Es decir que hemos llegado a un punto (bien es verdad que no sólo en el tema de la radiodifusión) en que es casi transgresor el pedir que se cumpla la ley y que se haga realidad lo dicho en sede parlamentaria o en los programas electorales. En su lugar nos encontramos con vaivenes poco explicados sobre los que se levantan fundadas sombras de sospecha de favoritismo (¿personal, político?).
El diseño del actual sistema audiovisual empezó con una buena idea -la creación de un Consejo que estudiara la reforma de los medios de titularidad pública- pero pronto se comenzó a torcer con una tramitación parlamentaria incoherente. En vez de diseñar primero una ley Audiovisual e ir descendiendo en el diseño del mapa de la radiodifusión, se hizo una ley específica para RTVE (Ley 17/2006) y hubo que esperar cuatro años para ver una ley general del audiovisual (Ley 7/2010) que modificó la primera, ya de por si modificada por otra ley salida con urgencia en pleno mes de agosto (ley 8/2009) con el descarado fin de sanear las cuentas de resultados de las empresas privadas de televisión. Estas modificaciones de los dos últimos años han dejado bastante comprometido el mandato-marco aprobado en diciembre de 2007 por el Congreso de los Diputados y el Senado y suponemos han contribuido a que todavía no se haya publicado ningún contrato-programa (previsto en el artículo 32 de la ley 17/2006) después de casi cinco años de vigencia de la ley de la radio y televisión de titularidad estatal.
Las leyes y el mandato marco actual tienen su zonas de sombra y artículos-trampa pero nos conformaríamos simplemente que se cumplieran en todo su articulado, que para eso se han aprobado, empezando por el artículo 2 de la ley que regula a la actual Corporación de Radio y Televisión:
El servicio público de radio y televisión de titularidad del Estado es un servicio esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas que tiene por objeto la producción, edición y difusión de un conjunto de canales de radio y televisión con programaciones diversas y equilibradas para todo tipo de público, cubriendo todos los géneros y destinadas a satisfacer necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad española; difundir su identidad y diversidad culturales; impulsar la sociedad de la información; promover el pluralismo, la participación y los demás valores constitucionales, garantizando el acceso de los grupos sociales y políticos significativos.
Lo cual se complementa con lo expresado en el artículo 7 del mandato marco a la Corporación de RTVE:
Forma parte de la función del servicio público esencial de la Corporación RTVE la producción, edición y difusión de un conjunto de canales de radio, televisión y medios interactivos e Internet con contenidos de calidad diversos y equilibrados para todo tipo de público, cubriendo todos los géneros y destinados a satisfacer necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad española reflejando su identidad y diversidad cultural, lingüística promoviendo el pluralismo y la participación.
La Corporación RTVE asimismo, contribuirá al desarrollo de la Sociedad de la Información, fomentará el pluralismo, el debate democrático, el espíritu crítico y la participación de los ciudadanos en el desarrollo político, social, económico y cultural de España, así como los demás valores constitucionales, garantizando el acceso de los grupos sociales y políticos significativos. Para el efectivo cumplimiento de esa función de servicio público será imprescindible que la Corporación RTVE alcance en el sector audiovisual una posición destacada que garantice la suficiente presencia en la sociedad.
Pues pongamos a ello y cumplamos de una vez la ley y las normas que las complementan...
