Por su interés, reproducimos esta publicación de elperiodico.com, donde se analizan las repercusionesde la fusión de las cadenas privadas televisivas Telecinco y Cuatro, que, pasa a tener una cuota de pantalla próxima al 27%, tope legal y la nueva ofensiva de la Patronal de las televisiones privadas (UTECA) contra las televisiones autonómicas de titularidad pública, con el único interes de hacer desaparecer una parte de la competencia informativa y comercial.
El Gobierno está dispuesto a introducir ajustes en la ley de financiación de Radiotelevisión Española (RTVE) para evitar una denuncia de la Comisión Europea, pero no cambiará sustancialmente la tasa a los operadores de telecomunicaciones, dijo hoy el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui.
"No podemos cuestionar la exacción fiscal. Una exacción fiscal es imprescindible a los operadores de telecomunicaciones porque son beneficiarios de la nueva distribución económica establecida en la ley para financiar a RTVE", dijo Jáuregui, tras reunirse con la vicepresidenta de la CE y responsable de Agenda Digital, Neelie Kroes, en Bruselas.
[La Voz de Galicia]
¿Puede alguien acabar en la cárcel por no querer ayudar a financiar los medios de comunicación? En Alemania, por lo que parece, sí. Al menos eso es lo que le ocurrió a una mujer de 46 años, a quien las autoridades trasladaron a un centro penitenciario de Chemnitz (en el este del país) el pasado 5 de febrero, tras comprobar que desde el 2013 no había pagado la cuota obligatoria al organismo de la radiotelevisión pública. La ciudadana oriunda de Turingia se negó además a que le embargaran sus pertenencias para compensar el impago, e insistió en que la tarifa es inconstitucional.
«Nunca he protestado ni ignorado los escritos, solo quería que la justicia me explicara la legalidad de esa contribución. Veremos lo que ocurre...», declaró al diario Welt am Sonntag la acusada, que dijo no tener radio ni televisión en casa y que fue puesta en libertad el 5 de abril, después de pasar dos meses en prisión. Quizás sea el caso que más revuelo ha provocado, pero no es el único. Según datos oficiales, a finales del 2014 había 4,5 millones de hogares, empresas o instituciones que no pagaban dicha tarifa, o que solo lo hacían tras ser reprimidos por la vía legal. Es decir, casi un 10 % del total de los contribuyentes.
Entre ellos figura incluso algún político, como la vicepresidenta de la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Beatrix von Storch, a quien le intervinieron las cuentas a principios de abril, por deber 240 euros al organismo reponsable de hacer caja para los medios públicos. Von Storch está decidida a proseguir con su acto de «insumisión civil», explicó hace unos días Ronald Gläser, portavoz de la filial berlinesa de AfD, que propone la supresión de la tasa a partir del 2018.
Pero el viernes pasado, el Tribunal Constitucional envió una señal muy distinta, cuando desestimó varias demandas presentadas contra el controvertido sistema de financiación. Los partidarios aseguran que garantiza el carácter imparcial del periodismo, mientras los detractores denuncian que se trata de un impuesto encubierto. El debate está servido, y es tan antiguo como la propia tarifa, que data de los años 20.
Bautizada primero como GEZ (sistema de recaudación de cuotas, por sus siglas en alemán), el importe se establecía según el tipo y el número de aparatos que tuviera cada hogar. No obstante, a partir del 2013, cambió su nombre por el de «cuota de la radiotelevisión pública», y empezó a fundamentarse en la idea de que, a raíz de la revolución digital, los dispositivos no son necesarios para ver la tele o escuchar la radio, ya que se puede hacer mediante teléfonos móviles y tabletas.
[Europa Press]
Los presupuestos de las radiotelevisiones públicas autonómicas de España descendieron en un 47% entre los años 2011 y 2018, lo que supone un recorte de 509 millones de euros, según los datos del II Estudio 'Panorama actual y tendencias de la radiotelevisión pública en Europa', liderado por la Universidad de Santiago de Compostela.
Además, los medios audiovisuales públicos españoles experimentaron uno de los mayores recortes presupuestarios de la UE en el periodo 2010-2016 (-27,15%), sólo superado por los ajustes de Portugal (-30,36%) y Grecia (-50,70%). De este modo, en el conjunto de los medios audiovisuales públicos de España (estatales y autonómicos) se ha bajado de un coste de 60 euros por habitante en el año 2010, a 43,8 euros en el año 2016, un tercio menos que la media europea (65,7 euros por habitante).
Por otra parte, el estudio apunta que el coste por habitante de la radiotelevisión autonómica en España es 27,6 euros por habitante frente a una media europea de 65 euros, más del doble.
[Vozpopuli]
El modelo de financiación de RTVE tiene que cambiar. Así lo sugiere la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un informe sobre la radio-televisión pública, aprobado recientemente, en el que vuelve a señalar las dificultades a las que se enfrentan los directivos de la corporación como consecuencia de la incertidumbre presupuestaria, que condiciona el cumplimiento del servicio público que tienen encomendado sus medios de comunicación y dificulta hacer planes a medio y largo plazo.
La CNMC llamó la atención sobre este hecho en 2016, en el primer informe que realizó sobre el grado de cumplimiento por parte de RTVE del servicio público que tiene encomendado. “El cambio realizado en el régimen de financiación de la RTVE en los últimos años ha supuesto en la práctica una mayor incertidumbre presupuestaria”, aseguró entonces.
En este nuevo estudio –aprobado por su Pleno el pasado 27 de marzo- ha vuelto a expresar la necesidad de corregir este defecto para mejorar el funcionamiento de estos medios de comunicación públicos, según han explicado fuentes internas.
[Asahi Shimbun]
For the first time, the Supreme Court on Oct. 25 heard arguments on whether Japan Broadcasting Corp. (NHK) can legally force citizens to pay subscription fees to the public broadcaster.
The top court’s ruling is expected before the end of the year, and all 15 justices will decide the case, given its wide-ranging ramifications.
At the heart of the matter is the lack of a clear provision in the Broadcast Law that obligates households and businesses to pay subscription fees to NHK for its programming and other operations.
NHK has used regulations authorized by the communications minister to collect the fees, which totaled 676.9 billion yen ($5.9 billion) in fiscal 2016.
The broadcaster has argued that it can collect the fees on the basis of a Broadcast Law provision that requires individuals who have installed TV reception equipment in their homes to sign contracts with NHK to receive its programs.
[El País]
El Tribunal Supremo avala el modelo de financiación de RTVE, que incluye la recaudación de tasas a las televisiones privadas y los operadores de telecomunicaciones. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado los recursos interpuestos por la Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones (Redtel), DTS, Telefónica de España, Cable Europa, SAU y Tenaria contra real decreto que desarrollaba la ley de financiación de la radio y televisión estatal, aprobada en 2009.
La sentencia del Supremo va en la línea de que hace un año dictó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que confirmó la validez del régimen de financiación de RTVE al estima que imponer tasas a los operadores de telecomunicaciones y a las televisiones privadas para financiar RTVE no incumple la legislación comunitaria. El tribunal europeo dejó claro entonces que el nuevo modelo de financiación no podría ser considerado como ayudas de Estado.
[ABC]
Tras siete años con la tarifa congelada, el Gobierno ha anunciado que el canon televisivo que financia a la BBC subirá a partir del 1 de abril. Pasará de las 145,5 libras al año actuales a 147. Es decir, cada ciudadano que quiera ver la televisión o escuchar la radio, sea en el soporte que sea, tendrá que pagar el equivalente a 171,4 euros al año. Este sistema de financiación permite sostener una televisión pública excelente, que es una de las banderas del llamado «poder blando» británico en todo el mundo.
La BBC cuenta actualmente un presupuesto anual de más de 5.700 millones de euros. No ofrece publicidad y costea su inmensa estructura con el canon anual, que deben pagar, so pena de multas severas, todos los residentes en el Reino Unido que utilizan una radio, un televisor o ven los programas televisivos a través de un ordenador u otros soportes. Cada año son juzgadas unas 3.000 personas por ver la tele sin abonar el canon y se han llegado a fallar algunas penas de cárcel.
Vehículos anónimos barredores de la señal peinan las calles británicas. De manera automática, cruzan los datos de quienes están viendo la televisión con el registro de pagadores del canon. Con este método se detecta a quienes ven los espacios televisivos o escuchan la radio de manera pirata, sin pasar por la taquilla pública.
[Europa Press]
La presidenta de la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) y directora general del Ente Público Radio Televisión de Castilla-La Mancha, Carmen Amores, ha pedido este jueves 4 de mayo una política fiscal adecuada, en oposición a la actual que les conduce a "una asfixia económica que, prácticamente, puede suponer la liquidación" de los medios públicos.
De este modo, la presidenta de la FORTA ha hecho un llamamiento a los poderes públicos ante la necesidad de dotarse de "un marco financiero y presupuestario estable a medio y largo plazo, un modelo de financiación de carácter plurianual y amparado por una política fiscal adecuada". "Una política fiscal que sea todo lo contrario de lo que está ocurriendo en estos momentos, en los que una reinterpretación de la Ley del IVA nos está llevando a las cadenas afectadas --hasta ahora Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias-- a una asfixia económica que, prácticamente, puede suponer la liquidación, si esto sigue así. No nos devuelven el IVA porque se ha reinterpretado que no deben devolvérnoslo y que tenemos una actividad dual", ha alertado.
[La Voz de Asturias]
El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias acordó hace ya unos días ampliar el capital social de Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA) en 6,7 millones de euros, según han confirmado fuentes del Principado.De esta manera, el Ejecutivo regional atiende a la fórmula planteada por el director general de RTPA, Antonio Virgili, a través del informe en el que señalaba la necesidad de la medida para hacer frente a la deuda vencida, mejorar los ratios de liquidez, solvencia y endeudamiento, además de evitar a medio plazo la posibilidad de entrar en causa de disolución.
«Lo que se ha aprobado en Consejo de Gobierno supone en la práctica la posibilidad de que RTPA liquide casi toda su deuda y quede garantizada de esta manera su viabilidad financiera, tal y como solicitó su consejo de administración», han explicado desde el Ejecutivo.Han añadido que la medida ha de situarse en el contexto de la aprobación de la ley de segunda reestructuración del sector público que regula la existencia y funcionamiento de la cadena pública autonómica. Se fusionaron en 2015 tres mercantiles dependientes de un ente en la sociedad denominada RTPA.
Teledetodos es un Grupo de investigación que agrupa a profesionales, académicos, investigadores y a todos aquellos ciudadanos o colectivos interesados en un auténtico servicio público de comunicación audiovisual y multimedia. Este sitio pretende ser un foro de referencia y documentación para todos los interesados en el sector de la comunicación y sus contenidos y publicaciones están abiertos a la participación ciudadana.
