[El País]
Las líneas rojas contra la corrupción marcadas por Alberto Fabra, tan permeables en otras ocasiones, difícilmente hubieran resistido a una imputada en las estancias más nobles del Palau de les Generalitat. "Hay una doctrina muy clara y así lo entiende la secretaria autonómica, y es que no hay en estos momentos ninguna persona imputada que pueda estar en el Gobierno de la Generalitat", afirmó este jueves el presidente del Consell. Un ahora antes, Lola Johnson, que logró convertirse en una persona de absoluta confianza de Fabra como jefa de Comunicación, había presentado su dimisión. Un mazazo en el corazón del Consell, a tres días de las elecciones europeas.
La dimisión hunde sus raíces en la desastrosa gestión de RTVV que ha desembocado en su imputación y en la de otros cuatro exdirectivos de Canal 9 y Ràdio 9 por una denuncia presentada por el Grupo Parlamentario de Compromís el 14 de marzo. Una denuncia que se refiere a una "cosa pasada", no a la acción del Gobierno actual, apostilló el presidente que mandó cerrar RTVV el pasado 29 de noviembre.
[ABC]
La Generalitat ha anunciado la intención del Gobierno español de cerrar canales de la televisión catalana, lo que afectaría a la alta definición, a la reciprocidad con otras comunidades como Baleares y Comunidad Valenciana (en el caso se que se reabra Canal 9). El Gobierno catalán ve motivos políticos y acusa de deslealtad al Ejecutivo español, que podría confirmar esta medida en el consejo de ministros del viernes o el siguiente. «Quieren silenciar lo que les molesta», ha dicho el consejero de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Francesc Homs.
En una rueda de prensa convocada de urgencia, Homs ha calificado hoy de «situación grave que pone en peligro el futuro de TV3» porque «con una apariencia técnica, el Gobierno español nos ha comunicado que dejamos de emitir algunos canales de la televisión catalana», aunque no concretó cuáles. Ha recordado que es el Ejecutivo autonómico el que tutela legalmente los espacios radioeléctricos.
[El Boletín.com]
Los responsables de la televisión pública de Extremadura han decidido no emitir la moción de censura del PSOE al presidente de la comunidad, José Antonio Monago, que tiene lugar hoy. El comité de empresa de Canal Extremadura ha convocado una manifestación a las 14.45 horas en todas las sedes del canal en señal de protesta.
El canal autonómico ofrecerá la sesión parlamentaria a través de la web, pero no por televisión, a pesar de que hace una semana sí dio en directo íntegramente el debate sobre el estado de la región. A las 11.00, hora en la que comenzará el debate en el parlamento regional, la cadena pública estará emitiendo X la tarde, la repetición del magacín vespertino de Canal Extremadura.
[Comité Empresa CMT]
El Comité de Empresa de CMT solicita a la dirección de RTVCM la apertura de un expediente disciplinario a la directora de Informativos de CMT, Victoria Vigón, por los gravísimos incidentes que tuvieron lugar durante el informativo "El Mirador de Castilla-La Mancha" de las 20 horas, del jueves día 8 de Mayo de 2014.
Victoria Vigón, una vez más -tal y como ha denunciado reiteradamente este Comité- haciendo alarde de una mala educación y estando fuera de sí, profirió numerosos gritos dentro y fuera del control de informativos, llegando a insultar a trabajadores de esta casa. Entre tantas lindezas gritó "gilipollas" al editor del informativo, Cesar Merino, o llamó "imbécil" en repetidas ocasiones a la presentadora del programa, Ester Coca, creando un ambiente de tensión que nadie tiene porqué aguantar y que incomodan a los profesionales que desempeñan su trabajo. Insultos y gritos de los que fueron testigos atónitos todos los presentes en el control, entre ellos el subdirector de informativos Mario Ordóñez.
[El diario.es]
Ha empezado la carrera para recoger las 50.000 firmas necesarias que avalen la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama la creación de una radio y una televisión públicas y en valenciano. La iniciativa, presentada en la sede del Consell Valencià de Cultura, ha sido respaldada por ciudadanos de la sociedad civil valenciana, desde partidos políticos hasta miembros de la cultura o la ciencia.
A partir de ahora se han empezado a repartir las credenciales de los 400 fedatarios que coordinarán la recogida de firmas por todo el País Valenciano para respaldar a la ILP y así llegue a las Corts la propuesta de ley de crear un nuevo ente públcio de radio y televisión pública y en valenciano.
Para la recogida de firmas se contará con 4.000 pliegues donde se deben plasmar las 50.000 firmas de personas mayores de edad y censadas en cualquier municipio valenciano.
[El Mundo]
La televisión autonómica de Murcia da el pistoletazo de salida en cuanto a la privatización de los entes autonómicos. El Gobierno ha sido el primero en autorizar un concurso para la contratación de la gestión, a través de un modelo de colaboración público-privada. El concurso es por tres años -prorrogables a otros tres- y por un importe de 12 millones de euros. El grupo Secuoya, especializado en la prestación de servicios, ha presentado su propuesta. Para ello, se ha arropado con una buena cuota del sector audiovisual murciano, buscando en la industria local y la proximidad sus bazas.
El pliego de condiciones elaborado por el Gobierno regional recoge que la empresa adjudicataria tiene que producir programas de contenido informativo y de servicio público de divulgación y entretenimiento que reflejen las tradiciones y singularidades de la región. Secuoya se presenta a la cita aglutinando al 85% de las productoras de la región y al 82% de las televisiones locales.
[El diario.es]
El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Nemesio de Lara, decidió el pasado martes no contestar a las preguntas en rueda de prensa de un redactor de Castilla-La Mancha Televisión (CMT) respecto a una supuesta adjudicación de obras a "empresas amigas" por parte del ex alcalde de Alcázar de San Juan, José Fernando Sánchez Bódalo, que había denunciado el periódico El Mundo.
De Lara aprovechó la ocasión para denunciar la manipulación que a su juicio realiza CMT y la respuesta de ese medio ha sido presentar esas declaraciones con el titular "Nemesio de Lara ataca a los trabajadores de RTVCM".
[El País]
Hay una cosa fundamental que une a los casi 1.500 empleados de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), a la treintena de directivos y a la industria auxiliar: la imperiosa necesidad de hacer sostenible la principal empresa audiovisual de la región. Una vez solucionado el conflicto sobre la representatividad de los trabajadores, dirección y comité quieren cerrar el convenio colectivo, un acuerdo bloqueado desde verano que sentaría las bases para afrontar el futuro de la entidad y le daría una estabilidad que necesita. El marco general es común al resto de televisiones: una norma que obliga al equilibrio financiero, una reducción de aportaciones de los Gobiernos y una rebaja sustancial de los ingresos por publicidad. En este contexto, los entes han adoptado diferentes caminos para afrontar dos capítulos fundamentales: personal y producción.
[El País]
En los peores años de la crisis, Murcia ha mantenido bajo mínimos su televisión autonómica, pero ahora, cuando el sector publicitario comienza a remontar, la comunidad se dispone a entregar su gestión al sector privado. El Gobierno que hasta principios de abril ha presidido Ramón Luis Valcárcel (PP) es el primero en aprovechar la ventana abierta tras la reforma de la Ley Audiovisual emprendida en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que permite la privatización total o parcial de los canales autonómicos. Murcia ha convocado un concurso para adjudicar la "gestión indirecta" de la televisión pública, que abarca la emisión de programas —incluidos los informativos— y la comercialización de la publicidad. El ente regional se hará cargo de los costes del transporte y difusión de la señal.
Para este año, RTV Murcia tiene un presupuesto de 6,3 millones de euros, de los que casi la mitad corresponden a gastos de personal. Pero la comunidad quiere reactivar la televisión duplicando la subvención: destinará hasta 36 millones en los próximos tres años, según el anuncio publicado la semana pasada en el Boletín Oficial del Estado, aunque el valor estimado del contrato que saca a concurso asciende a 59,8 millones.
[Efe]
La Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña (SAU) ha sacado a licitación la contratación de los servicios de realización y suministro de contenidos audiovisuales destinados a la programación de Canal Extremadura, en total 123 horas de emisión, por 550.550 millones de euros.
Según el pliego de condiciones de la licitación, recogido por Efe, en la oferta, válida para un año, se incluirán programas con una duración total en cómputo anual de 123 horas de emisión, entre las que debe haber, como mínimo, un programa diario, con emisión de lunes a viernes (ambos inclusive), así como dos programas de periodicidad semanal.
Estos programas de periodicidad semanal podrán corresponder a los siguientes géneros televisivos: reality, gastronomía, actualidad social, talent show o cualquier otro propuesto por el licitador.
Ver documentación en el Diario Oficial de Extremadura:
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