Netflix y HBO deberán destinar parte de su catálogo a obras cinematográficas españolas y tendrán que cumplir con otras reglas que las equiparan a las televisiones privadas en España. Pero la nueva legislación que fija el nuevo marco para estos operadores, la Ley General de Comunicación Audiovisual, no cubre la financiación de Radio Televisión Española (RTVE), un aspecto que sí respetan cada año televisiones que emiten en abierto y cerrado en España, desde las de los grandes grupos mediáticos (Atresmedia y Mediaset) hasta las de los operadores de telefonía (Movistar+).
Se trata, por tanto, de un agravio comparativo para el resto de operadores. Desde que TVE renunció a financiarse vía publicidad, cadenas como Telecinco y Antena 3 — también televisiones autonómicas y locales, con alguna excepción— están obligadas a dedicar un porcentaje de su negocio a la cadena pública, como compensación por poder aprovechar parte del mercado al que renuncia la corporación.
Con el objetivo de implementar la transposición de la directiva europea, todos los prestadores de servicios audiovisuales deben aportan el 5% de sus ingresos en España. Al menos el 70% de esa cantidad se destinará a producciones independientes. En el caso de que superen los 50 millones de euros de facturación se reservará un mínimo del 40% a obras de cualquiera de las lenguas oficiales de nuestro país.
La Mesa de la Comisión parlamentaria de RTVE ha decidido que los diez miembros del nuevo Consejo de Administración sean elegidos entre los 95 candidatos presentados para formar parte del máximo órgano de dirección de ese medio público. La reunión, que tuvo lugar a última hora del jueves, y que adelantó el digital Vertele, tomó la decisión de manera unánime por tres miembros del PSOE y los dos del PP que la conforman. Se trata, por tanto, de un acuerdo político entre las dos fuerzas mayoritarias del Parlamento, que supone marginar la preselección del Comité de Expertos, que ofreció una lista de los 20 que habían obtenido mejor puntuación para que fueran examinados por la Comisión de Nombramientos de Congreso y Senado.
Obviamente, la vía ahora aprobada corresponde a una decisión política, promovida en primer término por el Gobierno de Sánchez, tal y como adelantaba el propio presidente el pasado 7 de septiembre; ese día se estrenaba el programa La hora de La 1 con una entrevista a Pedro Sánchez en la que, a pregunta de Mónica López sobre la elección de una nueva cúpula de dirección para RTVE, dijo: "Hay un informe de los letrados que sitúa una solución al bloqueo actual, así como a los recursos planteados por algunos participantes del concurso público que se convocó hace más de un año. Esperemos que a lo largo de los próximos meses podamos resolverlo. El gobierno no va a aceptar ningún bloqueo institucional, y va a apelar por una mayoría parlamentaria representativa para desbloquear órganos que no merecen estar bloqueados como consecuencia de un partido político que no ha aceptado el resultado electoral". Tras explicitar su preferencia, el PSOE ha buscado el concurso del PP que, a la vista de la decisión de la Mesa, ha pactado su apoyo.
El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 contempla una subvención a la Corporación RTVE de 473 millones de euros, lo que supone un aumento del 25,1% respecto al del año anterior, que fue de 378 millones.
Este incremento del 25,1% en la partida destinada a financiar Radio Televisión Española, incluido la Orquesta y Coro, supone un aumento de 95 millones de euros respecto a la aportación que el Gobierno realizó a la corporación en los Presupuestos del año pasado.
En total, los ingresos de RTVE para 2021 se sitúan en 1.200 millones de euros, de los que 472 millones son aportación estatal (incluyendo la aportación de la tasa radioeléctrica), 592 millones de otros ingresos entre los que se encuentra la aportación de las televisiones privadas y las operadoras de telecomunicaciones y 54,8 millones de ingresos por publicidad y ventas.
Del lado de los gastos, se espera gastar 448 millones en gastos de persona, de los que 332 millones serán salarios y 96 millones se llevarán a cargas de la Seguridad Social. Los otros gastos de explotación incluyen un montante de 235 millones de euros.
Radio Televisión Española y la Universidad Politécnica de Madrid han marcado este miércoles, 21 de octubre, un hito mundial al llevar a cabo la primera emisión mundial de una señal en Ultra Alta Definición 8K sobre una red TDT DVB-T2.
El piloto llevado a cabo en el Instituto RTVE (Madrid) en el marco de la Cátedra RTVE-UPM ha sido desarrollado junto a Cellnex Telecom, Dolby, Sapec y Televes Corporación (Gsertel, TRedess y Televés), junto Abacanto como entidad colaboradora.
Para la captación del vídeo de demostración se empleó una cámara 8K de Sony, llevándose a cabo la postproducción del material con Mistika de SGO.
Desde un punto de vista técnico, la tasa binaria resultante del contenido audiovisual estaba en torno a los 32 Mbps. Los parámetros de la modulación COFDM empleados para la transmisión vía DVB-T2 desde la UPM fueron: 32k extendido, intervalo de guarda de 1/128 y patrón de pilotos PP7. Se utilizó una configuración con un único PLP, con modulación de 64QAM y FEC de 5/6. Con esta configuración se obtenía una tasa binaria máxima útil en torno a 36 Mbps, válida para poder transmitir el contenido sin ningún tipo de problema y para recibir correctamente la señal en el Instituto de RTVE.
Tres años, un mes y 18 días. Ese es el tiempo que lleva en vigor la reforma de la Ley de RTVE que establecía un sistema de elección del presidente y del Consejo de Administración por concurso público. La falta de consenso y los retrasos en el proceso obligaron a colocar en la dirección de la cadena pública (mediante decreto ley) a una administradora provisional que lleva ya más de dos años en el poder: Rosa María Mateo. Mientras, a duras penas, el concurso público ha seguido adelante: un comité de expertos eligió a veinte candidatos idóneos (19 tras el fallecimiento de Alicia Gómez Montano), pero de nuevo los recursos amenazan con frustrar el proceso. El «vergonzoso estancamiento» que denuncian prácticamente todos los implicados podría convertirse en la práctica en un paso atrás si la mesa de portavoces y la Comisión Mixta optan por optan por obviar el criterio de los expertos y volver a los casi cien candidatos que se presentaron inicialmente. Una opción que, según denunció la diputada Inés Sabanés en una charla organizada por Teledetodos, «parecía la opción mayoritaria» en la mesa que se reunió ayer. Si prospera esta opción, se abriría la mano a que cualquiera de los 95 candidatos que se presentaron puedan formar parte del consejo de RTVE, aunque sus evaluaciones por el consejo de expertos fueran negativas. Sin embargo, subraya esta miembro de la comisión, de momento no hay ninguna decisión firme al respecto.
Decenas de organizaciones y un gran número de ciudadanos particulares han firmado un manifiesto promovido por la plataforma Teledetodos en el que urgen al Parlamento a culminar el concurso público puesto en marcha hace tres años para elegir un nuevo consejo de administración en RTVE y acabar así con la «degradación» que, según constatan, está sufriendo la radiotelevisión pública en esta legislatura. «Está en juego no sólo la corporación sino la supervivencia de todo el servicio público y la credibilidad democrática del Parlamento», advierten en el escrito presentado este miércoles en un acto público.
Según anunció durante este acto la diputada de Más País-EquoInés Sabanés, en la última reunión de la Mesa y Portavoces de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE celebrada el pasado martes las posturas en el debate sobre la reactivación del concurso público se inclinaban por prescindir de la preselección de 20 candidatos (19 tras el fallecimiento de Alicia Gómez Montano) realizada por el Comité de Expertos y elevar finalmente a la comisión de nombramientos del Parlamento los 95 aspirantes iniciales que fueron admitidos en la convocatoria. No obstante, esta opción, que estaría fundamentada en la opinión de los letrados de las Cortes que advierten en un informe falta de igualdad en esa selección en la que sólo hay tres mujeres, no es definitiva aún hasta que la formalice próximamente la Mesa de la Comisión.
Los 19 candidatos al consejo de RTVE, de todas las tendencias políticas y seleccionados por el Comité de Expertos, han firmado por primera vez un documento conjunto en el que piden que la corporación recupere su independencia. Lo hacen ante la necesidad de desbloquear la situación y recuperar la pluralidad en el Ente Público.
«El 29 de septiembre se cumplieron tres años de la aprobación de la Ley 5/2017, que modificó la vigente desde 2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal, " para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos". El balance del trienio arroja como resultado que la CRTVE lleva más de dos años sin Consejo de Administración y con una dirección provisional, ignorando la voluntad y el mandato de las propias Cortes Generales», reivindica el documento.
En este sentido, los 19 firmantes, cuya idoneidad ha sido avalada por el Comité de expertos para la renovación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, de acuerdo con la normativa aprobada por las Cortes Generales, consideran que «el mandato parlamentario de elección del Consejo de Administración de la CRTVE, que recurre por primera vez al concurso público valorando méritos profesionales y proyectos de gestión, debe culminarse como fórmula democrática de selección y como muestra de respeto a los derechos de la ciudadanía sobre los medios de comunicación públicos».
En el documento, asimismo, comparten la inquietud y la preocupación de los trabajadores de la RTVE. «No es sostenible, desde luego, para asegurar la función de servicio público encomendada a la Corporación RTVE, una persistente inestabilidad normativa, institucional y financiera», dicta el comunicado.
«Rogamos encarecidamente a las Cortes Generales y a sus grupos parlamentarios que se afanen en llevar a término, a la mayor brevedad, el concurso público para la elección del Consejo de Administración de la CRTVE porque no hay razones ni fundamentos jurídicos que puedan avalar mantenerlo bloqueado o la desnaturalización del mismo; y porque las alternativas serían con toda seguridad lesivas para la salud democrática y para el futuro de la Corporación RTVE», concluye el escrito, firmado por Juan Buhigas Arizcun, Rafael Camacho Ordóñez, Javier Cuixart Valero, María Eizaguirre Comendador, Laureano García Hernández, Agustín García Matilla, Eladio Jareño Ruiz, Roberto Lakidaín Zabalza, Francisco Lobatón Sánches de Medina, Miguel Ángel Martín Pascual, Roberto Mendès Barbudo, Javier Montemayor Ruiz, Francisco Moreno García, José Manuel Pérez Tornero, Isabel Raventós Armengol, Juan Manuel Romero Martín, Vincenç Sanclemente García, Carmen Sastre Bellas, Manuel Ventero Velasco.
Fuentes:
Europa press
Abc
Economía digital
El mundo
https://www.elmundo.es/economia/2020/09/30/5f7460f0fdddfff6058b4655.html
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[Comunicación Corporativa RTVE 25/9/2020]
La administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, ha reclamado este viernes en el Senado una financiación estable para la Corporación que garantice su independencia, "porque una empresa pública que no cuenta con el presupuesto mínimo necesario y que siempre está sujeta a vaivenes, difícilmente podrá hacer un proyecto de futuro".
Además, ha subrayado la urgencia de renovar el Mandato Marco de la Corporación, "que caducó hace tres años", y la urgencia de tener un contrato programa" que nos permita hacer una previsión a tres años vista". "Han pasado trece años, han pasado gobiernos de distinto signo, y en pleno 2020, en la era del 5G, aquí seguirnos, sin haber tenido un primer contrato programa y con un Mandato Marco que ha caducado hace años".
"Señorías, con estos datos, podría parecer que no interesa una Radiotelevisión Española fuerte, volcada en dar un servicio público de calidad. Lamento decirlo, pero es lo que muchas veces sentimos quienes trabajamos en la Corporación. No podemos responder a la sociedad actual con un presupuesto que se encoge año tras año. Este servicio público debe estar por encima de los cambios políticos".
Así lo ha subrayado hoy Rosa María Mateo ante la Comisión Mixta de Control de RTVE, donde ha cumplido con la comparecencia ordinaria de septiembre, al tiempo que ha presentado cinco informes: dos sobre el cumplimiento del Mandato Marco 2017 y 2018 y las memorias anuales sobre cumplimiento del servicio público correspondientes a 2016, 2017 y 2018. La de 2019 se presentará antes de final de año.
En su intervención, ha remarcado que //no podernos responder a la sociedad actual con un presupuesto que disminuye año tras año. Este servicio público debe estar por encima de los cambios políticos". "Necesitarnos unos presupuestos que nos permitan cumplir nuestra misión de servicio público en toda su extensión: debernos atender a la infancia, difundir la cultura, contribuir a la integración, apoyar el cine, emitir en las lenguas cooficiales, fomentar la igualdad, dar herramientas para la educación, tener en cuenta todas las confesiones, defender el medio ambiente, impulsar el derecho de acceso . . . Y estarnos encantados de tener esta misión. Pero queremos cumplirla. Queremos dar la respuesta que todos merecen", ha asegurado.
Rosa María Mateo ha anunciado que estima cerrar el ejercicio 2020 con un resultado negativo que estará en torno a 50 millones de euros. De estos, 36 corresponden al IVA no deducible y el resto a los incrementos salariales de los empleados públicos, a los efectos de la covid-19 y a la prórroga de los presupuestos de 2018, ha explicado.
La administradora provisional única ha recordado que en 2012 y 2013 hubo un déficit de 113 millones. Esta cifra se elevó a casi 135 millones en 2014. Y en 2015 se mantuvieron los números rojos, aunque se redujeron a 38 millones.
Rosa María Mateo ha asegurado que el déficit no se debe a una mala gestión sino a la falta de financiación. En este sentido, ha defendido el u enorme esfuerzo" hecho para ajustar los gastos, pero en 2010 el presupuesto era de 1.200 millones y hoy no llega a los 1.000". "En estos diez años todo ha subido y nuestro trabajo se ha incrementado. Es decir, no solo se mantienen los cinco canales de televisión, las siete cadenas de radio, la Orquesta y el Coro y el Instituto, sino que hoy tenemos grandes proyectos que en 2010 no existían como tal, caso de RTVE digital".
Sobre la renovación de RTVE, Rosa María Mateo ha reiterado en su intervención que está sin resolver y la responsabilidad sigue estando en manos del Parlamento. "Son sus señorías las que deben desbloquear el proceso para elegir al nuevo consejo de la Corporación y a su futuro presidente o presidenta. Alcanzar consensos para nombrar órganos institucionales o el nuevo Consejo de Administración no es responsabilidad mía, sino de estas Cortes Generales. Entre tanto, por supuesto, yo seguiré cumpliendo con mi obligación", ha nsistido.
En su intervención se ha referido como "esperanzador" al comienzo de la nueva temporada, con estrenos como 'HIT', el debate' ¿Quién educa a quién?' o el espacio de actualidad 'La hora de La 1'. uLa programación de esta temporada está marcada por el convencimiento de hacer auténtico servicio público en todos los formatos, desde un informativo pasando por un magazine hasta una serie". También ha subrayado la estrecha colaboración entre los informativos y los programas de actualidad.
Sobre la decisión de adelantar los programas del "prime time", ha asegurado que "es una medida de servicio público y, sobre todo, la respuesta a nuestra audiencia que reiteradamente se ha dirigido al Defensor para pedirle este cambio".
Más País-Equo pide desbloquear de una vez el concurso público para renovar RTVE
Más País-Equo ha presentado este miércoles a la Mesa del Congreso un escrito pidiendo que en la próxima Comisión mixta de control parlamentario de RTVE se incorpore al orden del día la continuidad del concurso público para el nombramiento del Consejo de Administración y presidencia de RTVE. En el texto registrado en la Cámara baja, firmado por la diputada ecologista Inés Sabanés, la formación recuerda que en enero de este año ya pidió que se tomaran medidas urgentes para retomar e ...
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Escrito RTVE Mas Pais.Equo A la mesa de diputados del congreso.pdf
13 de los 17 integrantes del Comité de Expertos responsable del concurso público para la designación del consejo de administración de RTVE han suscrito un contundente comunicado para cuestionar a los letrados del Senado por el contenido del informe jurídico que estos realizaron, donde se critica su labor en el proceso de elección, que arrancó hace dos años y sigue sin resolverse. Los firmantes piden amparo al Congreso y al Senado y exigen que sus criterios de valoración sean respetados en esta misiva, difundida a través del portal Teletodos.
María José Bernal, Enrique Bustamante, Carmen Caffarel, Diego Carcedo, Estefanía Jiménez, Mauricio Fernández, Sandra Fernández, Enric Marín, Jesús María Mellado, Josep Lluis Micó, José María Noguerol, Francisco Sierra e Isabel Tajahuerce son los participantes en este escrito. En él, rebaten la Nota sobre la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, un texto de los juristas que pretende desatascar el proceso, un año y medio después de que el comité presentara sus resultados.
En dicho documento, se desestimaban parcialmente recursos de nueve de los 20 aspirantes a un puesto, y se llamaba la atención en el número de candidatos idóneos, para insinuar que el Comité "se ha excedido" en sus funciones al limitar el número, además de incumplir el principio de paridad. Al exigir a los aspirantes una puntuación de 65 o más puntos, apuntaban los letrados, el Comité fijó "una limitación de la idoneidad de los candidatos no prevista en la regulación y que excede el mandato recibido".
En un contundente comunicado, 13 de los 17 miembros del Comité de Expertos han expresado su queja y firme protesta ante el informe jurídico titulado “Nota sobre la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE”, divulgado por la prensa como dictamen sin autoría de letrados oficiales del Senado, y no desmentido en sus contenidos por esta institución”.
Los expertos rebaten de plano la nota de estos letrados del senado, a quienes atribuyen la intención de anular, en la práctica, la totalidad del concurso público, y animar a la comisión de nombramientos del Congreso y del Senado a llamar y nombrar a cualquiera de los 95 candidatos presentados inicialmente.
Los firmantes a las presidencias del Congreso y del Senado, a la Comisión Mixta, y al conjunto de los grupos parlamentarios, -como ya hicieron en noviembre de 2019-, que culminen urgentemente el proceso de concurso público que iniciamos, eligiendo con el máximo consenso posible unos nuevos organismos de gestión y dirección para RTVE.
Al menos 12 de los 19 candidatos que fueron seleccionados hace 18 meses para elegir entre ellos al Consejo de Administración y la Presidencia de RTVE han pedido por escrito a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por segunda vez en los últimos meses, que inste a la Comisión Mixta Congreso-Senado de control de la corporación pública a resolver el concurso público que está en marcha para nombrar a quienes deben integrar esos órganos.
El pasado 3 de febrero, hace ya cuatro meses, 15 candidatos enviaron sendos escritos a la presidenta del Congreso con la misma petición, dado que el concurso público lleva más de un año paralizado en las Cortes. Meritxell Batet trasladó con urgencia esa petición a la Comisión de Control para que abordara ese asunto, pero la Comisión se constituyó hace casi cuatro meses, ha celebrado ya varias reuniones y no ha incluido en el orden del día la situación del concurso público.
La Junta de Andalucía ha aprobado el Real Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, que entre sus muchas vertientes modifica la normativa sobre comunicación audiovisual hasta el momento vigente en la Comunidad Autónoma.
De acuerdo con el preámbulo de la norma, “Los medios de comunicación se enfrentan a un entorno digital que ha reformulado la cadena de valor y a una audiencia fragmentada por la explosión de canales, así como a una reducción de la inversión publicitaria y la restricción del gasto público”, a lo que se añade “un alto nivel de desempleo y una gran precariedad laboral”.
A partir de ese diagnóstico, las medidas aprobadas van todas en la línea de “agilizar la tramitación de algunos procedimientos (…) favorecer el avance y consolidación del sector privado de la comunicación audiovisual (…), eliminar trabas burocráticas” y, en definitiva, fomentar la actividad económica y productiva.
Con esos objetivos, el artículo 28 del Real Decreto-Ley aprobado modifica ampliamente la Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía, limitando las competencias de la Administración, flexibilizando el campo de actuación de la iniciativa privada y relativizando algunos de los hasta ahora considerados pilares de la gestión del servicio público en el ámbito local.
Veamos, resumidamente, cuáles son esos cambios en el modelo audiovisual andaluz:
En su versión inicial, la Ley Audiovisual de Andalucía contemplaba para una eventual interrupción del servicio tanto la existencia de causas de fuerza mayor, que habrán de determinarse reglamentariamente junto con el procedimiento a seguir, como la autorización de la misma por parte de “la persona titular del órgano directivo competente en materia de medios de comunicación social” (artículo 33.b). Tras la aprobación del Real Decreto-Ley, se obvia la necesidad de esa autorización administrativa previa, vinculándose únicamente a la decisión (en todo caso motivada) del operador.
En la misma línea, se plantea la posibilidad de que el prestador del servicio público de comunicación audiovisual pueda suspender temporalmente dicho servicio sin necesidad de solicitar y recibir autorización por parte del órgano directivo competente, simplemente con una comunicación de la persona concesionaria (hay que suponer que motivando y justificando la decisión).
Se modifica el artículo 44 para eliminar la condición de que el servicio público de comunicación audiovisual deba prestarse siempre bajo el régimen de gestión directa, con el fin de permitir “a las corporaciones locales decidir libremente sobre la forma de gestionar un servicio público para el que se les ha otorgado concesión”.
Igualmente, se modifican los apartados 1, 4 y 6 del artículo 46, sobre la gestión del servicio público, de modo que:
▪ Se permite que el servicio público de comunicación audiovisual de ámbito local cuya titularidad corresponda a entidades locales pueda prestarse mediante gestión indirecta.
▪ La prestación mediante gestión directa del servicio de comunicación audiovisual pueda contar con la colaboración de otras entidades y personas cuando sea necesaria la disponibilidad de medios materiales o profesionales ajenos al ente o a la sociedad responsable, incluso (lo que anteriormente estaba prohibido) para contenidos de difusión de información diaria.
▪ La renovación de la prestación del servicio público de comunicación audiovisual, que se otorga por un plazo de quince años, no requiera de solicitud expresa, sino que sea automática por periodos iguales siempre que se cumplan los requisitos legales.
Con ello, a decir del propio Real Decreto-Ley, “se elimina la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local” facilitando “la actividad económica del sector privado de comunicación audiovisual en Andalucía”.
En el aspecto concreto de las renovaciones, que como hemos visto se producirán de oficio o de manera automática, se busca agilizar el procedimiento administrativo y favorecer la continuidad de la prestación de estos servicios públicos, ya que, se afirma, “en muchas ocasiones esta solicitud no era presentada en tiempo y forma”. Asimismo, se señala que el hecho de que las corporaciones locales dispongan de la concesión hasta su renuncia (siempre que mantengan las condiciones para ser concesionarios), “contribuye a favorecer el interés por parte de las posibles personas físicas o jurídicas que podrían hacerse cargo de la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local”.
Hasta la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, los prestadores locales debían disponer obligatoriamente de un estudio de producción operativo en su ámbito territorial de cobertura.
Así lo establecía el artículo 36.1d), en el caso de las personas prestadoras privadas de carácter comercial: “disponer de un estudio de producción operativo con personal a cargo de la emisora y ubicado en el ámbito territorial de cobertura”. Por su parte, el artículo 37, referido a las personas prestadoras públicas locales, hablaba en su letra c) de “disponer de un estudio de producción operativo ubicado y gestionado en el ámbito territorial de cobertura”. Y el artículo 38.1.c, referido a las personas prestadoras comunitarias y no comunitarias sin ánimo de lucro se refería a “disponer de un estudio de producción operativo ubicado en su ámbito territorial de cobertura que pueda ser utilizado por las asociaciones y grupos sociales que aporten contenidos a la programación”.
Esta obligación queda ahora suprimida para todos los operadores, según se dice por suponer “una importante restricción que podría dificultar enormemente el mantenimiento de los servicios de comunicación audiovisual en Andalucía”, acercando “la legislación a la realidad social, sobre todo respecto a las emisoras de radio FM, mercado en el que sólo la adhesión de las emisoras a alguna cadena parece asegurar la viabilidad económica de las mismas”.
En relación a los prestadores públicos de ámbito local se introducen, además, otra serie de cambios en sus obligaciones:
▪ La letra b) del artículo 37 excluía de su programación las emisiones en cadena, pudiendo sólo compartir emisiones en red y sin poder conectarse en ningún caso a servicios de comunicación audiovisual de prestadores privados de carácter comercial. Tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, pueden realizar emisiones en cadena, así como conectarse a servicios de comunicación audiovisual de esos prestadores privados de carácter comercial, además de compartir emisiones en red.
▪ La letra d) permitía emitir exclusivamente programación de contenido de interés local, mientras que ahora se habla de emitir preferentemente esa programación. Se mantiene la cuota máxima del 60% del tiempo de emisión para las redifusiones, que deberán identificarse, así como la necesaria inclusión en la programación de interés local (que, recordemos, ahora ya no es contenido exclusivo y excluyente) de programas de carácter informativo local con una duración total de, al menos, diez horas semanales. Con la modificación se vincula a un desarrollo reglamentario posterior el concepto de programación de contenido de interés local, así como sus características y limitaciones.
▪ La letra e) garantizaba la realización por profesionales de la información de los servicios informativos, cuya producción y edición no podía ser externalizada. Tras el Real Decreto-Ley, se habla simplemente de “favorecer la realización por profesionales de la información de los servicios informativos”.
Estos cambios que se justifican con el fin de permitir, como ya hemos indicado, “a las corporaciones locales decidir libremente sobre la forma de gestionar un servicio público para el que se les ha otorgado concesión”.
El artículo 40 de la Ley Audiovisual de Andalucía prohibía la inclusión o difusión de cualquier tipo de comunicación comercial en emisiones de personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual que carecieran del preceptivo título habilitante, o que no hubieran cumplido el deber de comunicación previa. Esta prohibición se extendía, a efectos de su consideración como responsables de la infracción, a las personas anunciantes, las agencias de publicidad, las agencias de medios o terceras personas que posibilitaren dicha inclusión o difusión.
Con el Real Decreto-Ley se elimina ese artículo, al considerar el Gobierno andaluz que dicha prohibición es “desproporcionada y perjudicial para la publicidad de entidades, empresas y autónomos que ejercen actividades económicas en Andalucía”. En consecuencia, se elimina su mención en el elenco de prohibiciones recogida en el artículo 74, así como en los artículos 66, 80 y 81.
En concreto, se modifica la letra f) del artículo 81, desapareciendo la referencia expresa al deber de colaboración para el ejercicio de las facultades de inspección de las personas que mantengan relaciones económicas, empresariales o financieras con el prestador del servicio objeto de inspección consistentes en la contratación, participación o presencia en comunicaciones comerciales audiovisuales.
El artículo 63.2, relacionado con la celebración de negocios jurídicos, elimina para las partes que intervienen en el negocio jurídico sobre licencias de comunicación audiovisual, la condición contemplada en su letra c) de acreditar la emisión continuada durante dos años consecutivos.
Se modifica la disposición adicional tercera, referida a los criterios de valoración en la adjudicación de las licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual, que ahora se referencia únicamente a los prestadores privados de carácter comercial.
Se elimina la disposición adicional cuarta relativa a la creación del Estatuto de la Información, por considerarse que se trata “de una cuestión cercana a la regulación profesional que iría en contra de la tendencia europea y nacional, además de ser una materia de competencia nacional”. Hay que recordar que la mencionada disposición establecía que en el transcurso de un año desde la aprobación de la Ley había de aprobarse el mencionado Estatuto, el cual debería contener, como mínimo, la descripción del informador o informadora como sujeto activo en el proceso de creación de la comunicación social, el código deontológico, las cláusulas de conciencia y medidas para la protección de la independencia del informador. El Estatuto de la Información sería desarrollado de manera conjunta con los colegios profesionales, las organizaciones sindicales representativas y otras entidades del sector.
En relación a las obligaciones de accesibilidad, se eliminan las establecidas para la televisión local en la disposición transitoria primera de la norma, “al constatarse a través de varios escritos de entidades representativas del sector, el enorme riesgo que supone para la viabilidad económica de las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de ámbito local”, además de dificultar “enormemente la emisión de programación en directo”. En consecuencia, desaparecen en los apartados 2 y 3 del artículo 9 de la Ley las referencias a dichas obligaciones.
Además de modificar la Ley Audiovisual de Andalucía, el Real Decreto-Ley modifica en su artículo 7 el artículo 4 de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, restringiendo sus funciones.
Así, mientras en la versión vigente hasta el cambio operado por el Real Decreto-Ley los apartados 4 y 5 del artículo 4 señalaban:
“Son funciones del Consejo Audiovisual de Andalucía:
(…)
4. Informar preceptivamente y con carácter previo, a los efectos de garantizar el pluralismo y la libre concurrencia en el sector y prevenir situaciones de concentración de medios y abuso de posición dominante, sobre las propuestas de pliegos de condiciones relativas a los procedimientos de adjudicación de títulos habilitantes en materia audiovisual.
5. A los mismos efectos, informar preceptivamente las propuestas presentadas en los concursos de otorgamiento de concesiones y licencias para la gestión de emisoras de radiodifusión sonora y de televisión, en lo que se refiere a la composición accionarial de los licitadores, a fin de garantizar el pluralismo y la libre competencia en el sector, para prevenir situaciones de concentración de medios y abuso de posición dominante. También deberá informar, con carácter previo, sobre las propuestas de resolución en los procedimientos de renovación, extinción, autorización de cambio de accionariado y negocios jurídicos de licencias en materia audiovisual. El Consejo Audiovisual de Andalucía pondrá en conocimiento de las autoridades de la competencia los actos, acuerdos, prácticas o conductas que pudieran ser contrarios a la normativa sobre tal materia”.
El nuevo apartado 4 fusiona ambos del modo siguiente:
“Son funciones del Consejo Audiovisual de Andalucía:
(…)
4. Informar preceptivamente, con carácter previo, las propuestas de resolución en los procedimientos de otorgamiento, renovación, extinción, autorización de cambio de accionariado y negocios jurídicos de licencias para prestar servicios de comunicación audiovisual radiofónica, así como televisiva de ámbito autonómico. El Consejo Audiovisual de Andalucía pondrá en conocimiento de las autoridades de la competencia los actos, acuerdos, prácticas o conductas que pudieran ser contrarios a la normativa sobre tal materia.”
Esta eliminación de funciones, suprimiendo el informe preceptivo sobre las propuestas presentadas en los concursos, se justifica con el fin de agilizar la tramitación de estos procedimientos, afirmando que de acuerdo con la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, y tras la derogación de la Ley 10/1998, de 3 de mayo, de Televisión Privada, la legislación básica no establece para el ámbito local limitaciones a la participación en el capital social de los prestadores, ni impone ninguna restricción a los servicios de comunicación audiovisual en ese ámbito local.
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Las crisis alarman, por eso, mejor si se gestionan con calma. La gestión de una crisis requiere inteligencia organizativa. Y que circule con claridad en cada momento la información que cada momento requiere. Lo del momento es importante, porque la crisis es un proceso, no es un hecho estático, evoluciona.
La epidemia de Covid-19 es una crisis colectiva y su gestión requiere inteligencia organizativa colectiva. Esa información pertinente en cada momento es necesario que circule por el cuerpo social que sufre la crisis. En España, en 2020, ese cuerpo social lo componen 47 millones de personas.
Y aquí es donde aparece TVE en este relato, porque TVE es la televisión pública de esos 47 millones de personas.
Pensemos en una de esas personas. Imaginemos...
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