La democracia participativa se basa en que los ciudadanos eligen a sus representantes institucionales en virtud de la información que necesitan para ello, que tienen disponible a través de los medios de comunicación. El sistema no funciona, y tal vez no lo haya hecho nunca del todo en ninguna parte del mundo, pero para que su disfunción sea de la magnitud que observamos hoy aquí y se mantenga en el tiempo se deben dar muchas circunstancias, entre las cuales se hallan las siguientes:
1. El sistema mediático ha de estar desregulado, de modo que a pesar de la pluralidad aparente de informaciones, la mayoría de los medios se sitúan en unos pocos grupos de comunicación, susceptibles de atender a ciertas llamadas o de colaborar con ciertas estrategias. De hecho, ya en 2009 23 directores de medios de ámbito nacional consultados por la Asociación de la Prensa de Madrid denunciaron una reducción de la independencia de los medios frente a las fuentes de financiación. En este contexto pueden interpretarse como puntas de icebergs el supuesto coste de 84.000 euros de la entrevista de Luisa Fernanda Rudi, presidenta de Aragón al diario Expansión, o la reciente denuncia de Amber Lyon periodista de la CNN y ganadora de un EMY sobre cómo la CNN recibió pagos de Barahin para que su cobertura diaria del conflicto de la zona fuese favorable a las autoridades.
2. Los medios públicos han de tener escasa importancia en el conjunto del sistema, es decir, su peso no debe ser preeminente para evitar que propague sus posibles efectos beneficiosos para el interés general (en los últimos tiempos algunas leyes se orientan en este sentido),y/o sus profesionales han de estar desactivados. Hay muchas formas de conseguirlo: hacer depender su carrera profesional de factores no objetivos, amenazar sus condiciones laborales, e incluso si los trabajadores se resisten de forma frontal- como ocurre actualmente en los informativos de TVE - se contrata una redacción paralela, se aparta a los periodistas que no se resisten o se les encargan temas "seguros". Todo esto está ocurriendo según manifiesta el informe de la Federación Europea de Periodistas en nuestra televisión pública y se llega al conflicto abierto porque frente a la voluntad del gobierno de subvertir la lógica del interés general hacia sus intereses particulares los periodistas, cuyos empleos son públicos y tienen cierta seguridad laboral ( aunque disminuida y amenazada) se oponen. En los medios privados no existe el conflicto porque, como sucedió con siete reputados periodistas de la La Ser en febrero del presente año, se despide a quien protesta.
3. Los periodistas de los medios privados han de configurarse, a grosso modo, de acuerdo a un "star system" en el que existen fundamentalmente dos categorías:
a) Las estrellas, representadas en su máxima esencia por tertulianos y articulistas muy cercanos a las estructuras de poderes fácticos (partidos políticos,patronal...) con sueldos abultados y a veces salpicados por los mismos casos de corrupción. Un ejemplo claro de ello es el de Antonio Alemany, condenado por prevarización, malversación y falsedad en documento mercantil por cobrar de manera ilegal sus trabajos para el expresidente balear Jaume Matas, también en prisión. Antiguo columnista de El Mundo y exdirector del Diario de Mallorca, Alemany escribía los discursos de Matas cuando fue presidente de Baleares y ministro de Medio Ambiente. Mientras, ejercía como columnista y editorialista en El Mundo en Baleares y más tarde como empresario de medios locales. Lanzó una agencia de noticias patrocinada por el Gobierno del PP y abrió un combativo digital Libertad Balear.
b) La masa precaria de periodistas, sometida a condiciones laborales tan exigentes y tan mal remuneradas que en porcentajes significativos abandonan la profesión a los pocos años de ejercerla (y evitan así, de nuevo, el conflicto). Esta tendencia ya estaba consolidada antes de la crisis y ha ido empeorando con ella. Según la encuesta realizada entre los periodistas españoles por la Asociación de la Prensa de Madrid para casi el 60% de los encuestados, el aumento del paro y la precariedad laboral suponen el primer problema del colectivo en 2014, diez puntos más que el año anterior. Le siguen la independencia política y económica de los medios y, la mala retribución del trabajo.
Siendo todo esto así - y teniendo en mente los graves asuntos de los que los medios no han informado (sin entrar siquiera a valorar la cuestión de los sesgos) podemos albergar una idea de lo mal equipada que se encuentra cada átomo de nuestra sociedad para a partir de ellos decidir a quién votar (entre otras importantes decisiones). Pero entonces ¿qué ha permitido que la sociedad se haga consciente del tipo de carencias que sufre, al menos en cierta medida? Hoy por hoy resulta difícil mantener que nuestra sociedad se asimile a la de la Edad Media como algunos analistas sostienen, es decir, una sociedad estamental y jerarquizada, y en dónde la información solo fluya de arriba abajo y de forma instrumental. Si fuese del todo así, el cuerpo social no habría sabido reconocer que desde la crisis de 2008 se perfila un cambio de rumbo hacia una modelo menos orientado al interés general y más al de algunas entidades que se nos aparecían entonces como difusas y a las que hoy vamos poniendo rostro. La sociedad ha sabido acusar un ataque contra la calidad de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y ha articulado movimientos de resistencia, especialmente entre sanitarios y profesores. Y esta nueva perspectiva ha favorecido la generación de nuevos medios creados por periodistas y externos al sistema financiero, ha existido un intenso trabajo cívico y asociativo y las élites se han sentido amenazas y han comenzado a atacarse entre sí. Es decir, el 15M y las mareas inician un proceso de toma de conciencia que -entre otros factores- explica que hoy conozcamos cosas que estaban ocultas.
Los profesores y los médicos son los colectivos más apreciados socialmente según el CIS y parte de su plantilla es funcionaria, por lo que gozan de mayor protección laboral que otros colectivos. Cabe que nos preguntemos si estos movimientos en defensa del interés general hubiesen sido posibles sin ese prestigio y sin esa seguridad laboral. Cabe que nos preguntemos si- siendo la información que recibimos tan deficitaria- la sociedad española podrá mantener esa capacidad de resistencia si las campañas mediáticas de desprestigio de nuestros profesionales sanitarios y docentes tienen éxito y permiten por fin, las ansiadas "reformas en los sistemas de contratación" que van hacia la desfuncionarización.
Decíamos que para que haya democracia participativa ha de haber información para que los ciudadanos puedan tomar decisiones: añadamos que también debe haber formación que sustente la interpretación y el cuestionamiento de esa información. Y ha de haber sectores sociales con capacidad de liderar procesos de cuestionamiento y de enfrentamiento cívico. Si todo esto fallase, la sociedad internalizaría con total facilidad la lógica de que el mundo parece plural pero que no lo es, que parece democrático, pero no lo es, porque ganan los de siempre y mandan los de siempre, como ha sido toda la vida, durante los siglos de los siglos. Es decir, la lógica del interés privado colonizaría el "sentido común". Ya tiene a los medios de comunicación, y lleva años tras la Universidad. Por estos motivos me siento alarmada por las sucesivas reformas que se vienen haciendo de la Universidad Pública, que han sido definidas reciente por Noah Chomsky como un "asalto neoliberal" y cuyas medidas recuerdan en cierta forma a las que distraen a ese ejército de periodistas bien intencionados pero coartados, de su misión social de servicio público a la democracia.
El comité de expertos nombrado por el Ministro Wert recomendó desfuncionarizar la Universidad y se encontró con el voto particular en contra de dos de sus miembros, constitucionalistas, que encontraban que la medida es inconstitucional porque los profesores universitarios han de tener garantizada la libertad de cátedra: es decir, su independencia. El gobierno también planea que la retribución del profesorado sea variable, según una serie de criterios para supuestamente atraer y mantener al mejor "talento". Se parte, por tanto, de la idea de que los mejores profesionales son más sensibles a las recompensas externas en forma de dinero, que a la vocación de servicio público.
No me preocupa nada que el sistema actual introduzca algunas variables por productividad, dentro de cierto margen razonable, pero temo que esta medida pueda llevar a crear un "star system" parecido al que hoy funciona en el periodismo, mediante el que las élites académicas estén tan cerca de los poderososos como- el decano de la Universiad de Columbia Glenn Hubbard, cuyos informes legitimaron las prácticas especulativas que llevaron al crash mundial del 2008, a cambio de miles de dólares. Y del otro lado un precariado de profesores universidades, cada vez más agobiados con labores administrativas (como ya sucede), y cada vez más orientada a realizar un tipo de publicaciones concreto. Investigar, enseñar, y difundir el conocimiento debe suponer la base del trabajo de profesor, y la sociedad sale ganando si a los profesores y periodistas se les dota de tiempo e instrumentos para analizar la sociedad en la que vive y para tratar de poner sus conocimientos al servicio de la misma, a veces sin que eso conlleve resultados inmediatos objetivables, y a veces a contracorriente.
Hay elementos que nos permiten decir que la educación en España ha funcionado en los últimos años en un aspecto fundamental para nuestra convivencia democrática: nos ha permitido rechazar el tipo de sociedad excluyente que nos quieren imponer, evitar la tentación al racismo habitual en tiempos turbulentos, e incluso aspirar a una sociedad mejor. Deberíamos aplicar al periodismo algunas las formas de organización de la comunidad universitaria que han funcionado (y que han de perfeccionarse): la democracia interna y la seguridad laboral. Y si sumamos a ambas profesiones una organización de su carrera profesional y de sus labores en función de su misión de servicio público estaríamos muy cerca de conseguir la sociedad ilustrada y amable que anhelamos. Por el contrario, la lógica reformadora que se nos desea imponer nos aboca a un sistema de formación e información, es decir a unos medios y una Universidad, propia de la Edad Media del siglo XXI.
María Lamuedra Graván. Investigadora Ramón y Cajal de la Universidad de Sevilla.
