Jueves, Julio 02, 2020
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[Blog PERIODISMO EN LAS AMERICAS]

Los activistas y trabajadores de los medios en Guatemala que luchan por la aprobación de una ley para proteger la existencia de radios comunitarias en el país están enfrentando la oposición de una asociación de empresas de radio y televisión.

La Ley de Medios de Comunicación Comunitaria, parte de la Iniciativa de Ley 4087, legalizaría las radios comunitarias en Guatemala al otorgarles espacio en el espectro radioeléctrico. La ley fue recientemente reintroducida ante el Congreso de Guatemala por la diputada Sandra Morán con el apoyo del diputado Amílcar Pop.

El 60 por ciento de la población de Guatemala es indígena, según el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. En el país hay alrededor de 24 comunidades indígenas diferentes y otro gran número de lenguas habladas.

De acuerdo con Cultural Survival, una organización sin ánimo de lucro que lucha por los derechos de las comunidades indígenas y que ha expresado su apoyo y se ha movilizado por la ley, las radios comunitarias en Guatemala "actualmente operan en un área legal gris, con el riesgo de redadas policiales y cárcel para los voluntarios de la radio".

Las estaciones "tienen la función vital de llevar información sobre noticias importantes y programación educativa como operaciones de emergencia, registro de votantes, campañas de salud pública a los oyentes en sus propios idiomas locales, alcanzando incluso las zonas más rurales en donde la radio es la única forma asequible de comunicación", dijo Cultural Survival.

Publicado en Noticias seccion

[Europa Press]

El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos presentados por Red de Medios Comunitarios y otras televisiones sin ánimo de lucro contra el Real Decreto por el que se aprobó el Plan Técnico Nacional de la TDT, al entender que no queda probado que no garantice disponibilidad de dominio público destinado a la prestación de servicios audiovisuales sin ánimo de lucro.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal concluye desestimando la petición de los recurrentes --Federación de Asociaciones para el Desarrollo Comunitario de Vallecas y Asociación Amics de Radio Televisión Cardedeu, además de Red de Medios Comunitarios-- que consideran ilegal el Real Decreto 805/2014 por no cumplir con lo expuesto en la Ley General de Comunicación Audiovisual.

Estos medios comunitarios han denunciado en numerosas ocasiones que la Administración General del Estado no ha garantizado la disponibilidad de dominio público radioeléctrico para los que prestan servicios comunitarios sin ánimo de lucro. Sin embargo, en su resolución, el Supremo alude a un informe pericial que determina que "no ha quedado acreditado que la planificación llevada a cabo por el Real Decreto cierre el espectro radioeléctrico" a estos medios.

Según dicho informe, realizado a petición de los recurrentes, "actualmente no existen razones técnicas y legales que impidan a la Administración General de Medios planificar y asignar dominio público radioeléctrico" a las entidades comunitarias sin ánimo de lucro. No obstante, también considera "necesario" que la AGE "planifique y acometa" un nuevo Plan Técnico Nacional para la TDT que establezca el procedimiento de liberación de las bandas de frecuencias afectadas por el segundo dividendo digital. CAMPAÑAS PREVIAS
La Red de Medios Comunitarios (ReMC) junto a televisiones comunitarias pioneras como Televisió de Cardedeu o TeleK de Vallekas, pusieron en marcha el año pasado la campaña '#DemocratizaLasOndas' con la cual denunciaban el reparto del espectro realizado por el Ejecutivo así como el concurso para la adjudicación de canales de TDT por entender que las bases del mismo eran "discriminatorias".

Al respecto, el alto tribunal recoge en su sentencia que la Ley General de Comunicación Audiovisual debe garantizar también la prestación de servicios como emisión de los contenidos en abierto y sin ningún tipo de comunicación comercial, la exigencia de licencia previa, que no podrá ser objeto de transmisión ni arrendamiento y la posibilidad de usos compartidos de canal, entre otros aspectos.

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Los activistas y trabajadores de los medios en Guatemala que luchan por la aprobación de una ley para proteger la existencia de radios comunitarias en el país están enfrentando la oposición de una asociación de empresas de radio y televisión.

La Ley de Medios de Comunicación Comunitaria, parte de la Iniciativa de Ley 4087, legalizaría las radios comunitarias en Guatemala al otorgarles espacio en el espectro radioeléctrico. La ley fue recientemente reintroducida ante el Congreso de Guatemala por la diputada Sandra Morán con el apoyo del diputado Amílcar Pop.

El 60 por ciento de la población de Guatemala es indígena, según el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. En el país hay alrededor de 24 comunidades indígenas diferentes y otro gran número de lenguas habladas.

De acuerdo con Cultural Survival, una organización sin ánimo de lucro que lucha por los derechos de las comunidades indígenas y que ha expresado su apoyo y se ha movilizado por la ley, las radios comunitarias en Guatemala "actualmente operan en un área legal gris, con el riesgo de redadas policiales y cárcel para los voluntarios de la radio".

Las estaciones "tienen la función vital de llevar información sobre noticias importantes y programación educativa como operaciones de emergencia, registro de votantes, campañas de salud pública a los oyentes en sus propios idiomas locales, alcanzando incluso las zonas más rurales en donde la radio es la única forma asequible de comunicación", dijo Cultural Survival.

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