Sábado, Septiembre 18, 2021
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El Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, un organismo clave para la gestión de la radio y la televisión autonómicas, inicia su andadura tras años de bloqueo. Las Corts Valencianes han elegido este miércoles 7 a los vocales que, por cuota y con el pacto previo de todos los partidos con la excepción de Vox, designa la cámara autonómica y que se suman a la exdirectora general de la radiotelevisión pública valenciana, Empar Marco, y el exsecretario autonómico de Comunicación, José María Vidal, designados directamente por el Ejecutivo valenciano.

El Consell de l'Audiovisual es un organismo que tiene encargado, según el artículo 11.2 de la ley de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, iniciar el proceso para la elección de la presidencia del Consejo Rector, que desempeña actualmente en funciones Mar Iglesias, tras la salida del letrado Enrique Soriano.
El Parlamento valenciano ha elegido a Manuel Alberola Romero, periodista de larga trayectoria en Onda Cero y en la cadena Cope (designado por el PP); María del Carmen Carretón Ballester, profesora de la Universidad de Alicante (a propuesta de Ciudadanos); Anna Gimeno Berregal, periodista experta en perspectiva de género (a propuesta de Unides Podem); Dolors López Alarcón, consejera en el extinto consejo de administración de RTVV (a propuesta del PSPV-PSOE) y Àlvar Peris Blanes, profesor de la Universitat de València (a propuesta de Compromís).

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Los partidos que componen el Botànic, PP y Ciudadanos (Cs) han acordado el nombre de sus candidatos para completar la configuración del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, tres años después de la aprobación de la ley que gestó este órgano en mayo de 2018 y una vez la Generalitat desbloqueó hace dos semanas su constitución con el nombramiento de sus dos representantes: la exdirectora de À punt, Empar Marco, y el exsecretario autonómico de Comunicación, José Mª Vidal.

Los aspirantes de los grupos deberán pasar primero por la comisión de radiotelevisión pública de las Corts el próximo lunes para su validación posterior en el pleno de la semana que viene, el último que se celebra en el actual periodo de sesiones, antes del periodo vacacional.

Los nombramientos requieren de una mayoría de tres quintas partes de la cámara, aunque no se prevén obstáculos para su designación.

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Seguramente será por lo que en la profesión periodística se conoce como la preeminencia de la vieja máxima “good news, [are] no news”, que ha terminado marcando la agenda de los medios de comunicación. Las buenas noticias no venden, no llaman la atención de los periodistas, porque se considera que la ciudadanía siente mayor atracción por los sucesos truculentos, las catástrofes y las malas noticias.

El proyecto de creación del Consell de l’ Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha reaparecido en la agenda de la vida política valenciana, primero con el nombramiento de Empar Marco y de José María Vidal por parte del gobierno valenciano (18/06/2021) y, poco después, con la propuesta de las cinco consejeras/os por parte de los partidos políticos, que comparecieron en las Cortes Valencianas el pasado 5 de julio (Dolors López, Àlvar Peris, Anna Gimeno, Carmen Carretón y Manuel Alberola, a propuesta de PSPV, Compromís, Unides Podem, Ciudadanos y PP, respectivamente). Todos ellos cumplen los requisitos de la Ley 10/2018, de creación del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana, en lo que respecta al reconocido prestigio y experiencia en el ámbito de la comunicación audiovisual de los/as candidatos/as propuestos/as, por lo que debemos felicitar a las personas designadas y a nuestros representantes políticos por su celeridad y diligencia en la aceleración del proceso.

Desde luego, resulta llamativo el muy escaso eco recibido en los medios de comunicación, con la excepción de À Punt, y algunas noticias de agencia en pocos medios valencianos. Desde las universidades, tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto del mundo académico español e internacional (¡sí, no es una exageración!), la creación del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (en adelante, CACV), se valora de forma muy positiva. En primer lugar, constituye un primer paso hacia la normalidad: hay que recordar que el CACV, como autoridad independiente, aparece en el mismo Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. En segundo lugar, el CACV es esencial para el funcionamiento de los órganos de gobierno de los medios de comunicación públicos valencianos, como recoge la Ley 6/2016, tanto porque este órgano ha de proponer el nombramiento de dos personas para el Consejo Rector de la Comunidad Valenciana (CRCV), así como “dictar acuerdos y resoluciones… que afecten a la Corporación o a sus sociedades”, además de proponer y seleccionar candidatas/os para la Presidencia de la Corporación Valenciana de la Medios de Comunicación.

La creación del Consell l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana es un paso hacia la normalidad, porque en todos los países avanzados del mundo existen Consejos Audiovisuales, organismos independientes, con autoridad para velar por una correcta ordenación y desarrollo del espacio mediático. Algunos de los más conocidos son la Ofcom, Office of Communications, en el Reino Unido; el Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA), en Francia; L’Autorità para le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), en Italia; la Federal Communications Commission, en Estados Unidos; o en Alemania, donde existen 14 autoridades reguladoras del audiovisual, los Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten o Consorcio de las Autoridades de los Medios de Comunicación de los Länder, que trabajan de manera coordinada. En suma, existen autoridades reguladoras de los espacios comunicativos en todo el mundo, incluso en los países que son modelo del capitalismo de corte neoliberal y, en apariencia, de mayor "desregulación" como Estados Unidos o el Reino Unido.

Como hemos señalado reiteradamente, la no existencia de autoridades reguladoras en los espacios públicos de comunicación, como sucede en España, a nivel estatal y autonómico (recordemos que en nuestro país sólo Cataluña y Andalucía cuentan con Consejo Audiovisual), es un grave problema comparable a lo que supondría la ausencia de un código de circulación o una Dirección General de Tráfico para regular el transporte en nuestras carreteras. El CACV es esencial para garantizar el desarrollo de un espacio comunicativo valenciano de calidad. Se trata de un órgano externo de control, con independencia y autonomía, que debe vigilar la pluralidad informativa, la defensa de los derechos de la audiencia y la independencia de los medios de comunicación públicos, pero también el correcto funcionamiento de todo el sistema mediático. Hay que destacar que este organismo regulador nace con una vocación de independencia política, con mandatos superiores a las legislaturas parlamentarias, asumiendo funciones de la actual Secretaría de Comunicación de Presidencia de la Generalitat Valenciana, por ejemplo, en todo aquello que tiene que ver con la adjudicación de frecuencias de radio y televisión, la concesión de ayudas públicas a los medios valencianos, las ayudas a la producción audiovisual, etc., buscando garantizar la pluralidad y la equidad distributiva. La reciente decisión del gobierno valenciano, y el trabajo de los parlamentarios de las Cortes Valencianas, es una muy buena noticia. Una acción política que les honra, y ennoblece el trabajo de nuestros políticos, en un momento de mucha polarización y crispación política.

Desde algunos medios privados, se afirma que los Consejos Audiovisuales son órganos “represores” y una “amenaza” para la libertad. No es así, en absoluto: un Consejo Audiovisual es un órgano que, ante situaciones de conflicto, da instrucciones –para velar por el seguimiento de unas normas o códigos a operadores o anunciantes–, informa de decisiones –que pueden tener un carácter orientativo para determinadas entidades, empresas o individuos relevantes del sector audiovisual–, hace recomendaciones –que no tienen carácter vinculante– y, sí, también pueden dictar sanciones cuando es necesario. Así pues, el CACV debe contribuir al cumplimiento de los principios fundacionales de nuestros medios de comunicación públicos, en especial su misión de servicio público, su independencia del poder político y de intereses económicos, la promoción del valenciano, la pluralidad informativa, la expresión de la libertad de ideologías, creencias y orientaciones políticas, de la igualdad entre hombres y mujeres, así como favorecer la visibilidad de los colectivos más desfavorecidos, etc., o en riesgo de exclusión social.

La creación del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana contrasta con la grave involución que sufre TeleMadrid, denunciada por ULEPICC, por la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) y Teledetodos, con una precipitada reforma de la Ley 8/2015 reguladora de la radiotelevisión pública madrileña, que pretende asegurar el férreo control político desde el ejecutivo autonómico. Debemos recordar la fulminante desaparición del Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid, en 2006, principalmente por no someterse al poder político de turno. Nuestro querido maestro Enrique Bustamante hablaba en 2020 de la existencia de “gobiernos autonómicos gamberros” que, sin abandonar una retórica grandilocuente en defensa de las libertades públicas, siguen acorralando a los medios de titularidad pública.

En un contexto político tan complejo como el actual, al que hay sumar una coyuntura internacional de creciente hegemonía de las grandes plataformas mediáticas, conectadas estrechamente con las multinacionales GAFAM, cada vez más dueñas de nuestros datos y de nuestro imaginario cultural, la aparición en escena del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana constituye una luz de esperanza. Pero no podemos ser ingenuos. Como institución de reciente creación, tendrá que pasar por un complejo proceso de aprendizaje, y tiene ante sí retos formidables, a los que no se podrá enfrentar sin el apoyo y trabajo colaborativo de las universidades, de los sectores profesionales valencianos de la comunicación, del audiovisual y de la publicidad, y del conjunto de la sociedad civil valenciana. El éxito del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana, sin duda, tendrá un efecto muy directo sobre la calidad de la comunicación. Es responsabilidad de la ciudadanía en su conjunto que este ilusionante proyecto se consolide. Está en juego también la calidad de nuestra joven democracia.

 

Javier Marzal Felici es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad y director del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Jaume I

Ley Consell del Audiovisual

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En abril de 2020, hace un año y cuando la pandemia del coronavirus acababa de empezar y ninguno sabíamos cuánto podría alargarse, Raquel Pérez Ejerique fue ratificada como nueva directora de informativos de À Punt, la autonómica valenciana. Recibió el apoyo mayoritario del Consejo de Informativos, tras ser la candidata mejor valorada del concurso público, e inició una etapa en una cadena pública tras dos décadas de experiencia en distintos medios que culminó al destapar el "caso Máster" de Cristina Cifuentes y ser jefa de Investigación en elDiario.es.


¿Qué valoración hace de este primer año al frente de los informativos de À Punt?

El balance es muy positivo, no sólo por la audiencia de los informativos, que ha crecido y que demuestra que sí era necesaria una televisión pública. Si esa televisión pública no hubiera estado, no nos habríamos enterado de muchas cosas, más aún con toda la pandemia. Los valencianos habríamos seguido la pandemia desde cadenas nacionales. Hemos podido dar mucha información, muchas señales en directo... todo por lo que la información autonómica y local es necesaria. Así que el balance ha sido muy positivo.

Eso desde el punto de vista del servicio público. En cuanto a las cifras, pues también hemos subido, hay un gran consumo de informativos. A veces hacemos récord, como el informativo más seguido a mediodía en algunos puntos, hemos estrenado la web... Todo muy bien.

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