[Huelva Información]

El Consejo de Gobierno destinará 418,5 millones a la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) en el trienio 2017-2019, a través del nuevo Contrato-Programa que ha sido aprobado este martes, el cual concreta los objetivos específicos y la asignación de recursos económicos para el cumplimiento de sus fines. Con esta aportación económica se pretende asegurar la estabilidad del ente audiovisual, así como la prestación de servicios de calidad y utilidad a la sociedad andaluza.

El documento desarrolla la Carta del Servicio Público de la RTVA, donde se establecen las prioridades y estrategias para garantizar una financiación estable sostenida y adecuada durante los próximos seis años.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, ha explicado que, en líneas generales, el Contrato-Programa fija las compensaciones económicas que la RTVA percibirá por la gestión y prestación del servicio público de radio y televisión y de servicios digitales conexos e interactivos, con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Estas cantidades se fijan en 139,5 millones de euros anuales en concepto de transferencias y aportaciones. De igual forma, se determinan los mecanismos y medios para adaptar el coste de las actividades acordadas a las posibles variaciones de la realidad económica y del sector audiovisual.

El documento aprobado por el Consejo establece también los criterios básicos de actuación de la RTVA, con especial mención al fomento de la educación y la cultura; la protección de la infancia y las personas mayores y en riesgo de exclusión; la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de las mujeres, y al tratamiento especialmente riguroso frente a la violencia de género. La entidad también se compromete a incentivar la participación política de la sociedad y el ejercicio de la democracia, respetando el pluralismo de la sociedad.

En este aspecto, se valorarán criterios como la representación parlamentaria, la implantación territorial y la representatividad de las organizaciones de la vida política, sindical, social y cultural.

Junto con ello, se refuerzan prioridades como la mejora de la atención a las cuestiones, sugerencias, quejas y reclamaciones de la audiencia, o el impulso a la prestación de servicios técnicos a otras entidades públicas y privadas del sector audiovisual.

[Bez]

Miguel Angel Sacaluga

Cuando en 2009 el gobierno decidió, por fin, acometer la reforma del sistema de financiación de RTVE, eliminando la publicidad y los contenidos de pago y someter a aportaciones compensatorias a las operadoras de televisión y de telecomunicaciones, -como beneficiarias directas- muchas fueron las críticas desde el ámbito político, empresarial e incluso desde la propia dirección de RTVE, por considerarla ineficaz e ilegal. Pues ni lo uno, ni lo otro.

La mayor resistencia fue de las "telecos". Se negaban a pagar por algo -decían- que no tenía que ver con su actividad y alegaban la imposición de una tasa por operar cuando los servicios de telecomunicaciones están liberalizados en Europa. Recibieron el apoyo de la Comisaria europea de telecomunicaciones, de políticos de uno y otro signo e incluso de sectores del gobierno y del Partido Socialista con distintos argumentos. Eso sí, todos coincidían en una cosa: que el modelo no respetaba las normas de competencia comunitarias y, por tanto, iba a ser tumbado -sí o sí- por los tribunales europeos.

A pesar de todo, los objetivos se han cumplido: El sector privado ha subsistido, incluso con holgura y la CRTVE sobrevive a pesar de los brutales recortes y de no haberse aplicado estrictamente la ley. Se dirá -y con razón- que el sector se ha convertido en un práctico duopolio televisivo del mercado publicitario, pero eso tiene arreglo y, además, no es un problema del modelo de financiación de RTVE, sino de la LGCA y de la CNMC.

El tiempo y los tribunales europeos han confirmado que la reforma no sólo ha sido eficaz, también justa, legal y compatible con la normativa comunitaria. En la ley española -no en la francesa- la obligación de pago de las “telecos” no nace por el mero hecho de operar, nace cuando se prestan servicios de comunicación audiovisual con publicidad y en más de una Comunidad Autónoma. Hoy la participación de las operadoras de telecomunicación en el sector audiovisual no sólo es evidente sino creciente. Forma parte esencial de su negocio, posee gran parte del mercado audiovisual y controla los principales contenidos "premium", explotándolos con pago y publicidad.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pone fin a un largo proceso que dura ya siete años sobre la legalidad del modelo y, en especial, de las aportaciones de las “telecos”. En su día, el Comisario de Competencia, el español Joaquín Almunia, declaró la compatibilidad del sistema de financiación de RTVE con la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado. La Comisaría de telecomunicaciones de la señora Kröes -por cierto, en la prensa estos días por estar envuelta en asuntos “turbios”- decidió presentar denuncia contra la obligación de pago impuesta por Francia y España a las “telecos”. Los tribunales europeos fallaron primero el caso francés -con similitudes con el español- dando la razón a la República. La Comisaria, entonces, retiró la denuncia al Reino de España. Pero las operadoras privadas siguieron adelante. Fallo tras fallo, recurso tras recurso, los tribunales han rechazado sus pretensiones.La sentencia de este jueves pone fin definitivamente al litigio.

[La guíatv]

Un informe sobre la gestión de RTVE elaborado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, al que ha tenido acceso ABC, pone en evidencia los aciertos y carencias en la gestión de la corporación el año pasado. La SEPI, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda que tiene entre sus funciones la tutela de la cadena pública, entiende que 2015 fue un «año complejo», en un contexto difícil «desde el punto de vista macroeconómico, sectorial y político». «Si bien las condiciones generales del país han empezado a mejorar (...), las principales limitaciones en cuanto a gasto público no han desaparecido», explica el texto, «con unos niveles de deuda y déficit público muy tensos, lo cual supone una de las principales incertidumbres para el modelo de financiación».

Uno de los puntos favorables del pasado ejercicio fue el nuevo tratamiento del IVA, que permitió una reducción del gasto de 78,7 millones, si bien esto «no ha sido suficiente para equilibrar la cuenta de resultados e incrementar la cuota de audiencia». En este sentido, el informe destaca que Mediaset logró el 31% y Atresmedia del 26%, «muy por encima de RTVE», con el el 16,7%. Se configura así, dice la SEPI, «un modelo de duopolio inédito en el contexto europeo». En este entorno, añade, la estructura operativa de la corporación «resulta ya claramente desajustada».

Por todo ello, el modelo actual de financiación sigue planteando «serias dificultades debido a su inestabilidad y a su indefinición y falta de transparencia en cuanto a la determinación de los ingresos». Eso impide adoptar decisiones operativas a largo plazo en un entorno donde es imprescindible hacerlo, y supone «una situación difícil de mantener». El mayor peligro, concluye la SEPI, es el deterioro de la audiencia, que terminó el año en el 9,8% de cuota en La 1, «nivel que puede considerarse crítico».

Otro de los factores que celebra la SEPI es que las medidas adoptadas en el marco del «Plan de sostenibilidad y mejora de la eficiencia» puesto en marcha en 2014 tuvieron «un impacto favorable, logrando una reducción de gastos generales de 14,3 millones». No obstante, no se alcanzó el objetivo en alguno de sus programas ni en los costes de personal, «lo que obligará a actualizarlo» en 2016. Otros puntos fuertes fueron la venta de productos, que ascendió a 14,2 millones, y los ingresos por patrocinios (16,9 millones). Asimismo, los gastos de explotación se redujeron notablemente respecto a lo presupuestado y al ejercicio anterior.

El resultado de explotación, por último, ascendió a 35,1 millones de pérdidas, «desviándose frente al presupuesto en 39,1 millones pero mejorando respecto al ejercicio anterior de manera sustancial, en 94,1 millones». Al menos a nivel operativo, concluye el texto, «es posible esperar una cierta estabilidad de mantenerse la corporación en los actuales niveles de actividad y de costes».

[Dircomconfidencial.com]

Radio Televisión Española (RTVE) ha comunicado los resultados referidos al primer semestre del presente año. La corporación llega al meridiano del ejercicio situando su deuda en los 29,5 millones de euros, la cota más baja en los dos últimos años según la nota de prensa que ha difundido.

La cifra de deuda que registra RTVE resulta más significativa si se compara con la arrojadas a finales del ejercicio del 2015, cuando el endeudamiento con las entidades de crédito ascendía a 86,3 millones de euros. Eso sí, cerró el año pasado con unas pérdidas de 33,6 millones de euros, aunque la cadena pública lo presentó como el más favorable desde la aprobación de la ley de financiación en 2009.

Además de una reducción en el endeudamiento, la corporación ha saldado los primeros seis meses del año con un superávit de casi 2 millones de euros, lo que se interpreta como ligero control en el gasto para este 2016, que de seguir esta línea podría llegar a ceñirse a los 974 millones de euros que presupuestó su presidente, José Antonio Sánchez, ante el Congreso el año pasado.

Pero además, espera que la Agencia Tributaria le devuelve 40,8 millones de euros correspondientes a la campaña del IVA del 2015. “Su cobro mejoraría notablemente la situación financiera de la Corporación”, informa la nota de resultados.

Según informa RTVE en el comunicado mencionado,”si bien a mediados de julio de 2014 fue necesaria una recapitalización de RTVE con una inyección de liquidez de 130 millones de euros por parte de la SEPI, desde principios de 2015, la situación económica de la Corporación ha mejorado de forma sensible, reduciéndose el déficit de ese mismo año”.

[Vozpópuli]

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado este miércoles su primer informe de evaluación del servicio público que presta RTVE a la sociedad. La principal conclusión de este documento es que el actual sistema de financiación de la corporación no le proporciona la estabilidad económica necesaria para cumplir la misión que tiene asignada. Esto abre la puerta a la búsqueda de nuevas fórmulas para hacer la televisión pública sostenible, que podrían pasar por la vuelta de la publicidad a uno o varios de sus canales; o por cambiar la ley para permitirle aumentar sus ingresos por la vía de los patrocinios.

Desde el punto de vista de la CNMC, la inconsistencia de este modelo de financiación dificulta a RTVE el cumplimiento de los objetivos que debe perseguir, que están especificados en su Mandato Marco, en la Ley 17/2006 sobre la radio y la televisión de titularidad estatal; y en la propia normativa que regula sus ingresos y su techo de gasto (Ley 8/2009). No obstante, el informe elaborado por el súper-regulador también incide en que los constantes cambios que se han producido en la Presidencia del ente público durante los últimos años también han complicado el cumplimiento de su misión.

Las fuentes de la CNMC consultadas por Vozpópuli inciden en que este primer informe se ha realizado de forma muy general y con una metodología que se modificará en los próximos años para señalar con más precisión las carencias de RTVE. A partir de ahora, sus conclusiones se trasladarán a la comisión parlamentaria que evalúa el rumbo de la corporación.

[La Voz de Galicia]

¿Puede alguien acabar en la cárcel por no querer ayudar a financiar los medios de comunicación? En Alemania, por lo que parece, sí. Al menos eso es lo que le ocurrió a una mujer de 46 años, a quien las autoridades trasladaron a un centro penitenciario de Chemnitz (en el este del país) el pasado 5 de febrero, tras comprobar que desde el 2013 no había pagado la cuota obligatoria al organismo de la radiotelevisión pública. La ciudadana oriunda de Turingia se negó además a que le embargaran sus pertenencias para compensar el impago, e insistió en que la tarifa es inconstitucional.

«Nunca he protestado ni ignorado los escritos, solo quería que la justicia me explicara la legalidad de esa contribución. Veremos lo que ocurre...», declaró al diario Welt am Sonntag la acusada, que dijo no tener radio ni televisión en casa y que fue puesta en libertad el 5 de abril, después de pasar dos meses en prisión. Quizás sea el caso que más revuelo ha provocado, pero no es el único. Según datos oficiales, a finales del 2014 había 4,5 millones de hogares, empresas o instituciones que no pagaban dicha tarifa, o que solo lo hacían tras ser reprimidos por la vía legal. Es decir, casi un 10 % del total de los contribuyentes.

Entre ellos figura incluso algún político, como la vicepresidenta de la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Beatrix von Storch, a quien le intervinieron las cuentas a principios de abril, por deber 240 euros al organismo reponsable de hacer caja para los medios públicos. Von Storch está decidida a proseguir con su acto de «insumisión civil», explicó hace unos días Ronald Gläser, portavoz de la filial berlinesa de AfD, que propone la supresión de la tasa a partir del 2018.

Pero el viernes pasado, el Tribunal Constitucional envió una señal muy distinta, cuando desestimó varias demandas presentadas contra el controvertido sistema de financiación. Los partidarios aseguran que garantiza el carácter imparcial del periodismo, mientras los detractores denuncian que se trata de un impuesto encubierto. El debate está servido, y es tan antiguo como la propia tarifa, que data de los años 20.

Bautizada primero como GEZ (sistema de recaudación de cuotas, por sus siglas en alemán), el importe se establecía según el tipo y el número de aparatos que tuviera cada hogar. No obstante, a partir del 2013, cambió su nombre por el de «cuota de la radiotelevisión pública», y empezó a fundamentarse en la idea de que, a raíz de la revolución digital, los dispositivos no son necesarios para ver la tele o escuchar la radio, ya que se puede hacer mediante teléfonos móviles y tabletas.

[Canal TDT]

El BOE publica hoy el nuevo procedimiento de cobro, que ya no gestionará la CNMC. Las televisiones privadas y las teleoperadoras estarán sujetas a partir de mañana, jueves, a un nuevo procedimiento de pago de la tasa de financiación de RTVE.

La orden del Ministerio de Industria entra en vigor el próximo día 24 de diciembre (Orden IET/2785/2015, de 17 de diciembre, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de las aportaciones a la Corporación de Radio y Televisión Española) y modifica la gestión recaudatoria de este gravamen.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha cedido a Industria esta competencia, tal y como estaba previsto en la Ley General de Telecomunicaciones y en la ley de creación del nuevo organismo supervisor.

La orden publicada este miércoles detalla los nuevos modelos de ingreso de los pagos a cuenta y autoliquidaciones, así como la nueva forma de pago. También incorpora una disposición por la que RTVE podrá disponer, si lo solicita, de "información relativa a la gestión y recaudación de las aportaciones para facilitar la elaboración de sus estados contables".

Orden en el BOE

"Hago una apuesta decidida por el regreso de la publicidad a RTVE". Angel García Castillejo es Experto en Comunicación Audiovisual. Actualmente ejerce la abogacía en MEL Abogados. Ha desempeñado sus actividades en el entorno de la comunicación, tanto en la CMT como en Presidencia del Gobierno en 2004-2005 como en el Parlamento español. En este vídeo analiza las ventajas e inconvenientes del posible regreso de la publicidad a RTVE.

[http://www.huffingtonpost.it/]

Una Rai con più pubblicità e senza canone. Tra le pieghe del disegno di legge del governo sulla riforma del servizio pubblico radiotelevisivo, è questa l'immagine che esce della "nuova Rai". Il ddl, che verrà presentato nei prossimi giorni in Commissione Trasporti al Senato, contiene infatti un articolo che - come fa notare La Stampa - rappresenta un potenziale terremoto per il servizio pubblico.

In sostanza, si tratta dell'abolizione del tetto massimo di spot prevista dalla legge Mammì. Un'abolizione che comporterebbe maggiori introiti pubblicitari per la Rai, aprendo così alla possibilità - assieme all'inserimento nella fiscalità generale - dell'abolizione del canone.

Quali dispositivi devono pagare il Canone RAI per il 2015? Le novità riguardano tutti i dispositivi come PC, smartphone e tablet (sì, anche il famigerato videocitofono) e fanno chiarezza sulle proposte emerse nel novembre 2014, riassunte dopo il salto. È apparso un documento informativo del Ministero dello Sviluppo Economico che specifica quali device comportino il canone e quali no. Riassumendo e semplificando al massimo, vengono chiamati in causa i dispositivi che siano in grado di effettuare radiodiffusione e non lo streaming via Internet. Dunque, tablet, smartphone e computer senza ricevitore non sono chiamati in causa.

La quota da pagare annualmente per godere dei servizi Rai e non solo, poiché il canone va pagato anche senza guardare una sola volta un programma Rai, costerà comunque meno rispetto ai 113,50 euro attuali. Non verranno toccate le attuali revisioni della cifra in bolletta legate a reddito, fasce di esenzione e bonus, ma in generale la quota del canone annuale sarà tra 35 e 80 euro, 60 euro in media per famiglia. Così facendo, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi intende riportare un certo gettito nelle casse dello Stato che, rispetto a oggi, salirebbe di diverse centinaia di milioni di euro. L'evasione del canone Rai, infatti, è stimata a 450 milioni di euro; gli introiti generati dal "nuovo" canone Rai sarebbero di circa 1,8 miliardi all'anno.