque esté legislada, debe sustentarse en un diálogo entre los ciudadanos y el Estado del que debe deducirse, más allá de lo legislado, el carácter y las actuaciones concretas que deben facilitarla. Sin embargo, en muchas ocasiones, las molestias que produce, el gasto que ocasiona y, lo que es peor, los hechos que desvela, hacen que se vea recortada y que, en lugar de existir una transparencia útil, generosa y aceptable por todos, lo que tengamos sea una transparencia escasa, ambigua e inútil: una transparencia impuesta.
Esa imposición, esa contingencia, no es compatible con la esencia de la verdadera transparencia que lo que busca es, ni más ni menos, que la formación colectiva de eso que ahora algunos niegan que exista: la verdad. Una verdad construida entre todos y todas gracias a la posibilidad de pensar que nos ofrece la información y la transparencia, puesto que, como dice Emilio Lledó en Palabra y humanidad: “El problema de la libertad de pensar, de la posibilidad de pensar, es el constitutivo fundamental de la verdad. Una libertad de pensamiento que, contra lo que se ha entendido corrientemente, no es una libertad teórica. No es un hecho, sino un suceso. La libertad de pensar es la libertad de poder pensar, de que, efectivamente tengamos la posibilidad interior de pensar”.
Una transparencia impuesta y forzada, al impedir a una mayoría el conocimiento de lo que ocurre dará como resultado una verdad impuesta por una minoría arrogada de poder suficiente para imponer esa transparencia rácana, parcial y confusa que impide la formación de esa libertad de poder pensar, constitutiva fundamental de la verdad. Por tanto, si hay que huir de verdades impuestas es imprescindible evitar transparencias impuestas y comprender que la esencia de la transparencia está en su elaboración colectiva, mediante el diálogo. Cualquier otra transparencia no será más que un sustituto de la participación, un sucedáneo de la libertad de pensamiento y una impostura de la verdad.
La transparencia de y en los medios de comunicación es especialmente relevante y necesaria, porque es imprescindible para que nos hagamos una idea de la verdad de y en ese medio que, a su vez, será el responsable de ofrecernos informaciones que nos permitan, sucesivamente, evaluar entre todos otras verdades. Es, por tanto, la transparencia de y en los medios, algo obligado para los que no quieran utilizar la información como arma ni la imposición como instrumento útil a sus fines y privilegios.
Si el medio de comunicación es un medio público, la transparencia es inexcusable. Creo que nadie hallará razones de peso para negarlo. Así lo ha entendido la Audiencia Nacional en su reciente sentencia sobre la petición de información del coste de participación en Eurovisión. Dice la sentencia, a propósito de la ley de transparencia, que “La CRTVE se nutre de los Presupuestos Generales del Estado y de tributos de entidades privadas, y por tanto de carácter público. Y las cantidades asignadas a la CRTVE pueden ser objeto de información a los ciudadanos. Y si concurre alguno de los límites del artículo 14 reseñado deberá de acreditarlo“. Se refiere aquí al artículo 14 de la ley de transparencia, que enumera los casos en los que se encuentra justificada la limitación al derecho de acceso a la información.
La sentencia es notable por varias razones. En primer lugar porque manifiesta algo que no debería ocurrir: la falta de justificación para negar las peticiones de información de los ciudadanos. No solo porque la ley establece criterios jurídicos respecto a este tema, sino porque se rompe el principio de construir dialogadamente la transparencia. En el caso de RTVE esto es especialmente necesario, no solo para cumplir con esa función obligada de constituirse en un referente que permita esa “posibilidad de pensar” que nos recordaba Emilio Lledó, sino también porque rompe la confianza en la elaboración dialogada de una relación entre los ciudadanos y la CRTVE.
Las peticiones de acceso a la información deben ser atendidas con el máximo cuidado y la máxima atención y este derecho de acceso a la información ser elaborado conjuntamente con los representantes de instituciones y asociaciones ciudadanas cuyo tema de interés sea el servicio público de comunicación e información. Cualquier otra transparencia no dejará de ser una transparencia impuesta y, por esta razón, inútil para la formación de opinión y el conocimiento de la verdad. Es, por tanto, la CRTVE la que debe establecer un diálogo sincero, útil y constructivo con la sociedad a la que informa acerca de cuál debe ser su modelo de transparencia y cómo debe dar cumplimiento a esa obligación. Mientras esto no ocurra, por mucho que se cumplan las leyes, no se alcanzará un nivel de transparencia aceptable.
Otro elemento notable de la sentencia es la afirmación por parte de la Audiencia Nacional de que “las cantidades asignadas a la CRTVE pueden ser objeto de información a los ciudadanos”. Esto tiene una enorme trascendencia, puesto que marca algo que es fundamental incluir en el portal de transparencia de RTVE: se trata de su contabilidad analítica. Lo que demanda la sociedad y, en concreto, el demandante particular de esta sentencia es información analítica y comprensible, relacionada con la actividad financiera de la CRTVE y sus sociedades. Esto debería ser lo normal pero es lo que no aparece, a pesar de que RTVE cumple (muy ajustadamente) los criterios mínimos exigibles de transparencia, puesto que sí ofrece información económica ( las Cuentas Anuales de la Corporación) , pero esta información está estructurada de tal manera que es solamente útil a efectos contables, lo que es obligado, pero no facilita datos comprensibles para cualquier ciudadano como los que se demandan en la petición que originó el contencioso que ha sentenciado la Audiencia Nacional: el coste de la participación en Eurovisión el año 2015. Eso sí, puede conocer con detalle la amortización del inmovilizado o la valoración del valor razonable en instrumentos financieros, datos todos ellos muy interesantes, pero inútiles para saber cuánto nos gastamos, por ejemplo, en programación infantil.
Cualquier ciudadano o ciudadana puede dirigirse, por tanto, a RTVE solicitando acceder a información analizada de sus gastos en programas o actividades concretas. Esto debe hacer pensar en la posibilidad de ofrecerlos públicamente sin más dilaciones. Al menos los más significativos. Y ello, sin ser excusa para comenzar ese proceso dialogado con la sociedad acerca de la transparencia de la RTVE, debe servir como espléndida muestra de intenciones, facilitando un acercamiento entre la sociedad y su radio y su televisión.
Pensemos en positivo y valoremos que esta sentencia no es algo negativo para la Corporación RTVE, sino una magnífica oportunidad para construir una Tele de Todos.
