[El Independiente]
En los despachos de las compañías de televisión españolas ha prendido una queja compartida: la de que el regulador del ramo las está “friendo a multas”. Las empresas alertan desde hace tiempo de la hiperregulación a la que están sometidas a través de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Y denuncian una suerte de ojeriza contra el sector por parte del supervisor, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
“No, las televisiones no están perseguidas”, replican fuentes de la CNMC. “Las multas se imponen después de hacerles llegar varios requerimientos a las empresas. Y los expedientes se abren, en la mayoría de los casos, porque ha llegado una denuncia”. De hecho, en ocasiones se tratan de denuncias cruzadas entre las propias televisiones, que avisan al regulador de las malas prácticas en los programas estrella de sus rivales y que reciben, por ello, otras denuncias de vuelta. Es la otra cara de la competencia entre cadenas.
Lo cierto es que las televisiones españolas acumulan una cincuentena de expedientes que se han saldado con decenas de sanciones (cada expediente puede incluir varias multas) por importe de casi 36 millones de euros desde la creación de la CNMC en 2013.
“¿Se podrían poner más multas? Sí. Pero para eso deberíamos poder controlar de manera permanente los 26 canales en abierto y los cien de pago. Con el equipo que tiene la CNMC no se puede hacer más”, se declara desde el regulador presidido por José María Marín Quemada. “En cualquier caso, la política adecuada no es aumentar aún más la supervisión de la CNMC. No hay regulador que pueda controlarlo todo. La mejor política es la autorregulación. Pero no hay voluntad”.
En paralelo, las televisiones tradicionales se quejan del agravio comparativo que supone la hiperregulación que consideran que ellas soportan, frente a la flexibilidad que disfrutan los operadores online y otros nuevos formatos, y es que para “los que utilizan nuevas formas de distribución la normativa es laxa o inexistente”, se quejan desde Uteca. “Es por ello, y por la obsolescencia de ciertos aspectos, que se hace urgente y necesario modificar el marco normativo, para ajustarlo a la realidad actual y para equiparar las obligaciones de todos los prestadores de servicios”.
