Miércoles, Septiembre 22, 2021
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El Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, un organismo clave para la gestión de la radio y la televisión autonómicas, inicia su andadura tras años de bloqueo. Las Corts Valencianes han elegido este miércoles 7 a los vocales que, por cuota y con el pacto previo de todos los partidos con la excepción de Vox, designa la cámara autonómica y que se suman a la exdirectora general de la radiotelevisión pública valenciana, Empar Marco, y el exsecretario autonómico de Comunicación, José María Vidal, designados directamente por el Ejecutivo valenciano.

El Consell de l'Audiovisual es un organismo que tiene encargado, según el artículo 11.2 de la ley de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, iniciar el proceso para la elección de la presidencia del Consejo Rector, que desempeña actualmente en funciones Mar Iglesias, tras la salida del letrado Enrique Soriano.
El Parlamento valenciano ha elegido a Manuel Alberola Romero, periodista de larga trayectoria en Onda Cero y en la cadena Cope (designado por el PP); María del Carmen Carretón Ballester, profesora de la Universidad de Alicante (a propuesta de Ciudadanos); Anna Gimeno Berregal, periodista experta en perspectiva de género (a propuesta de Unides Podem); Dolors López Alarcón, consejera en el extinto consejo de administración de RTVV (a propuesta del PSPV-PSOE) y Àlvar Peris Blanes, profesor de la Universitat de València (a propuesta de Compromís).

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Los partidos que componen el Botànic, PP y Ciudadanos (Cs) han acordado el nombre de sus candidatos para completar la configuración del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, tres años después de la aprobación de la ley que gestó este órgano en mayo de 2018 y una vez la Generalitat desbloqueó hace dos semanas su constitución con el nombramiento de sus dos representantes: la exdirectora de À punt, Empar Marco, y el exsecretario autonómico de Comunicación, José Mª Vidal.

Los aspirantes de los grupos deberán pasar primero por la comisión de radiotelevisión pública de las Corts el próximo lunes para su validación posterior en el pleno de la semana que viene, el último que se celebra en el actual periodo de sesiones, antes del periodo vacacional.

Los nombramientos requieren de una mayoría de tres quintas partes de la cámara, aunque no se prevén obstáculos para su designación.

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Seguramente será por lo que en la profesión periodística se conoce como la preeminencia de la vieja máxima “good news, [are] no news”, que ha terminado marcando la agenda de los medios de comunicación. Las buenas noticias no venden, no llaman la atención de los periodistas, porque se considera que la ciudadanía siente mayor atracción por los sucesos truculentos, las catástrofes y las malas noticias.

El proyecto de creación del Consell de l’ Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha reaparecido en la agenda de la vida política valenciana, primero con el nombramiento de Empar Marco y de José María Vidal por parte del gobierno valenciano (18/06/2021) y, poco después, con la propuesta de las cinco consejeras/os por parte de los partidos políticos, que comparecieron en las Cortes Valencianas el pasado 5 de julio (Dolors López, Àlvar Peris, Anna Gimeno, Carmen Carretón y Manuel Alberola, a propuesta de PSPV, Compromís, Unides Podem, Ciudadanos y PP, respectivamente). Todos ellos cumplen los requisitos de la Ley 10/2018, de creación del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana, en lo que respecta al reconocido prestigio y experiencia en el ámbito de la comunicación audiovisual de los/as candidatos/as propuestos/as, por lo que debemos felicitar a las personas designadas y a nuestros representantes políticos por su celeridad y diligencia en la aceleración del proceso.

Desde luego, resulta llamativo el muy escaso eco recibido en los medios de comunicación, con la excepción de À Punt, y algunas noticias de agencia en pocos medios valencianos. Desde las universidades, tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto del mundo académico español e internacional (¡sí, no es una exageración!), la creación del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (en adelante, CACV), se valora de forma muy positiva. En primer lugar, constituye un primer paso hacia la normalidad: hay que recordar que el CACV, como autoridad independiente, aparece en el mismo Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. En segundo lugar, el CACV es esencial para el funcionamiento de los órganos de gobierno de los medios de comunicación públicos valencianos, como recoge la Ley 6/2016, tanto porque este órgano ha de proponer el nombramiento de dos personas para el Consejo Rector de la Comunidad Valenciana (CRCV), así como “dictar acuerdos y resoluciones… que afecten a la Corporación o a sus sociedades”, además de proponer y seleccionar candidatas/os para la Presidencia de la Corporación Valenciana de la Medios de Comunicación.

La creación del Consell l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana es un paso hacia la normalidad, porque en todos los países avanzados del mundo existen Consejos Audiovisuales, organismos independientes, con autoridad para velar por una correcta ordenación y desarrollo del espacio mediático. Algunos de los más conocidos son la Ofcom, Office of Communications, en el Reino Unido; el Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA), en Francia; L’Autorità para le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), en Italia; la Federal Communications Commission, en Estados Unidos; o en Alemania, donde existen 14 autoridades reguladoras del audiovisual, los Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten o Consorcio de las Autoridades de los Medios de Comunicación de los Länder, que trabajan de manera coordinada. En suma, existen autoridades reguladoras de los espacios comunicativos en todo el mundo, incluso en los países que son modelo del capitalismo de corte neoliberal y, en apariencia, de mayor "desregulación" como Estados Unidos o el Reino Unido.

Como hemos señalado reiteradamente, la no existencia de autoridades reguladoras en los espacios públicos de comunicación, como sucede en España, a nivel estatal y autonómico (recordemos que en nuestro país sólo Cataluña y Andalucía cuentan con Consejo Audiovisual), es un grave problema comparable a lo que supondría la ausencia de un código de circulación o una Dirección General de Tráfico para regular el transporte en nuestras carreteras. El CACV es esencial para garantizar el desarrollo de un espacio comunicativo valenciano de calidad. Se trata de un órgano externo de control, con independencia y autonomía, que debe vigilar la pluralidad informativa, la defensa de los derechos de la audiencia y la independencia de los medios de comunicación públicos, pero también el correcto funcionamiento de todo el sistema mediático. Hay que destacar que este organismo regulador nace con una vocación de independencia política, con mandatos superiores a las legislaturas parlamentarias, asumiendo funciones de la actual Secretaría de Comunicación de Presidencia de la Generalitat Valenciana, por ejemplo, en todo aquello que tiene que ver con la adjudicación de frecuencias de radio y televisión, la concesión de ayudas públicas a los medios valencianos, las ayudas a la producción audiovisual, etc., buscando garantizar la pluralidad y la equidad distributiva. La reciente decisión del gobierno valenciano, y el trabajo de los parlamentarios de las Cortes Valencianas, es una muy buena noticia. Una acción política que les honra, y ennoblece el trabajo de nuestros políticos, en un momento de mucha polarización y crispación política.

Desde algunos medios privados, se afirma que los Consejos Audiovisuales son órganos “represores” y una “amenaza” para la libertad. No es así, en absoluto: un Consejo Audiovisual es un órgano que, ante situaciones de conflicto, da instrucciones –para velar por el seguimiento de unas normas o códigos a operadores o anunciantes–, informa de decisiones –que pueden tener un carácter orientativo para determinadas entidades, empresas o individuos relevantes del sector audiovisual–, hace recomendaciones –que no tienen carácter vinculante– y, sí, también pueden dictar sanciones cuando es necesario. Así pues, el CACV debe contribuir al cumplimiento de los principios fundacionales de nuestros medios de comunicación públicos, en especial su misión de servicio público, su independencia del poder político y de intereses económicos, la promoción del valenciano, la pluralidad informativa, la expresión de la libertad de ideologías, creencias y orientaciones políticas, de la igualdad entre hombres y mujeres, así como favorecer la visibilidad de los colectivos más desfavorecidos, etc., o en riesgo de exclusión social.

La creación del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana contrasta con la grave involución que sufre TeleMadrid, denunciada por ULEPICC, por la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) y Teledetodos, con una precipitada reforma de la Ley 8/2015 reguladora de la radiotelevisión pública madrileña, que pretende asegurar el férreo control político desde el ejecutivo autonómico. Debemos recordar la fulminante desaparición del Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid, en 2006, principalmente por no someterse al poder político de turno. Nuestro querido maestro Enrique Bustamante hablaba en 2020 de la existencia de “gobiernos autonómicos gamberros” que, sin abandonar una retórica grandilocuente en defensa de las libertades públicas, siguen acorralando a los medios de titularidad pública.

En un contexto político tan complejo como el actual, al que hay sumar una coyuntura internacional de creciente hegemonía de las grandes plataformas mediáticas, conectadas estrechamente con las multinacionales GAFAM, cada vez más dueñas de nuestros datos y de nuestro imaginario cultural, la aparición en escena del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana constituye una luz de esperanza. Pero no podemos ser ingenuos. Como institución de reciente creación, tendrá que pasar por un complejo proceso de aprendizaje, y tiene ante sí retos formidables, a los que no se podrá enfrentar sin el apoyo y trabajo colaborativo de las universidades, de los sectores profesionales valencianos de la comunicación, del audiovisual y de la publicidad, y del conjunto de la sociedad civil valenciana. El éxito del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana, sin duda, tendrá un efecto muy directo sobre la calidad de la comunicación. Es responsabilidad de la ciudadanía en su conjunto que este ilusionante proyecto se consolide. Está en juego también la calidad de nuestra joven democracia.

 

Javier Marzal Felici es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad y director del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Jaume I

Ley Consell del Audiovisual

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El administrador provisional de Telemadrid, José Antonio Sánchez, ha cesado este viernes al equipo de dirección de la televisión y la radio pública regional, entre ellos el director general de Onda Madrid, Ángel Rubio, o el director de informativos de Telemadrid, Jon Ariztimuño.

No obstante, el hasta ahora director general de Telemadrid, José Pablo López, ya fue cesado este pasado miércoles por la tarde, tras el Consejo de Gobierno en el que se nombró a Sánchez administrador provisional.
Junto a Rubio y a Ariztimuño han sido cesados hoy el adjunto al director de informativos, Jaime García Treceño; el director general de Contenidos, Paco Díaz Ujados; el director de la web, Juan Varela; el director de Nuevos formatos, Juan Adrián; el director de Comunicación y Márketing, Daniel Forcada.

El Gobierno de Ayuso nombró este pasado miércoles a José Antonio Sánchez como administrador provisional de la televisión pública regional una semana después de que el pleno de la Asamblea aprobase la modificación de la ley que regula Telemadrid, impulsada por el PP y que salió adelante gracias a la abstención de Vox.

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El pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves 8 de julio la reforma de la ley que regula Telemadrid, con el apoyo único del PP y la abstención de Vox, que incluye, entre otros aspectos, el cambio en el mandato de la dirección de la radiotelevisión pública.
La proposición de ley presentada por el PP se tramitará por el procedimiento de lectura única, una vía de urgencia para acortar los plazos de tramitación, eliminar el debate previo en comisión y la posibilidad de presentar enmiendas por parte de los grupos parlamentarios.
Los grupos de la izquierda y Vox han acusado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de querer hacerse con "el control" de Telemadrid con la reforma, mientras que el PP asegura que la intención es garantizar su "pluralidad e independencia" tras los "abusos" por parte de la dirección de la cadena pública.
El debate parlamentario se ha producido en medio de la controversia entre el canal y el Gobierno regional por el fallo de seguridad ocurrido en los portales web de la Consejería de Sanidad, que expuso durante varias horas datos personales de ciudadanos, como el número de teléfono o dónde se han vacunado contra la covid.
"No queremos cerrar Telemadrid, queremos reforzarla y acabar con el abuso y las disfuncionalidades", ha expresado la diputada del PP Almudena Negro, que apuntado que esta reforma corregirá la "rigidez de los sistemas de elección" de los órganos directivos.
Con su propuesta, el PP plantea que el mandato del director general sea de cuatro años, renovables, frente a los seis años previstos en la ley de 2015, lo que conllevaría la salida de la actual dirección, que inició su mandato en 2017.
Además, la iniciativa incluye una disposición transitoria que provocaría su cese inmediato en el momento de la entrada en vigor de la ley, una vez sea publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, algo que se producirá en los próximos días.
El Consejo de Gobierno deberá nombrar a un administrador provisional con las mismas funciones y competencias, según contempla la reforma, y deberá ser sometido a ratificación por parte de la Cámara regional, algo que no se producirá hasta después del verano, dado que solo queda un pleno antes del parón.
Para ello, se requerirá la obtención de una mayoría de dos tercios en primera votación en el pleno de la Asamblea y de mayoría absoluta en segunda votación, que PP y Vox suman.
Además, plantean que la totalidad de los miembros del consejo de administración de Telemadrid sean elegidos por la Asamblea de entre los propuestos por los grupos, en lugar de que sean las organizaciones profesionales las que designen a parte de sus integrantes, como contempla la ley de 2015.
Vox ha acusado al Gobierno de Ayuso de querer "controlar" la radiotelevisión autonómica y de "aspirar a poner a su servicio chiringuitos que cuelgan de la administración" como hace la izquierda, ha señalado el diputado José Luis Ruiz Batolomé, que ha insistido en el cierre de la cadena.
"Su único afán aquí es la intervención política y utilizar este organismo autonómico como un altavoz de propaganda, de pura y dura toma de control", ha declarado el diputado.
Según Vox, el presupuesto de Telemadrid permitiría "construir un Zendal sin sobrecostes o ejecutar 7 colegios públicos", por lo que si el PP quiere contar con su apoyo tendrán que demostrar que quieren "reducir el gasto, dar transparencia, limpieza y neutralidad".
Por su parte, el diputado de Más Madrid Hugo Martínez ha asegurado que la reforma es la "primera cacicada" que ejerce el PP tras "quitarse de encima" a Ciudadanos.
Respecto a la lectura única, Martínez ha afirmado que a Ayuso le "sobran las instituciones" porque son una "derecha autoritaria y caciquil" que alienta a "la libertad" pero ofrece "propaganda".
La diputada del PSOE Isabel Aymerich ha dicho que la "celeridad" del PP responde a "la nueva configuración de la Cámara" para ejercer "un mayor control" sobre la cadena, pero que intentan "camuflar" con una "mayor autonomía".
"Es un 'quítate tú para ponerme yo'", ha indicado la parlamentaria socialista, que ha remarcado que la figura del administrador provisional "emana del Consejo de Gobierno" y dudan de su "provisionalidad".
La portavoz de Unidas Podemos, Vanesa Lillo, ha afirmado que la intención de Ayuso es que la cadena pública "vuelva a ser la Telemadrid oscura de (Esperanza) Aguirre, cuando llamaban al presidente a decir manipularan las informaciones".
Lillo ha criticado que quieran acabar con el nuevo modelo de la radiotelevisión autonómica como "castigo" a su dirección, pese a que sus cuentas "están saneadas" y ha subido su audiencia.

 

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La Asamblea de Madrid cambiará la forma de elección del director general de Telemadrid, la televisión autonómica de Madrid. El nuevo método para designar este puesto será a través de un grupo de personas designadas de partidos políticos, no de organizaciones profesionales como hasta ahora.

La reforma legal, presentada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que será aprobada presumiblemente este jueves 8 de julio (con los votos del Partido Popular en la Asamblea y la abstención del grupo parlamentario Vox), permitirá reformar la ley actual: se cambiará la composición de los miembros del Consejo de Administración de la televisión Pública de la Comunidad de Madrid.

En la actualidad, este Consejo de Administración de Telemadrid está presidido por Celia Ferrero, un cargo que fue propuesto por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). María Eugenia Lozano y Alfonso Cavallé son subdirectores (en rotación), ambos periodistas con una larga trayectoria profesional.

Estos cargos, como el del director general de Telemadrid, tienen una duración de seis años.

Desde el momento en el que sea aprobada esta reforma, el mandato del director general se verá asimismo reducido de seis a cuatro años, por lo que el titular actual, José Pablo López (nombrado en febrero de 2017), cesaría en el cargo nada más entrar en vigor la reforma.
En la actualidad, los cargos de dirección y del Consejo de administración duran seis años. Pasarán a durar cuatro
La modificación también prevé que si no hay acuerdo de dos tercios de la Asamblea para nombrar a un nuevo director general, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso podrá nombrar a un administrador provisional para el que se requiere únicamente la mayoría absoluta.

En este caso, ya hay un precedente similar: es el caso de RTVE, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez la nombró administradora única provisional de RTVE (en 2018), mediante un decreto ley. Sin embargo, este decreto ley ha sido declarado contrario a la Constitución por el Tribunal Constitucional.

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Isabel Díaz Ayuso está a punto de culminar su ofensiva por el control de Telemadrid. Este próximo jueves la Asamblea de Madrid debatirá y aprobará por vía de urgencia la primera ley de la legislatura recién iniciada y no será otra que reformar la norma que regula la televisión y la radio públicas de la Comunidad de Madrid. La propuesta, impulsada por el PP, saldrá adelante gracias a la abstención de Vox y contará con el rechazo del bloque de la izquierda, conformado por Más Madrid, PSOE y Podemos.

La reforma supone una clara involución respecto a la actual ley, en vigor desde 2015. Por casualidades de la vida, la encargada de defender la ley de 2015 en nombre del PP fue la propia Isabel Díaz Ayuso. La que por entonces no pasaba de ser una diputada rasa en las filas del PP defendió con vehemencia la reforma de Telemadrid y la consideró entonces un referente para otros medios públicos en España al suponer "el fin del partidismo". Es más, ante los recelos de la izquierda, que no terminaba de creerse que el PP estuviera dispuesto a renunciar al control de televisión pública madrileña después de haber estado en las garras de Esperanza Aguirre, Ayuso dijo: "Les da miedo porque no lo pueden controlar, pero tienen que estar tranquilos porque nosotros tampoco".

Palabras que apenas seis años después se lleva el viento. Con la reforma que ahora impone el PP, el mandato del director general será de cuatro años, renovables, contados desde su nombramiento, frente a los seis años previstos en la ley de 2015. Tal como recordaba a Público hace unas semana Luis Lombardo, presidente del comité de empresa de Telemadrid, "el mandato de seis años se estableció para desvincularlo de los ciclos electorales". Los trabajadores de Telemadrid llevan ya tiempo denunciando la injerencia por parte del Ejecutivo que encabeza Ayuso.

 

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La Asociación de Usuarios de la Comunicación ha manifestado su rechazo a la Proposición de Ley presentada por el Grupo Popular ante el parlamento autonómico para modificar la Ley 8/215, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid.

AUC considera que la pretendida reforma es más bien una contarreforma, y se traduce en “tres proposiciones con freno y marcha atrás”, que llevarán a la radiotelevisión madrileña, de aprobarse, a una situación de mayor dependencia política y gubernamental, y, sobre todo, al cierre abrupto de una experiencia pionera de participación de la sociedad civil en los medios públicos.

Este último aspecto es para la Asociación de Usuarios de la Comunicación especialmente decepcionante, ya que el modelo adoptado para selección de los miembros del Consejo de Administración en la Ley de Radio Televisión Madrid aprobada en 2015 es un ejemplo pionero, a seguir por otros medios públicos en favor de una mayor independencia, pluralismo, neutralidad y objetividad.

La contrarreforma que el Grupo Popular de la Asamblea de Madrid pretende aprobar mañana en trámite de lectura única no propone ninguna medida para la mejora de la eficiencia de RTVM ni para una mayor garantía del cumplimiento de su misión de servicio público. Básicamente, se basa en cuatro proposiciones de naturaleza regresiva:

 

Eliminación de la participación social y profesional en el Consejo de Administración

En su modelo actual, y así ha sido desde la entrada en vigor de la norma reguladora de la radiotelevisión autonómica vigente, los miembros del Consejo de Administración de RTVM son elegidos por la Asamblea de Madrid a partir de una propuesta de carácter mixto por parte de los grupos parlamentarios y de las organizaciones profesionales y sociales representativas del sector de la comunicación en la Comunidad de Madrid (apartados 1 y 2 del artículo 14 de esta Ley).

Este modelo de propuesta y designación coloca a Madrid en el grupo de comunidades autónomas que cuentan con participación social en el Consejo de Administración de sus respectivas radiotelevisiones públicas, como es el caso del País Vasco, de Aragón o de la Comunidad Valenciana. Pero es la única en la que, además, la participación social y profesional, con 5 miembros, supera a la de propuesta parlamentaria (4 miembros), en cumplimiento del artículo 3 del artículo 13 de la Ley de RTVM.

Lo que se pretende ahora, sin embargo, es modificar o derogar estos artículos con el fin de reservar a los grupos parlamentarios en exclusiva la propuesta de candidatos para la elección de los miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid, minusvalorando la gran labor realizada en estos años por el Consejo fruto precisamente de la diversidad de sus miembros.

Ello significa, a pesar de los pseudoargumentos utilizados para justificar el cambio, y teniendo en cuenta la dinámica de las mayorías parlamentarias, un paso atrás en la independencia de RTVM en favor de una mayor gubernamentalización de la radiotelevisión pública. A las organizaciones de la sociedad civil, que tanto han colaborado en la conformación de la nueva Radio Televisión Madrid, se pretende arrinconarlas en el Consejo Asesor, órgano cuya existencia AUC ha defendido siempre, pero que no deja de ser una instancia puramente consultiva, sin ninguna capacidad de decisión, y que se reúne cuatro veces al año.

 

Reducción de las competencias del Consejo de Administración

El nuevo Consejo de Administración pretendido, más dependiente de los grupos parlamentarios, y, como decíamos, más gubernamentalizado, pierde además atribuciones: aunque se mantiene su capacidad para proponer a la Asamblea candidato o candidata a la Dirección General, se elimina de sus competencias y funciones el nombramiento y cese del personal directivo, lo que de nuevo contribuye a debilitar la figura del Consejo de Administración.
Mayor dependencia del Director General

Uno de los elementos claves de la independencia de RTVM ha sido la consolidación de la figura de un Director General propuesto por el Consejo de Administración y ligado al mismo en su horizonte de gestión. Se pretende ahora reducir su mandato de seis a cuatro años, eliminar la posibilidad de que pueda mantenerse en funciones si no hay acuerdo amplio para su relección, y, para tal caso, se introduce la figura de un administrador único con sus mismas competencias que, en línea con otras contrarreformas como la operada en RTVE en 2012, puede ser elegido por mayoría simple en segunda votación.

Más allá de la lectura ad hominem que pueda hacerse de estas medidas, cierran el círculo de una RTVM menos independiente, más mediatizada por las mayorías parlamentarias y por el gobierno de turno, y menos abierta a la sociedad. Un paso en la dirección contraria de la que deben seguir los medios públicos para justificar su existencia en un escenario audiovisual caracterizado por la digitalización y la convergencia, como garantía de pluralismo, neutralidad y cohesión con su entorno social.

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El director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, ha confirmado este miércoles 5 de mayo, que el ente público ya está ejecutando medidas del Plan de eficacia, eficiencia y racionalización que el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado para este ejercicio 2021. Ha explicado además que todas las acciones contempladas en el plan tienen "un correlato de estimación de ingresos y gastos", y que "se han creado órganos colegiados dedicados a su control, ejecución y evaluación".
Ha apuntado que ya cuando se anunció el plan se habló de un "recorte de 14 millones que todavía no encuentro".
Mellado ha apuntado que el plan busca también "intensificar la diversificación comercial en todos los soportes y marcas del grupo", y contempla un apartado sobre expansión en soportes de difusión y de distribución de programaciones y contenidos audiovisuales.

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Esta Ley regula la comunicación audiovisual de cobertura estatal y establece las normas básicas en materia audiovisual sin perjuicio de las competencias reservadas a las Comunidades Autónomas y a los Entes Locales en sus respectivos ámbitos

Texto de la ley actualizada a 2016

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