[El País]
El concurso para transportar las señales de la radiotelevisión pública arranca con polémica. RTVE anunció el 28 de julio el pliego de bases para adjudicar la concesión, por tres años prorrogables por otros tres, de un contrato sustancioso: el año pasado esta partida fue de 73 millones. La convocatoria ha encontrado la oposición de la compañía luxemburguesa de satélites SES Astra, según la cual el pliego está elaborado a la carta para Cellnex, el principal operador de la TDT.
La licitación, cuyo plazo para presentar ofertas finaliza el 12 de septiembre, abarca dos lotes: uno para las cabeceras de TDT y radio y otro para el servicio de emisión de TDT, que incluye “el transporte, distribución y difusión para toda España” de los canales de la televisión pública. En una carta remitida a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), SES Astra sostiene que según las condiciones del concurso “solamente puede presentarse” una empresa, y denuncia que “cierra cualquier ventana de oportunidad existente para el servicio de transporte”.
En su exposición asegura también que el pliego técnico está dirigido a extender “la posición de dominio de Cellnex” tanto en el servicio de difusión —llevar las señales desde los centros de emisión a los hogares— como en el de transporte —subir la señal desde los estudios de los operadores a los centros—. En su opinión, solo Cellnex, filial de Abertis, está en disposición de ofrecer ambos servicios conjuntamente, lo que expulsa de forma automática a otros posibles competidores.
[CNMC]
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha publicado su primer informe sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones de servicio público audiovisual de la Corporación de Radio y Televisión Española (CRTVE) correspondiente al ejercicio 2014.
El control y seguimiento de la misión de servicio público por parte de una autoridad audiovisual independiente es un requisito esencial para garantizar el efectivo cumplimiento de dicha misión. No obstante, la inexistencia de tal autoridad, hasta la creación de la CNMC, ha tenido como consecuencia directa la ausencia de supervisión efectiva hasta este momento.
Con el objetivo de poner fin a esta falta de control, la CNMC ha elaborado este primer informe. De forma pormenorizada analiza el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa audiovisual al prestador de servicio público. Así como los efectos que sobre el cumplimiento de las mismas han tenido las modificaciones en el sistema de financiación en los últimos años.
Respecto a este último punto, el informe concluye que el cambio realizado en el régimen de financiación de la CRTVE en los últimos años ha supuesto en la práctica una mayor incertidumbre presupuestaria. Ante este escenario, la CNMC recomienda revisar el sistema de financiación para garantizar su estabilidad presupuestaria.
En relación con el cumplimiento del servicio público, la CNMC considera que carece de algunos de los instrumentos de control que prevé la normativa (en particular, los Contratos-Programa). Se trata de una herramienta esencial, tanto para verificar que presta sus obligaciones como para facilitar la supervisión del regulador.
La CNMC advierte de que para elaborar este primer informe no ha podido contar con una metodología cualitativa que le permita verificar el cumplimiento íntegro de misiones tan relevantes como el pluralismo informativo. Ante la falta de este instrumento, se ha ceñido a realizar un análisis cuantitativo en relación con la presencia de los agentes políticos en los principales contenidos informativos de la TVE.
Tras un minucioso análisis, la CNMC concluye que, con carácter general, a lo largo del año 2014, la CRTVE ha cumplido con las obligaciones de servicio público encomendadas por la normativa sectorial. El informe señala, en particular, que la CRTVE está sometida a una gran variedad de obligaciones, muchas de las cuales no siempre son visibles para la ciudadanía, pero que condicionan de manera importante su labor y suponen un gran esfuerzo en términos presupuestarios y de recursos dedicados.
[Vozpópuli]
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado este miércoles su primer informe de evaluación del servicio público que presta RTVE a la sociedad. La principal conclusión de este documento es que el actual sistema de financiación de la corporación no le proporciona la estabilidad económica necesaria para cumplir la misión que tiene asignada. Esto abre la puerta a la búsqueda de nuevas fórmulas para hacer la televisión pública sostenible, que podrían pasar por la vuelta de la publicidad a uno o varios de sus canales; o por cambiar la ley para permitirle aumentar sus ingresos por la vía de los patrocinios.
Desde el punto de vista de la CNMC, la inconsistencia de este modelo de financiación dificulta a RTVE el cumplimiento de los objetivos que debe perseguir, que están especificados en su Mandato Marco, en la Ley 17/2006 sobre la radio y la televisión de titularidad estatal; y en la propia normativa que regula sus ingresos y su techo de gasto (Ley 8/2009). No obstante, el informe elaborado por el súper-regulador también incide en que los constantes cambios que se han producido en la Presidencia del ente público durante los últimos años también han complicado el cumplimiento de su misión.
Las fuentes de la CNMC consultadas por Vozpópuli inciden en que este primer informe se ha realizado de forma muy general y con una metodología que se modificará en los próximos años para señalar con más precisión las carencias de RTVE. A partir de ahora, sus conclusiones se trasladarán a la comisión parlamentaria que evalúa el rumbo de la corporación.
[La guíatv]
Un informe sobre la gestión de RTVE elaborado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, al que ha tenido acceso ABC, pone en evidencia los aciertos y carencias en la gestión de la corporación el año pasado. La SEPI, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda que tiene entre sus funciones la tutela de la cadena pública, entiende que 2015 fue un «año complejo», en un contexto difícil «desde el punto de vista macroeconómico, sectorial y político». «Si bien las condiciones generales del país han empezado a mejorar (...), las principales limitaciones en cuanto a gasto público no han desaparecido», explica el texto, «con unos niveles de deuda y déficit público muy tensos, lo cual supone una de las principales incertidumbres para el modelo de financiación».
Uno de los puntos favorables del pasado ejercicio fue el nuevo tratamiento del IVA, que permitió una reducción del gasto de 78,7 millones, si bien esto «no ha sido suficiente para equilibrar la cuenta de resultados e incrementar la cuota de audiencia». En este sentido, el informe destaca que Mediaset logró el 31% y Atresmedia del 26%, «muy por encima de RTVE», con el el 16,7%. Se configura así, dice la SEPI, «un modelo de duopolio inédito en el contexto europeo». En este entorno, añade, la estructura operativa de la corporación «resulta ya claramente desajustada».
Por todo ello, el modelo actual de financiación sigue planteando «serias dificultades debido a su inestabilidad y a su indefinición y falta de transparencia en cuanto a la determinación de los ingresos». Eso impide adoptar decisiones operativas a largo plazo en un entorno donde es imprescindible hacerlo, y supone «una situación difícil de mantener». El mayor peligro, concluye la SEPI, es el deterioro de la audiencia, que terminó el año en el 9,8% de cuota en La 1, «nivel que puede considerarse crítico».
Otro de los factores que celebra la SEPI es que las medidas adoptadas en el marco del «Plan de sostenibilidad y mejora de la eficiencia» puesto en marcha en 2014 tuvieron «un impacto favorable, logrando una reducción de gastos generales de 14,3 millones». No obstante, no se alcanzó el objetivo en alguno de sus programas ni en los costes de personal, «lo que obligará a actualizarlo» en 2016. Otros puntos fuertes fueron la venta de productos, que ascendió a 14,2 millones, y los ingresos por patrocinios (16,9 millones). Asimismo, los gastos de explotación se redujeron notablemente respecto a lo presupuestado y al ejercicio anterior.
El resultado de explotación, por último, ascendió a 35,1 millones de pérdidas, «desviándose frente al presupuesto en 39,1 millones pero mejorando respecto al ejercicio anterior de manera sustancial, en 94,1 millones». Al menos a nivel operativo, concluye el texto, «es posible esperar una cierta estabilidad de mantenerse la corporación en los actuales niveles de actividad y de costes».
[Dircomconfidencial.com]
Radio Televisión Española (RTVE) ha comunicado los resultados referidos al primer semestre del presente año. La corporación llega al meridiano del ejercicio situando su deuda en los 29,5 millones de euros, la cota más baja en los dos últimos años según la nota de prensa que ha difundido.
La cifra de deuda que registra RTVE resulta más significativa si se compara con la arrojadas a finales del ejercicio del 2015, cuando el endeudamiento con las entidades de crédito ascendía a 86,3 millones de euros. Eso sí, cerró el año pasado con unas pérdidas de 33,6 millones de euros, aunque la cadena pública lo presentó como el más favorable desde la aprobación de la ley de financiación en 2009.
Además de una reducción en el endeudamiento, la corporación ha saldado los primeros seis meses del año con un superávit de casi 2 millones de euros, lo que se interpreta como ligero control en el gasto para este 2016, que de seguir esta línea podría llegar a ceñirse a los 974 millones de euros que presupuestó su presidente, José Antonio Sánchez, ante el Congreso el año pasado.
Pero además, espera que la Agencia Tributaria le devuelve 40,8 millones de euros correspondientes a la campaña del IVA del 2015. “Su cobro mejoraría notablemente la situación financiera de la Corporación”, informa la nota de resultados.
Según informa RTVE en el comunicado mencionado,”si bien a mediados de julio de 2014 fue necesaria una recapitalización de RTVE con una inyección de liquidez de 130 millones de euros por parte de la SEPI, desde principios de 2015, la situación económica de la Corporación ha mejorado de forma sensible, reduciéndose el déficit de ese mismo año”.
[El País]
La mayoría del pleno de las Cortes Valencianas ha recibido hoy con un cerrado aplauso la aprobación de la proposición de ley de creación de la nueva Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (radio y televisión). La norma ha salido adelante sin ningún voto en contra, dos años y ocho meses después de que el Gobierno de Alberto Fabra (PP) cerrase la Radiotelevisión Valenciana (RTVV).
PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos han votado a favor mientras que el PP se ha abstenido. En total, la proposición de ley que regula la nueva televisión autonómica valenciana se ha aprobado por 64 votos a favor y 29 abstenciones.
La ley introduce nuevos mecanismos de control y supervisión sobre la corporación de medios de comunicación. Prevé que el presidente se elija por convocatoria pública y se crean un consejo rector, otro de la Ciudadanía y otro de Informativos que elegirán las Cortes y otros organismos, no la Generalitat.
El PP ha justificado su abstención con la tesis de que esta ley es coincidente al 90 % con la anterior promulgada en 2012, pero "no consensuada, imprudente, no meditada, incorrecta e interesada".
[Europa Press]
El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos presentados por Red de Medios Comunitarios y otras televisiones sin ánimo de lucro contra el Real Decreto por el que se aprobó el Plan Técnico Nacional de la TDT, al entender que no queda probado que no garantice disponibilidad de dominio público destinado a la prestación de servicios audiovisuales sin ánimo de lucro.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal concluye desestimando la petición de los recurrentes --Federación de Asociaciones para el Desarrollo Comunitario de Vallecas y Asociación Amics de Radio Televisión Cardedeu, además de Red de Medios Comunitarios-- que consideran ilegal el Real Decreto 805/2014 por no cumplir con lo expuesto en la Ley General de Comunicación Audiovisual.
Estos medios comunitarios han denunciado en numerosas ocasiones que la Administración General del Estado no ha garantizado la disponibilidad de dominio público radioeléctrico para los que prestan servicios comunitarios sin ánimo de lucro. Sin embargo, en su resolución, el Supremo alude a un informe pericial que determina que "no ha quedado acreditado que la planificación llevada a cabo por el Real Decreto cierre el espectro radioeléctrico" a estos medios.
Según dicho informe, realizado a petición de los recurrentes, "actualmente no existen razones técnicas y legales que impidan a la Administración General de Medios planificar y asignar dominio público radioeléctrico" a las entidades comunitarias sin ánimo de lucro. No obstante, también considera "necesario" que la AGE "planifique y acometa" un nuevo Plan Técnico Nacional para la TDT que establezca el procedimiento de liberación de las bandas de frecuencias afectadas por el segundo dividendo digital. CAMPAÑAS PREVIAS
La Red de Medios Comunitarios (ReMC) junto a televisiones comunitarias pioneras como Televisió de Cardedeu o TeleK de Vallekas, pusieron en marcha el año pasado la campaña '#DemocratizaLasOndas' con la cual denunciaban el reparto del espectro realizado por el Ejecutivo así como el concurso para la adjudicación de canales de TDT por entender que las bases del mismo eran "discriminatorias".
Al respecto, el alto tribunal recoge en su sentencia que la Ley General de Comunicación Audiovisual debe garantizar también la prestación de servicios como emisión de los contenidos en abierto y sin ningún tipo de comunicación comercial, la exigencia de licencia previa, que no podrá ser objeto de transmisión ni arrendamiento y la posibilidad de usos compartidos de canal, entre otros aspectos.
[La Vanguardia]
El presidente de Ciudadanos y candidato en las elecciones del 26 de junio, Albert Rivera, ha insistido en cambiar el modelo de financiación de RTVE y ha apostado por la implantación de un canon.
Rivera ha descartado la vuelta a la publicidad para financiar los medios de comunicación públicos. "Soy más partidario de ser franco y libre y que los españoles sepan cuánto vale la televisión y la radio porque la calidad cuesta dinero", ha indicado Rivera en una entrevista en RNE.
El dirigente de Ciudadanos ha reclamado además que RTVE cuente con un presupuesto plurianual y no esté sometido "al recorte permanente cada año dependiendo del gobierno de turno, porque el sector audiovisual es una cosa estratégica para un país".
Rivera ha insistido en despolitizar la corporación pública porque "TVE no es del PP, del PSOE, ni de Podemos o Ciudadanos, es de los españoles y me preocupa que haya una especie de lucha entre los sindicatos y la dirección y estén en medio los trabajadores y los españoles".
[El País]
A cualquier líder político que se le pregunte cuál es su modelo ideal de televisión pública responderá sin sombra de duda que la BBC. El candidato del PP, Mariano Rajoy, no podía fallar. Durante una entrevista en la radio pública dijo que los partidos deberían llegar a un consenso para tener una televisión “independiente” y ajena a las disputas partidistas, a imagen y semejanza de la británica. Cualquier espectador mínimamente avispado se dará cuenta de que entre el canal público británico y el español media una distancia sideral. En los últimos cuatro años, el propio Rajoy ha hecho todo lo posible por acrecentarla.
Se podría decir que la BBC y TVE son entes antagónicos. Y no solo porque la británica sea la organización audiovisual más poderosa del mundo. Las diferencias afectan a la designación del presidente, la financiación o la calidad de los contenidos. En 2006 el Gobierno de Zapatero quiso importar el modelo de la BBC y consiguió cambios históricos para la radio y la televisión estatal al confiar a una mayoría parlamentaria el nombramiento del presidente de RTVE, lo que obligaba a un consenso entre PSOE y PP. También suprimió la publicidad, diseñó un nuevo sistema de financiación e impulsó unos informativos plurales e independientes.
Tras la llegada de Rajoy a La Moncloa, el presidente de RTVE ha vuelto a ser elegido en solitario por el PP, la subvención ha sufrido un enorme hachazo y los informativos han recaído en el sesgo progubernamental. Resulta esperpéntico que ahora el candidato del PP clame por una televisión independiente y apele al consenso después de haber hecho todo lo posible por romperlo. El candidato Rajoy aboga también por una televisión pública con contenidos diferenciados de los de los canales comerciales. Solo hay que zapear por la parrilla de TVE y la de un canal privado elegido al azar para comprobar que muchos formatos son intercambiables.
[El País]
A cualquier líder político que se le pregunte cuál es su modelo ideal de televisión pública responderá sin sombra de duda que la BBC. El candidato del PP, Mariano Rajoy, no podía fallar. Durante una entrevista en la radio pública dijo que los partidos deberían llegar a un consenso para tener una televisión “independiente” y ajena a las disputas partidistas, a imagen y semejanza de la británica. Cualquier espectador mínimamente avispado se dará cuenta de que entre el canal público británico y el español media una distancia sideral. En los últimos cuatro años, el propio Rajoy ha hecho todo lo posible por acrecentarla.
Se podría decir que la BBC y TVE son entes antagónicos. Y no solo porque la británica sea la organización audiovisual más poderosa del mundo. Las diferencias afectan a la designación del presidente, la financiación o la calidad de los contenidos. En 2006 el Gobierno de Zapatero quiso importar el modelo de la BBC y consiguió cambios históricos para la radio y la televisión estatal al confiar a una mayoría parlamentaria el nombramiento del presidente de RTVE, lo que obligaba a un consenso entre PSOE y PP. También suprimió la publicidad, diseñó un nuevo sistema de financiación e impulsó unos informativos plurales e independientes.
Tras la llegada de Rajoy a La Moncloa, el presidente de RTVE ha vuelto a ser elegido en solitario por el PP, la subvención ha sufrido un enorme hachazo y los informativos han recaído en el sesgo progubernamental. Resulta esperpéntico que ahora el candidato del PP clame por una televisión independiente y apele al consenso después de haber hecho todo lo posible por romperlo. El candidato Rajoy aboga también por una televisión pública con contenidos diferenciados de los de los canales comerciales. Solo hay que zapear por la parrilla de TVE y la de un canal privado elegido al azar para comprobar que muchos formatos son intercambiables.
La representación de los profesionales de la radiotelevisión pública extremeña quiere expresar su más profundo rechazo al anuncio realizado hoy por la dirección del ente de continuar con la privatización de los informativos de la televisión pública. En primer lugar, el comité de empresa manifiesta que ello supone continuar con la línea de la anterior dirección y mercantilizar el derecho constitucional a la información, razón de ser de los medios públicos.
Desmentimos tajantemente que estos servicios se traten de un servicio de apoyo, como manifiesta el canal en nota de prensa, sino que supone una privatización parcial del personal que realiza los informativos, principal área de producción del personal del ente. Datos como que más del doble de los cámaras o del personal de la provincia de Cáceres que trabajan para los informativos esté privatizado así lo indican.
Además, las licitaciones de servicios como este suponen partidas presupuestarias fijas. Un dinero que compromete el presupuesto reduciendo las opciones de lidiar con las posibles adversidades económicas, como la que atraviesa actualmente la CEXMA. Sirva como ejemplo el actual conflicto abierto entre Trovideo y el canal autonómico.
Asimismo, tal y como reconoce la CEXMA, las licitaciones de servicios estructurales generan derechos de subrogaciones del personal adscritos a ellos lo que también puede tener consecuencias para el canal y la dimensión de su plantilla, cuyo crecimiento queda fuera del control de la radiotelevisión pública a consecuencia de la privatización.
La privatización no solo implica posibles problemas para la viabilidad de la empresa, sino que además impide la creación de empleo público estable, el derecho a la promoción interna o la movilidad geográfica y repercute negativamente en las condiciones laborales. Además, este sistema de privatización parcial se ha demostrado altamente ineficaz, con múltiples incidencias y quejas por parte de los responsables de los informativos. Apuntar también, que la privatización no solo afecta a cámaras y periodistas, sino también a numeroso personal técnico.
Recordamos que la plantilla de Canal Extremadura hemos luchado fervientemente contra la privatización, uno de los motivos que nos llevaron a dos huelgas en el año 2014 .
También recordamos que está pendiente una reforma de la Ley de la CEXMA, anunciada en diciembre por el gobierno regional para antes del final de mitad de 2016, de la que no hemos vuelto a tener noticia alguna. Una reforma que PSOE y PREX-CREX intentaron en la anterior legislatura en la que se incluía la prohibición de “ceder a terceros la producción y edición de programas informativos” o la exigencia de producir internamente los contenidos informativos. Por ello esperamos que la Junta de Extremadura haga replantearse al canal su apuesta por la privatización. Es urgente la reforma inmediata de la ley del ente público, como prometió el actual gobierno regional, e instamos a los distintos partidos a que definan su modelo de radiotelevisión pública.
La representación de los profesionales de la radiotelevisión pública extremeña quiere expresar su más profundo rechazo al anuncio realizado hoy por la dirección del ente de continuar con la privatización de los informativos de la televisión pública. En primer lugar, el comité de empresa manifiesta que ello supone continuar con la línea de la anterior dirección y mercantilizar el derecho constitucional a la información, razón de ser de los medios públicos.
Desmentimos tajantemente que estos servicios se traten de un servicio de apoyo, como manifiesta el canal en nota de prensa, sino que supone una privatización parcial del personal que realiza los informativos, principal área de producción del personal del ente. Datos como que más del doble de los cámaras o del personal de la provincia de Cáceres que trabajan para los informativos esté privatizado así lo indican.
Además, las licitaciones de servicios como este suponen partidas presupuestarias fijas. Un dinero que compromete el presupuesto reduciendo las opciones de lidiar con las posibles adversidades económicas, como la que atraviesa actualmente la CEXMA. Sirva como ejemplo el actual conflicto abierto entre Trovideo y el canal autonómico.
Asimismo, tal y como reconoce la CEXMA, las licitaciones de servicios estructurales generan derechos de subrogaciones del personal adscritos a ellos lo que también puede tener consecuencias para el canal y la dimensión de su plantilla, cuyo crecimiento queda fuera del control de la radiotelevisión pública a consecuencia de la privatización.
La privatización no solo implica posibles problemas para la viabilidad de la empresa, sino que además impide la creación de empleo público estable, el derecho a la promoción interna o la movilidad geográfica y repercute negativamente en las condiciones laborales. Además, este sistema de privatización parcial se ha demostrado altamente ineficaz, con múltiples incidencias y quejas por parte de los responsables de los informativos. Apuntar también, que la privatización no solo afecta a cámaras y periodistas, sino también a numeroso personal técnico.
Recordamos que la plantilla de Canal Extremadura hemos luchado fervientemente contra la privatización, uno de los motivos que nos llevaron a dos huelgas en el año 2014 .
También recordamos que está pendiente una reforma de la Ley de la CEXMA, anunciada en diciembre por el gobierno regional para antes del final de mitad de 2016, de la que no hemos vuelto a tener noticia alguna. Una reforma que PSOE y PREX-CREX intentaron en la anterior legislatura en la que se incluía la prohibición de “ceder a terceros la producción y edición de programas informativos” o la exigencia de producir internamente los contenidos informativos. Por ello esperamos que la Junta de Extremadura haga replantearse al canal su apuesta por la privatización. Es urgente la reforma inmediata de la ley del ente público, como prometió el actual gobierno regional, e instamos a los distintos partidos a que definan su modelo de radiotelevisión pública.
[EL DIARIO.ES]
Como si no hubiera pasado nada durante su mandato al frente del Gobierno, el presidente en funciones y candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy ha pedido este jueves que Televisión Española sea "una televisión independiente y financiada, no objeto de disputa como puede ser la BBC en el Reino Unido".
Rajoy ha solicitado en Radio Nacional que se dé un "acuerdo entre todos los partidos políticos de España" para conseguir ese modelo de radiotelevisión pública. La cierto es que, desde que Mariano Rajoy conformó su Gobierno en 2011, se ha sucedido una retahíla de denuncias por manipulación informativa por parte de trabajadores de la TVE.
Mariano Rajoy en la entrevista concedida a RNE ha dicho que "creo que tiene que haber una televisión y una radio nacional pública. Creo que debe diferenciarse en sus contenidos de las televisiones comerciales lo que no quiere decir que no pueda ser una televisión de calidad y líder de audiencia". Luego ha añadido que la Corporación ha pasado por estrecheces: "Ahora hemos vivido una etapa muy dura desde el punto de vista presupuestario pero en cuanto posibilidades de mejorarla yo creo que entre todos debemos hacerlo".
La BBC británica, el ejemplo que ha esgrimido el presidente en funciones para pedir consenso, se financia con una tasa específica que abonan los ciudadanos por cada aparato de televisión que instalan en sus casas.
[EL DIARIO.ES]
Como si no hubiera pasado nada durante su mandato al frente del Gobierno, el presidente en funciones y candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy ha pedido este jueves que Televisión Española sea "una televisión independiente y financiada, no objeto de disputa como puede ser la BBC en el Reino Unido".
Rajoy ha solicitado en Radio Nacional que se dé un "acuerdo entre todos los partidos políticos de España" para conseguir ese modelo de radiotelevisión pública. La cierto es que, desde que Mariano Rajoy conformó su Gobierno en 2011, se ha sucedido una retahíla de denuncias por manipulación informativa por parte de trabajadores de la TVE.
Mariano Rajoy en la entrevista concedida a RNE ha dicho que "creo que tiene que haber una televisión y una radio nacional pública. Creo que debe diferenciarse en sus contenidos de las televisiones comerciales lo que no quiere decir que no pueda ser una televisión de calidad y líder de audiencia". Luego ha añadido que la Corporación ha pasado por estrecheces: "Ahora hemos vivido una etapa muy dura desde el punto de vista presupuestario pero en cuanto posibilidades de mejorarla yo creo que entre todos debemos hacerlo".
La BBC británica, el ejemplo que ha esgrimido el presidente en funciones para pedir consenso, se financia con una tasa específica que abonan los ciudadanos por cada aparato de televisión que instalan en sus casas.
[El diario.es]
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido incoar un expediente sancionador a RTVE por superar el límite de tiempo de emisión dedicado a autopromociones en sus canales de televisión de La 1 y La 2.
Según ha informado hoy la CNMC, las infracciones detectadas tuvieron lugar en marzo de este año en los dos canales de la televisión pública.
Ha recordado que, el artículo 13.2 de la Ley General de Comunicación Audiovisual establece que "para la comunicación audiovisual televisiva, el tiempo dedicado a los anuncios publicitarios sobre sus propios programas y productos no podrá superar los 5 minutos por hora de reloj".
Además, la ley subraya que los "contenidos estarán sujetos a las obligaciones y prohibiciones establecidas con carácter general para la publicidad comercial".
La CNMC ha señalado que la incoación de este expediente "no prejuzga el resultado final de la investigación" y ha explicado que RTVE dispone de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Ahora se abre un periodo máximo de 6 meses para la instrucción del expediente y resolución por parte de la CNMC.
Teledetodos es un Grupo de investigación que agrupa a profesionales, académicos, investigadores y a todos aquellos ciudadanos o colectivos interesados en un auténtico servicio público de comunicación audiovisual y multimedia. Este sitio pretende ser un foro de referencia y documentación para todos los interesados en el sector de la comunicación y sus contenidos y publicaciones están abiertos a la participación ciudadana.
