Licenciado en Ciencias de la Información y en Documentación. Es técnico de archivo y Documentación en Televisión Española y fue asesor del Comité de Expertos para la reforma de los medios de titularidad pública.
El pasado 10 de diciembre entraron en vigor las obligaciones de publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública, recogidos en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Por primera vez se ha dado rango legal específico al principio de transparencia como un principio rector de todas las actuaciones del sector público, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 b) de la Constitución española:
El Pleno del Senado ha aprobado el 23 de abril el proyecto de Ley General de las Telecomunicaciones en el que se han incluido cuatro nuevas enmiendas transaccionales por las que se devuelven algunas competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El proyecto pasa ahora al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva.
Una consejera del PP en el Consejo de Administración de RTVE ha levantado una polémica en todo el país que ha trascendido rápidamente el ámbito de esta empresa y el propio mundo periodístico al solicitar el acceso al sistema informático (INEWS) usado por los redactores de TVE para elaborar sus noticias y reportajes. La petición fue aprobada por 5 votos a favor y salió adelante por la abstención de otros cuatro. La situación creada tras la rápida movilización de los profesionales de TVE (con el Consejo de Informativos al frente) ha obligado a pronunciarse a los principales líderes políticos y a dar marcha atrás a los consejeros.
En los últimos meses vuelve a hablarse de nuevo del tema de la financiación de RTVE al hilo de la decisión de las autoridades comunitarias de recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión el modelo financiero de las televisiones públicas de España y Francia. Por eso es un buen momento para pararnos a reflexionar sobre el modelo actual, implantado con muchas prisas y poca meditación, y las alternativas posibles y deseables.
Cuando en ocasiones se nos pregunta cuál es nuestra opinión sobre la situación actual del panorama de la radiodifusión en España y cuáles serían nuestras propuestas en estos momentos, suelo contestar con una frase que no deja de ser penosa: “Me conformo con que se cumpla la ley”.
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