[Panorama Audiovisual]

Los canales religiosos compiten con las emisiones de videncia en la ocupación ilegal de frecuencias de televisión.

El fenómeno de la ocupación ilegal de frecuencias de TDT que el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) viene constatando desde 2010 se centraba hasta ahora casi exclusivamente en la emisión de contenidos ilegales como eran la videncia, chats eróticos y la pornografía (eliminada ya de las pantallas) o los espacios de teletienda. Sin embargo, el último informe ha revelado un auge de los canales religiosos de distintas confesiones que se han lanzado a la ocupación de frecuencias de televisión local y que suponen un 19% de estas emisiones sin licencia detectadas por el Consejo.

El Informe sobre los contenidos emitidos por las televisiones bajo competencia del CAA en 2014 revela un descenso en la invasión de frecuencias libres de TDT local de seis puntos porcentuales. Así, el 45% de los canales grabados y analizados por el Consejo el año pasado carecían de concesión administrativa, cuando en 2013 este porcentaje se situaba en el 51%.

La mayor parte de estos operadores sin licencia (77%) emiten consultorios en directo de videncia, programas de chat y teletienda, y un 4% contenidos generalistas. Que los canales religiosos representen ya el 20% de esta ocupación de frecuencias evidencia, advierte el CAA, que este fenómeno ha dejado de ser un hecho puntual para convertirse en una tendencia. Por ello, ha acordado realizar un análisis monográfico sobre los contenidos que emiten estos operadores.

[Infolibre]

El Instituto Internacional de la Prensa (IPI por sus siglas en inglés) critica en su último informe el cambio legislativo que hizo en 2012 el Gobierno de Rajoy para elegir por mayoría simple al presidente de RTVE. "La intencionalidad política tras la modificación estaba clara", explica Stephen Whittle, miembro de esta organización y ex director de Política Editorial en la BBC.

Según Whittle, "Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, explicó que ese cambio se tuvo que llevar a cabo dado que la información que RTVE estaba proporcionando era 'claramente en contra del Gobierno'". Para el IPI, el nuevo sistema de elección "sienta un precedente peligroso", entre otras cosas porque "los decretos ley que invalidan leyes ya existentes deberían ser usados solo en casos de urgencia, no para alterar un principio fundamental del buen gobierno de la corporación pública".

Las principales observaciones de Whittle son:

— La preocupación por la politización de RTVE, la corporación radiotelevisiva pública de España, crece a medida que el país se adentra en un año crítico por las elecciones a nivel nacional, autonómico y local.

— Que el Gobierno de España haya modificado el proceso de nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de RTVE crea un peligroso precedente que debería eliminarse.

— La visita de la misión internacional expuso fallos políticos evidentes que el Partido Popular, que gobierna actualmente, justificó diciendo que el cambio en el procedimiento era necesario en vista de la «información antigubernamental» de la corporación pública.

— El Gobierno debería implementar un organismo regulador independiente y específico para el sector audiovisual, de acuerdo al propósito original de la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010.

— Es inusual que el Gobierno conceda licencias de televisión y su reciente decisión de concederlas en fechas tan cercanas a las elecciones nacionales puede ser problemática.

Más información:  http://www.freemedia.at/newssview/article/la-independencia-de-la-radiotelevision-publica-de-espana-en-duda-mientras-el-pais-se-dirige-a-la.html

[El diario.es]

Varios corresponsales en el extranjero de las cadenas de televisión privadas en Grecia (Mega, Skai, Star, Ant, Alpha) han sido llamados a filas: "Nos han dicho que tienen problemas para pagarnos el mes de julio y nos han convocado en Atenas. Evidentemente, lo peor podría suceder", dice un periodista griego que prefiere no identificarse. Los directivos de esas televisiones, pero también sus trabajadores, aguardan una mala noticia que podría llegar este miércoles 22 de julio: por un lado, abonar por primera vez desde 1989 el canon televisivo del que llevan exentas un cuarto de siglo; por otro, una caída de los ingresos estatales con una probable retirada de un impuesto obligatorio para sufragar la publicidad. Un impuesto por el que los acreedores del país (Comisión, BCE, FMI) nunca se molestaron demasiado, a diferencia de otras áreas como Seguridad Social o educación.

No exenta de problemas, la televisión pública ERT atraviesa un periplo bien diferente. Uno de los puntos del doloroso acuerdo del Eurogrupo –que precedió al no menos doloroso acuerdo del 13 de julio que dio luz verde al tercer rescate griego- era revertir las medidas que Alexis Tsipras había conseguido que aprobara el Parlamento durante su medio año de mandato sin consultar con la Troika. Principalmente eran dos: la contratación de miles de empleados públicos despedidos, entre ellos las trabajadores de la limpieza de un Ministerio, y la reapertura del ente público en junio pasado, dos años después de echar el cierre.

ERT (Ellinikí Radiofonía Tileórasi) no cerrará en principio, gracias a sus espectaculares resultados.

La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) se ha dirigido a los responsables políticos salidos de las urnas en las últimas elecciones autonómicas, para exigir una renovación de las televisiones públicas que siga una "hoja de ruta" que garantice su sostenibilidad, su independencia y la potenciación de aquellos elementos que son más privativos del modelo: la neutralidad y la participación social.

AUC observa con atención las posiciones de los diferentes grupos parlamentarios en las comunidades autónomas con respecto a la radio y la televisión, y propone una serie de garantías básicas que los nuevos gobiernos deberían estar en condiciones de garantizar. Entre ellas:

- Garantizar públicamente la continuidad de estas televisiones autonómicas teniendo en cuenta que la modificación operada en la Ley General de la Comunicación Audiovisual podría permitir su desaparición y el hecho de que algunas fuerzas políticas no han sido suficientemente claras al respecto.

- Definir un modelo de televisión pública sostenible que contemple la emisión limitada de comunicaciones comerciales y la garantía de su financiación pública, dimensionada a la realidad territorial y económica.

- Desgubernamentalización de los nombramientos del director general y de los responsables del medio, conformando Consejos de Administración de perfil claramente técnico, con experiencia y experticia acreditadas en el ámbito audiovisual desde sus diferentes perspectivas (profesionales, académicas, jurídicas, sociales). Es necesario recurrir a mayorías cualificadas y, en su caso, a la concurrencia competitiva entre los aspirantes.

- Participación más activa en las decisiones por parte de los consejos de redacción, y también de la sociedad civil organizada. Creación o modificación en profundidad de los Consejos Asesores, regulación del derecho de acceso y de la presencia de la ciudadanía en los contenidos como parte de los objetivos de servicio público.

- Priorizar la producción propia y la puesta en valor de los recursos humanos y técnicos de las televisiones autonómicas. Cuando se acuda a la externalización, apoyar la producción independiente. En materia de ficción, entretenimiento y contenidos culturales, fomentar la innovación, la calidad y variedad de géneros y formatos. En materia de información, pluralismo, neutralidad, imparcialidad. En todos los casos orientar los contenidos al interés social y a la proximidad, sin renunciar a la audiencia.

La televisión pública en España, considera AUC, debe aprender de los mejores modelos europeos (Alemania, Francia, Gran Bretaña), encontrando su propia especificidad y cumplimiento del servicio público.

[Infolibre]

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha decidido sancionar con 324.000 euros a Mediaset por "publicidad encubierta" por la emisión de un microespacio de salud en el programa Sálvame diario. Competencia sostiene que este modelo de publicdad alcanza una "especial gravedad" cuando se trata de temas de salud. Mediaset dispone de dos meses para recurrir la sanción.

[ABC]

Cristina Cifuentes, futura presidenta de la Comunidad de Madrid a tenor del pacto entre PP y Ciudadanos, cambiará la ley de Telemadrid para evitar que el control de la televisión pública caiga en manos de la izquierda. Como ya avanzó ABC, con la legislación actual el nuevo reparto de escaños en la Asamblea dejaría en minoría el número de consejeros que el PP puede proponer para el consejo de administración, encargado de controlar los contenidos y de designar al director general. Los populares podrían elegir así solo 3 nombres; el PSOE,otros 3; Podemos, 2, y Ciudadanos, 1. Ni siquiera el apoyo de este último partido permitiría a los populares decidir sobre el futuro de la televisión y la radio madrileñas.

Para evitarlo, el PP –con el apoyo de Ciudadanos– modificará la Ley 13/1984, de 30 de junio, de Creación, Organización y Control del Ente Público Radio Televisión Madrid. Con esta modificación, la elección de los consejeros –actualmente 9, aunque se desconoce si variarán– y del director general será por mayorías cualificadas. Así consta en el punto 44 del documento definitivo que ayer firmó Cifuentes con el líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado. Un acuerdo de 76 claves para que la formación naranja apoye la investidura de la candidata popular el próximo martes.

Ambos partidos estarían a favor de que los consejeros del ente público sean elegidos por el pleno de la Asamblea con una mayoría de tres quintos; es decir, por 77 diputados de los 129 como mínimo. El reparto de escaños es de 48 para el PP, 37 para el PSOE, 27 para Podemos y 17 para Ciudadanos.

Una vez constituido el consejo, sus miembros –9, si no varía su cifra– elegirían por mayoría de dos tercios al director general. De producirse este cambio, el nombramiento del máximo responsable requeriría el apoyo de 6 consejeros. Aunque se mantuviera el reparto de poder de la ley actual –3 el PP, 3 el PSOE, 2 Podemos y 1 Ciudadanos–, el director general necesitaría la confianza de los consejeros propuestos por los populares y los socialistas, o de cualquiera de los últimos más los tres que suman Podemos y Ciudadanos.

[Vozpopuli]

Las televisiones privadas han tirado de talonario para evitar perder ocho nuevos canales y han abonado una cifra de más de 20 millones de euros a los demandantes para que retiren las denuncias que exigían su cierre. El Tribunal Supremo iba a reunirse el 23 de junio para decidir sobre el futuro de cuatro cadenas de Mediaset, dos de Atresmedia, uno de Vocento y otro de Unidad Editorial.

Las televisiones privadas han salvado en el último momento los ocho canales de TDT que el Tribunal Supremo iba a declarar ilegales el próximo martes. Estas empresas han alcanzado un acuerdo con los demandantes para que retiren los recursos que solicitaban la clausura de estas cadenas por haber sido repartidas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero sin que hubiera un concurso mediante. El pacto se ha sellado previo pago de una cantidad de más de 20 millones de euros a los litigantes, según confirman fuentes conocedoras de la operación.

[El País]

El Tribunal Supremo ha echado abajo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la televisión autonómica de Murcia, que provocó el despido de 28 trabajadores. La sentencia anula el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y considera "no ajustado a derecho" el despido colectivo. Se produjo tras una negociación con la empresa "viciada y desleal", ya que no se sustentaba en las causas económicas alegadas por la empresa.

En este sentido, el alto tribunal recalca que lo que trasluce el ERE es "una reestructuración del servicio, intuyéndose para un futuro próximo una externalización del servicio, medidas en modo alguno comunicadas a la representación de los trabajadores".

Tras el despido colectivo no se aprecia, dice la sentencia, una verdadera causa económica, sino "la intención de reestructurar y reorganizar todo el ente; ente que, por otra parte, al ocuparse de la prestación de un servicio público, no puede regirse exclusivamente por criterios de rentabilidad".

[El diario.es]

En una sociedad tan fascinada por los trabajos etéreos —y a menudo inútiles: especulador, modelo, financiero, etc.— como es la occidental, los documentales de Les Carnets de Julie —en los que se visita a los más variados artesanos de Francia— dignifican por igual al mejor viticultor de Burdeos que al más humilde tonelero de la Auvernia. De este modo apreciamos también algunas de las grandes conquistas sociales del país, como es el haber conseguido, por ejemplo, que un menestral pueda ser tan refinado y preciso al hablar como una persona instruida, o que el trabajo manual bien hecho sea reconocido pública y económicamente al mismo nivel que el intelectual.

Por estos motivos, los españoles que nos aburrimos con el fútbol, las series y los reality shows, o con la última moda de los concursos de cocina, y que apenas sintonizamos la televisión española más allá de los informativos y programas como Salvados, le debemos a la televisión pública francesa el habernos devuelto en los últimos años el placer de disfrutar de este medio de comunicación masivo.

[RTVE]

La radiotelevisión pública griega ERT ha reanudado sus emisiones este jueves tras regresar buena parte de su antigua plantilla, justo el mismo día en que se cumplen dos años de su cierre fulminante que, durante varios meses, convirtió a Grecia en el único país europeo sin un medio de comunicación público.

La reapertura de la ERT era una de las promesas electorales de Syriza.

Las emisiones de ERT han comenzado a las seis de la mañana (03.00 GMT) con el himno nacional, al que le siguió un programa informativo matutino de cuatro horas, con equipo y diseño renovados.

Además, han regresado a sus puestos de trabajo unos 1.600 empleados que tenían contratos indefinido cuando fueron despedidos al clausurar la radio y la televisión