Domingo, Octubre 25, 2020
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[Frecuencia digital]

A pocas horas de la Diada de Catalunya, el Sindicat de Periodistes y la Asociación de Usuarios de la Comunicación han criticado la la información sesgada que está difundiendo Televisió de Catalunya en torno al evento convocado por la Assemblea Nacional de Catalunya para realizar una V de votar en la Diagonal y la Gran Vía, con epicentro en la Plaza de las Glories.

Desde el SPC afirman que "hace tiempo que se traspasó la línea roja que contiene nuestro libro de estilo y que desautoriza las informaciones que se puedan entender como una llamada a una movilización. Es posible que, como parece que ocurre en la sociedad, haya una mayoría pro consulta o pro independencia en la Redacción de TVC, pero como profesionales no podemos engañar a los ciudadanos dándoles propaganda en lugar de información".

"Todos nos pagan con sus impuestos, incluyendo los que no se han registrado para ir a la V que se debe hacer el próximo jueves. Ninguna causa merece que lanzamos a la basura la imparcialidad y la neutralidad que nos debe caracterizar como profesionales de la información ante la sociedad ya la que estamos obligados como medio público. La reiteración de informaciones "de servicio" sobre el día explicando la forma de llegar a él, indicando los tramos que quedan por llenar, entrevistando por enésima vez los organizadores del acto convierten llamadas descaradas a la participación", sentencian.

La Asociación de Usuarios de la Comunicación, por su parte, recuerda "que los medios de comunicación públicos no sólo tienen la obligación de garantizar el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información veraz, sino que además deben procurar el pluralismo y la neutralidad en su informaciones, dando voz a las diferentes posiciones en liza y garantizando el acceso de los grupos de opinión más significativos".

Críticas también a Televisión Española

La AUC critica también, en su nota de prensa, a TVE y al reportaje emitido el pasado sábado en Informe Semanal sobre la Diada. AUC señala que, "en ese reportaje, más allá de las opiniones particulares recogidas, que sí reflejan la pluralidad de posiciones, únicamente se ha dado voz a una organización civil contraria al referéndum, sin el necesario contraste con los partidarios de la consulta y/o de la independencia. Además, para reflejar la postura de los sectores económicos y profesionales, se recoge el testimonio de un único empresario, de gran prestigio pero contrario al referéndum, y de un gestor turístico perteneciente, y así lo declara, a esa única organización que ha tenido la oportunidad de aparecer en el reportaje".

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El director de TVE, Ignacio Corrales, ha sido relevado del cargo dos años después de su nombramiento. Será sustituido por José Ramón Díez, un veterano de la televisión pública que ya desempeñó este mismo puesto a finales de los años noventa, en la etapa en la que Pío Cabanillas ocupaba la dirección general del entonces ente público.

La destitución de Corrales ha sido comunicada este lunes por el presidente de la corporación estatal, Leopoldo González-Echenique, al consejo de administración de RTVE y se adivinó a principios de la semana pasada, cuando el propio presidente criticó algunos programas de la cadena pública durante su comparecencia parlamentaria. Algunos diputados consideraron "insólito" que el máximo responsable de la televisión cuestionara en el Congreso determinadas parcelas de la parrilla. Corrales abandona el cargo en un momento en el que TVE cosecha sus peores datos de audiencia. Un desplome que se ha producido, en parte por el abaratamiento de la parrilla y, por otra, como consecuencia de los sucesivos fracasos a la hora de poner en marcha formatos para intentar remontar posiciones. La política de austeridad y el recorte de fondos públicos por parte del Gobierno (250 millones de euros menos de subvención directa) han tenido mucho que ver en el retroceso experimentado por TVE en las últimas temporadas.

TVE estará ahora en manos de Díez, que conoce la casa desde que en 1984 ingresó en RTVE por oposición y donde destacó como realizador en de programas deportivos. Su objetivo será "revitalizar la cadena y hacerla más competitiva, si bien manteniendo sus señas de identidad y su encomienda de servicio público", según ha explicado la corporación en un comunicado.

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[Cine y Tele]

Grupo Secuoya se adjudica el concurso de Castilla La Mancha, Murcia, Melilla y Aragón, con las que suma ya diez comunidades autónomas con las que opera para los servicios informativos del ente público. Paralelamente, Wikiono ha prorrogado un año más los contratos con el País Vasco, Cantabria y La Rioja.

Grupo Secuoya se ha hecho con las licitaciones para elaboración y suministro de imágenes para las empresas de noticias de Televisión Española para las comunidades de Castilla La Mancha, Murcia y Melilla a través de su empresa Wikono y de Aragón mediante Aragón Media. La única comunidad autónoma que se ha quedado fuera de los concursos convocados por el Ente Público ha sido Cataluña.

Así pues, Wikono y Aragón Media se encargarán de la contribución de imágenes y de información gráfica de actualidad en los Servicios Informativos de RTVE en estas demarcaciones. El contrato tiene un año de duración, y abarca la cobertura completa de todas las necesidades que tenga la cadena pública en estas zonas geográficas.

A su vez, Wikono ha prorrogado por un año más el contrato para el País Vasco, Cantabria y La Rioja. El grupo también opera en las mismas condiciones de dotación exclusiva de imágenes e información gráfica en Galicia, Comunidad Valenciana y Navarra, lo cual posiciona a Secuoya como suministrador de referencia de TVE.

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[Te Interesa]

TVE se propone cobrar a las plataformas de televisión de pago por la explotación fraccionada e individualizada que hacen de algunos contenidos de su parrilla, y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ya le ha dado luz verde.
RTVE dirigió un escrito a la CNMC el pasado noviembre para comunicarle que algunos operadores se están sirviendo de la emisión lineal de los canales de RTVE que la corporación les facilita por ley, para "fraccionar y extraer algunos contenidos" y dárselos a los abonados para su acceso individualizado mediante diferentes modalidades, por programas o franjas, en diferido, o con posibilidad de grabación y posterior visionado.
RTVE se queja de la "paradoja" que llega a suponer que estos operadores estén ofreciendo servicios a sus clientes "que implican una disponibilidad de derechos de explotación que la propia corporación no tiene para las emisiones que hace en sus propios medios", y eso le está acarreando "bastantes reclamaciones en este sentido por parte de los titulares de los contenidos audiovisuales cedidos a la corporación, que consideran que la cesión de derechos contratada no incluye los servicios o facultades de explotación que se ofrecen a sus clientes por los operadores de pago".

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El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid ha desestimado el recurso presentado por la Corporación Radio Televisión Española contra la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que reconocía el derecho de un ciudadano a conocer los detalles del contrato celebrado entre la Corporación y una productora de televisión para la compraventa de películas, así como los criterios previos que avalaron la compra y su rentabilidad.

En su resolución, el Consejo de Transparencia tuvo en cuenta la financiación pública de la CRTVE y las exigencias de rendición de cuentas así como la obligación de publicitar la información relativa a los contratos que se firmen con uso de fondos públicos.

La sentencia que resuelve el recurso considera que “el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal, debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos; es un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además las Administraciones Públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos por lo que toda la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía. También recoge en su fallo que “el derecho de acceso a la información debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia”.

En relación al argumento de que proporcionar la información sobre el contrato de compraventa afectaba al derecho a la intimidad establece la sentencia que “el contrato objeto de solicitud supone el uso de fondos públicos” y que “el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, así como el derecho a la intimidad de los intervinientes en el contrato, que no se han vulnerado en cualquier caso, no pueden prevalecer sobre el interés público en la divulgación de la información”.

Otra cuestión que alegaba RTVE y la productora es que facilitar la información dañaría los intereses económicos y comerciales de la Corporación. Esta afirmación es también rebatida en la sentencia: “el cumplimiento de acceso a la información solicitada no permite constatar que se derive ni un perjuicio para los recurrentes ni se vulneran las normas de defensa de la competencia ni el principio de libertad empresarial dentro de la economía de mercado”.

La jueza concluye diciendo que “ninguna de las alegaciones formuladas puede ser acogida” con lo que se confirma la resolución del Consejo de Transparencia en la que se instaba a dar la información.

Contra esta sentencia RTVE podrá interponer recurso de apelación ante la Audiencia Nacional.

Ver sentencia

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[Público]

El coste para las arcas públicas del fallido programa de Carlos Herrera en TVE "¿Cómo lo ves?" —blanco de la crítica televisiva por "cutre", "sexista", "cursi" y "superficial" y que fue cancelado al poco de nacer— deberá ser publicado a raíz de una decisión judicial que, además, condena a la corporación a pagar las costas del recurso que interpuso para negarse a proporcionar esa información. ¿Cómo lo ves?

Así lo dicta el juzgado central contencioso administrativo número 7 que, en una demoledora sentencia desestimatoria, tumba los tres argumentos que esgrime RTVE para negarse a proporcionar a cuánto ascendió el contrato con la productora Zebra, responsable del programa del veterano periodista.

Samuel Parra, responsable de ePrivacidad, fue la persona que preguntó hace dos años por el coste de la contratación del fallido programa de Carlos Herrera mediante una pregunta vía el Portal de Transparencia.

 

Sentencia

 

 

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[El Economista-Servimedia]

El presidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique, aseguró hoy en el Congreso que los informativos de TVE han contratado a cinco periodistas de fuera de la corporación porque se trata de "necesidades puntuales" de personal, derivadas de las bajas que se han producido en la plantilla en los últimos años.

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TVE recupera en marzo el liderazgo informativo que perdió en febrero, a manos de Telecinco, tras un lustro de dominio ininterrumpido, según el análisis del mes realizado por Barlovento Comunicación.

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Fuente: Audiovisual 451 /

El presupuesto de Televisión Española para invertir en proyectos audiovisuales para el presente año 2013 podría ser de alrededor de 35 millones de euros, según manifestó la responsable del Área de Cine de TVE, Eva Cebrián. El anuncio se llevó a cabo durante un coloquio mantenido en Santiago de Compostela entre TVE y productores del sector audiovisual de Galicia, organizado por el Clúster Audiovisual Galego (CLAG) con el apoyo de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

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Fuente: El País.

El recorte presupuestario en RTVE (unos 250 millones de euros menos de subvención en dos años) ha llevado a la televisión pública a abaratar el coste de la parrilla e intensificar el patrocinio de contenidos y la emisión de programas de "coste cero", es decir, aquellos en los que la cadena obtiene los derechos de emisión sin desembolsar un solo euro. Esta táctica supone un ahorro considerable, pero es cuestionada por Hacienda. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) duda de la interpretación que RTVE está haciendo sobre la ley que le permite, solo en determinadas circunstancias, echar mano del patrocinio cultural o deportivo.

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