ÁNGEL GARCÍA CASTILLEJO/RAFAEL DÍAZ ARIAS
O como dice el dicho popular “que cada palo aguante su vela”. En este periodo convulso y de desasosiego social, cualquier ciudadano que se sienta demócrata y que sea mínimamente exigente y crítico en el respeto a sus derechos, habrá podido conocer e incluso leer con sorpresa un documento elaborado por Letrados de las Cortes Generales destinados en el Senado titulado “nota sobre la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE” la radio y la televisión de todas y todos, y que se encuentra sumida en una profunda crisis, por entre otros muchos motivos, por el abandono y desatención a la que las Cortes la están sometiendo.
Dos años de provisionalidad en la dirección y gestión de la Corporación, reducción presupuestaria con presupuestos prorrogados desde el período Montoro. Carencias financieras para acceder a contenidos de servicio público atractivos para los telespectadores y la pérdida de audiencias que no se ven reconocidas en el prestador del servicio público radiotelevisivo a diferencia de aquellos años de 2005 a 2011 en que llegó a ser líder de audiencias televisivas y en credibilidad informativa, a pesar del golpe de la crisis financiera global y del paso de las emisiones en analógico a la TDT.
El informe de los letrados de las Cortes Generales causa desconcierto y hace temer que el asesoramiento que ofrecen los servicios jurídicos de las Cámaras a los diputados y senadores, a la representación de la soberanía popular, sea coherente con sus propios consejos y advertencias con las cuales ha venido orientando los procesos de toma de decisiones de los parlamentarios o, como es el caso, de los miembros del Comité de expertos para la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE.
Nos encontramos obligados, a preguntarnos, y haciendo un muy breve relato sobre, cómo es posible que se haya llegado a redactar una nota en la que los Letrados afirman que el baremo aprobado por el Comité de expertos para la evaluación de los candidatos al Consejo de Administración de RTVE “…, fija una limitación de la idoneidad de los candidatos no prevista en la anterior regulación y que excede el mandato recibido…”. Cómo es posible que no se advirtiera esta eventualidad en su momento por los Letrados. Antes no se vio esta presunta anomalía y ahora si. Esperemos que estas diferentes apreciaciones no supongan descrédito y demérito de instituciones tan altas como las propias Cortes Generales. En todo caso no se lo merecen las Cortes y en lo que afecta a la CRTVE y el servicio público de radio y televisión, tampoco.
"Jamón, jamón, jamón, ……. monja, monja, monja, …". A fuerza de repetir las palabras, como si fueran un mantra obsesivo hasta la extenuación, se provoca que los conceptos y los mensajes siempre terminen deformándose y perdiendo su sentido original, como ocurre con el juego infantil. Hoy con la Constitución española de 1978 empieza a ocurrir algo similar, muchos la citan e incluso la arguyen como etiqueta de su formación partidaria, pero lo que importa, que es su aplicación efectiva y desarrollo, queda como tarea pendiente y de paso se vulneran e incumplen derechos de la ciudadanía y se menoscaban aspectos recogidos en ella, como el servicio público radiotelevisivo.
Probablemente la situación por la que atraviesa en este momento la Corporación RTVE no sea la preocupación más acuciante de los españoles,....
Tras casi 30 años desde la aprobación de la Constitución española, 28 años después de la recuperación de las libertades en España, se aprobó la Ley 17/2006 de la Radio y la Televisión de titularidad estatal, que acabó con el que hasta ese momento había sido un modelo de televisión gubernamental, hija de una televisión pública concebida como un medio de propaganda del régimen dictatorial franquista.
La pervivencia de una Radiotelevisión púbica de ámbito estatal es crucial para la salud democrática de nuestro país. Para ello es vital preservar su independencia, asegurar la estabilidad económica y garantizar una gestión responsable que sirva al interés público y que rinda cuentas ante la sociedad, asegurando el derecho de acceso y haciendo partícipes a los ciudadanos de unos objetivos centrados en la rentabilidad social.
Con cierta periodicidad, normalmente marcada por los calendarios electorales y de puesta en marcha de nuevos Gobiernos, se publican informes que sirven para el lanzamiento de mensajes apocalípticos sobre el futuro del servicio público radiotelevisivo.
No puedo estar más de acuerdo con el informe de la SEPI cuando afirma que 2015 “parece haber confirmado la recuperación del mercado publicitario iniciada en 2014 tras varios años de contracción”. Por fin afloran brotes verdes tras años de múltiples sufrimientos de gran parte de la sociedad española y sectores como la radiotelevisión y en su seno la Corporación RTVE, tras los recortes y zancadillas a los que se le ha sometido, bien merece una especial atención que refuerce la madurez democrática.
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