[Levante]
La comisión de Radiotelevisión y del espacio Audiovisual de las Corts ha aprobado esta mañana la propuesta de texto normativo que servirá de base para la futura ley de RTVV. El proceso que inicia hoy el Parlamento valenciano durará aproximadamente seis meses y culminará con la recuperación de las emisiones.
PSPV, Compromís y Podemos aseguran que la ley es una de las más avanzadas mientras que el PP la rechaza y Ciudadanos discrepa. Uno de los puntos que más fricción provoca es el de los derechos de los extrabajadores que accedieron por oposición.
Tras aprobarse el borrador de 68 páginas fruto de las cinco reuniones que ha celebrado la ponencia se pone en marcha el trámite legislativo de urgencia, que busca acortar los plazos a la mitad, ya que la recuperación del servicio público es uno de los objetivos declarados del Consell que sustentan PSPV y Compromís con apoyo de Podemos en las Corts.
El borrador dibuja ya cómo será la futura Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, que estará adscrita orgánicamente a Presidencia de la Generalitat pero actuará con plena autonomía e independencia.
El documento incluye, además, numerosos frenos para evitar que en el futuro pueda repetirse una situación similar a la que ocurrió en los gobiernos del PP cuando el ente público alcanzó una deuda que esta semana los liquidadores cifraban en 2.100 millones.
Uno de esos frenos es que los miembros del Consejo Rector cesarán en caso de que la liquidación del presupuesto anual recoja un déficit igual o superior al 10 % de la compensación que otorgue el Consell para la prestación del servicio. También abandonarán su cargo si se produce una disminución de más del 25 % de los ingresos propios previstos en el presupuesto anual, salvo causa justificada y previo informe de la Sindicatura de Comptes. La nueva corporación sólo podrá recurrir al endeudamiento para la financiación de inversiones en inmovilizado material e inmaterial y para atender desfases temporales de tesorería.
[Finanzas]
El Consejo de Ciudadanía de la futura Radiotelevisión Valenciana -el órgano asesor en materia de programación y contenidos- estará formado por trece miembros y no por veintiuno, como se había planteado inicialmente, que además serán seleccionados en un proceso público y abierto.
Esta es una de las novedades introducidas por la ponencia encargada de la elaboración de la futura ley de servicio público de RTVV en el borrador inicial, en un informe que se debatirá y votará el próximo lunes en la comisión de Les Corts de RTV y del Espacio Audiovisual, y al que ha tenido acceso EFE.
La ponencia ha atribuido además a ese Consejo la función de ejercer la defensa de la audiencia, por lo que recibirá e instruirá las quejas de la ciudadanía, y contribuirá a capacitar a la audiencia "para un ejercicio crítico, activo y exigente en su demanda por un proceso comunicativo democrático y de calidad".
La selección de sus miembros la hará el Consejo Rector, previa convocatoria pública en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en la que se podrán inscribir quienes acrediten un "entendimiento claro de lo que representa el servicio público" de radiotelevisión y experiencia en trabajo colaborativo en los diferentes campos de la actuación social.
La composición del Consejo habrá de garantizar la paridad de género, sus informes no serán vinculantes, se reunirán al menos una vez cada tres meses -y no cada cuatro, como se había planteado-, y se ha incluido que sus miembros podrán percibir dietas o indemnizaciones si se establece así en su reglamento.
También se han marcado ya la incompatibilidades para formar parte del Consejo, como ser representante político o sindical, desempeñar funciones orgánicas en partidos políticos, empleados de la propia Corporación y trabajadores de otros medios de comunicación y quienes ostenten o hubiesen ostentado cargos en organizaciones profesionales de profesionales de la comunicación.
[Finanzas]
El Consejo de Ciudadanía de la futura Radiotelevisión Valenciana -el órgano asesor en materia de programación y contenidos- estará formado por trece miembros y no por veintiuno, como se había planteado inicialmente, que además serán seleccionados en un proceso público y abierto.
Esta es una de las novedades introducidas por la ponencia encargada de la elaboración de la futura ley de servicio público de RTVV en el borrador inicial, en un informe que se debatirá y votará el próximo lunes en la comisión de Les Corts de RTV y del Espacio Audiovisual, y al que ha tenido acceso EFE.
La ponencia ha atribuido además a ese Consejo la función de ejercer la defensa de la audiencia, por lo que recibirá e instruirá las quejas de la ciudadanía, y contribuirá a capacitar a la audiencia "para un ejercicio crítico, activo y exigente en su demanda por un proceso comunicativo democrático y de calidad".
La selección de sus miembros la hará el Consejo Rector, previa convocatoria pública en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en la que se podrán inscribir quienes acrediten un "entendimiento claro de lo que representa el servicio público" de radiotelevisión y experiencia en trabajo colaborativo en los diferentes campos de la actuación social.
La composición del Consejo habrá de garantizar la paridad de género, sus informes no serán vinculantes, se reunirán al menos una vez cada tres meses -y no cada cuatro, como se había planteado-, y se ha incluido que sus miembros podrán percibir dietas o indemnizaciones si se establece así en su reglamento.
También se han marcado ya la incompatibilidades para formar parte del Consejo, como ser representante político o sindical, desempeñar funciones orgánicas en partidos políticos, empleados de la propia Corporación y trabajadores de otros medios de comunicación y quienes ostenten o hubiesen ostentado cargos en organizaciones profesionales de profesionales de la comunicación.
[ABC]
En sus diez años de vida, la radiotelevisión autonómica aragonesa ha funcionado sin disputas ni polémicas políticas tanto con gobiernos presididos por el PSOE como por el PP. Ahora, sin embargo, ese consenso ha acabado dinamitado y se ha abierto la guerra entre gobierno y oposición por la nueva ley del ente pactada por PSOE y Podemos con el concurso de los otros dos partidos de izquierdas: IU y Chunta Aragonesista -éste, actual socio de gobierno del PSOE aragonés-.
El PP ha puesto el grito en el cielo por una ley que, de entrada, les expulsa de la cúpula del Consejo de Administración de la radiotelevisión autonómica. La Mesa del Consejo la integran el presidente del ente, el vicepresidente y el secretario del Consejo.
Hasta ahora, la tradición fijaba que la presidencia la ostentara un designado por el partido o los partidos que ocupan en cada momento el Gobierno regional; y la vicepresidencia se le otorgaba al partido mayoritario de la oposición -actualmente, el PP-.
[ABC]
En sus diez años de vida, la radiotelevisión autonómica aragonesa ha funcionado sin disputas ni polémicas políticas tanto con gobiernos presididos por el PSOE como por el PP. Ahora, sin embargo, ese consenso ha acabado dinamitado y se ha abierto la guerra entre gobierno y oposición por la nueva ley del ente pactada por PSOE y Podemos con el concurso de los otros dos partidos de izquierdas: IU y Chunta Aragonesista -éste, actual socio de gobierno del PSOE aragonés-.
El PP ha puesto el grito en el cielo por una ley que, de entrada, les expulsa de la cúpula del Consejo de Administración de la radiotelevisión autonómica. La Mesa del Consejo la integran el presidente del ente, el vicepresidente y el secretario del Consejo.
Hasta ahora, la tradición fijaba que la presidencia la ostentara un designado por el partido o los partidos que ocupan en cada momento el Gobierno regional; y la vicepresidencia se le otorgaba al partido mayoritario de la oposición -actualmente, el PP-.
[Fórmula TV]
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha apoyado las nueve candidaturas propuestas para formar el Consejo de Administración de Telemadrid. Cinco han sido nombradas por asociaciones. Las designación de las otras cuatro han sido seleccionadas por los partidos políticos. Los 127 diputados de la Cámara han votado a favor.
Cristina Cifuentes ha tenido que ceder ante el PSOE y Podemos para facilitar la toma de posesión de la nueva dirección de la cadena pública. Aunque durante los primeros meses de negociación el grupo del PP en la Asamblea de Madrid había vetado a las candidatas Mae Lozano, promovida por Podemos y Carmen Caffarel, por el PSOE, la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha tenido que renunciar a sus exigencias para desbloquear el enrocamiento.
Pepe Oneto y Mari Pau han sido propuestos por el PP y Ciudadanos . De los cinco restantes, dos han sido escogidos por la Asociación de usuarios de comunicación, Alfonso Morales y Alejandro Perales . Salvador Molina ha sido una apuesta de la Asociación de trabajadores por cuenta propia de la Comunidad de Madrid-ATA. El cuarto y el quinto han sido impulsados por la Asociación de profesionales de radio y televisión de Madrid, María José Peláez y Juan Ignacio Ocaña.
[Fórmula TV]
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha apoyado las nueve candidaturas propuestas para formar el Consejo de Administración de Telemadrid. Cinco han sido nombradas por asociaciones. Las designación de las otras cuatro han sido seleccionadas por los partidos políticos. Los 127 diputados de la Cámara han votado a favor.
Cristina Cifuentes ha tenido que ceder ante el PSOE y Podemos para facilitar la toma de posesión de la nueva dirección de la cadena pública. Aunque durante los primeros meses de negociación el grupo del PP en la Asamblea de Madrid había vetado a las candidatas Mae Lozano, promovida por Podemos y Carmen Caffarel, por el PSOE, la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha tenido que renunciar a sus exigencias para desbloquear el enrocamiento.
Pepe Oneto y Mari Pau han sido propuestos por el PP y Ciudadanos . De los cinco restantes, dos han sido escogidos por la Asociación de usuarios de comunicación, Alfonso Morales y Alejandro Perales . Salvador Molina ha sido una apuesta de la Asociación de trabajadores por cuenta propia de la Comunidad de Madrid-ATA. El cuarto y el quinto han sido impulsados por la Asociación de profesionales de radio y televisión de Madrid, María José Peláez y Juan Ignacio Ocaña.
[El Mundo]
El Parlament abrió ayer la puerta a modificar las leyes de TV3, Catalunya Ràdio y el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) para tratar de despolitizar la gestión de los medios públicos dependientes del Govern. En concreto, la oposición propone que sus consejeros sean escogidos por dos tercios del Parlament y no por mayoría absoluta, y que los candidatos acrediten hasta 15 años de experiencia en el sector. Exigencias que Junts pel Sí no bloqueó a sabiendas de que perdería la votación ante el resto de grupos de la cámara.
Ahora, Ciutadans quiere que el nombramiento de los consejeros de TV3, Catalunya Ràdio y el CAC sume dos tercios de la cámara. Es decir, que Junts pel Sí no pueda hacer valer su acuerdo con la CUP y tenga que convencer a otro grupo para escoger a los responsables de los medios de comunicación. En total, la votación requeriría hasta 90 escaños, un mínimo que la oposición considera adecuado para despolitizar los medios públicos catalanes. «El consenso es sinónimo de calidad democrática», aseguró ayer el diputado de Ciutadans, David Mejía, en la defensa de la iniciativa presentada por el partido naranja.
Asimismo, la proposición plantea que los candidatos a formar parte del consejo de gobierno de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals -ente que gestiona TV3 y Catalunya Ràdio- sean profesionales de la comunicación con más de 15 años de experiencia profesional acreditada. También que el contrato programa entre el Govern y el organismo público tenga una vigencia de cuatro años prorrogables, como mucho, en uno más.
[El Mundo]
El Parlament abrió ayer la puerta a modificar las leyes de TV3, Catalunya Ràdio y el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) para tratar de despolitizar la gestión de los medios públicos dependientes del Govern. En concreto, la oposición propone que sus consejeros sean escogidos por dos tercios del Parlament y no por mayoría absoluta, y que los candidatos acrediten hasta 15 años de experiencia en el sector. Exigencias que Junts pel Sí no bloqueó a sabiendas de que perdería la votación ante el resto de grupos de la cámara.
Ahora, Ciutadans quiere que el nombramiento de los consejeros de TV3, Catalunya Ràdio y el CAC sume dos tercios de la cámara. Es decir, que Junts pel Sí no pueda hacer valer su acuerdo con la CUP y tenga que convencer a otro grupo para escoger a los responsables de los medios de comunicación. En total, la votación requeriría hasta 90 escaños, un mínimo que la oposición considera adecuado para despolitizar los medios públicos catalanes. «El consenso es sinónimo de calidad democrática», aseguró ayer el diputado de Ciutadans, David Mejía, en la defensa de la iniciativa presentada por el partido naranja.
Asimismo, la proposición plantea que los candidatos a formar parte del consejo de gobierno de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals -ente que gestiona TV3 y Catalunya Ràdio- sean profesionales de la comunicación con más de 15 años de experiencia profesional acreditada. También que el contrato programa entre el Govern y el organismo público tenga una vigencia de cuatro años prorrogables, como mucho, en uno más.
[El Economista]
El nuevo director de Informativos de Telemadrid, Alipio Gutiérrez, se ha planteado los objetivos de "devolver la credibilidad a la televisión pública de todos los madrileños" y hacer "visible" el canal a través de un cambio en la programación del que ha dado hoy cuenta en sede parlamentaria.
Gutiérrez ha comparecido en la Asamblea de Madrid a petición del grupo de Podemos para informar sobre los planes con los que encara su nueva etapa en la cadena.
Alipio Gutiérrez ha argumentado que en la etapa anterior los seis espacios informativos de la cadena funcionaban como "burbujas independientes" que contaban cada una con su director y sus editores, lo que ha calificado de "excesivo".
Por ello, su idea inicial era "evitar" esos "reinos de taifas" y establecer una programación con "armonía" y "apuestas de cadena", sin que cada uno de los informativos fuera independiente.
Para ellos, decidió prescindir de uno de los programas englobados en informativos -Ciudadano Cake-; eliminar Madrid Despierta y apostar por un magacín matinal, Madrid Contigo; dar una nueva imagen a los Telenoticias, y modificar el Diario de la Noche para abandonar su formato de análisis y debate y convertirlo en un espacio informativo de resumen de la jornada y avance del día siguiente.
Los cambios, ha resumido el director de informativo, buscan apostar por la información local, buscar un perfil de audiencia más joven y más femenino, potenciar la información sanitaria y contar con más medios para "sacar los informativos a la calle".
[El Economista]
El nuevo director de Informativos de Telemadrid, Alipio Gutiérrez, se ha planteado los objetivos de "devolver la credibilidad a la televisión pública de todos los madrileños" y hacer "visible" el canal a través de un cambio en la programación del que ha dado hoy cuenta en sede parlamentaria.
Gutiérrez ha comparecido en la Asamblea de Madrid a petición del grupo de Podemos para informar sobre los planes con los que encara su nueva etapa en la cadena.
Alipio Gutiérrez ha argumentado que en la etapa anterior los seis espacios informativos de la cadena funcionaban como "burbujas independientes" que contaban cada una con su director y sus editores, lo que ha calificado de "excesivo".
Por ello, su idea inicial era "evitar" esos "reinos de taifas" y establecer una programación con "armonía" y "apuestas de cadena", sin que cada uno de los informativos fuera independiente.
Para ellos, decidió prescindir de uno de los programas englobados en informativos -Ciudadano Cake-; eliminar Madrid Despierta y apostar por un magacín matinal, Madrid Contigo; dar una nueva imagen a los Telenoticias, y modificar el Diario de la Noche para abandonar su formato de análisis y debate y convertirlo en un espacio informativo de resumen de la jornada y avance del día siguiente.
Los cambios, ha resumido el director de informativo, buscan apostar por la información local, buscar un perfil de audiencia más joven y más femenino, potenciar la información sanitaria y contar con más medios para "sacar los informativos a la calle".
[La Voz de Galicia]
¿Puede alguien acabar en la cárcel por no querer ayudar a financiar los medios de comunicación? En Alemania, por lo que parece, sí. Al menos eso es lo que le ocurrió a una mujer de 46 años, a quien las autoridades trasladaron a un centro penitenciario de Chemnitz (en el este del país) el pasado 5 de febrero, tras comprobar que desde el 2013 no había pagado la cuota obligatoria al organismo de la radiotelevisión pública. La ciudadana oriunda de Turingia se negó además a que le embargaran sus pertenencias para compensar el impago, e insistió en que la tarifa es inconstitucional.
«Nunca he protestado ni ignorado los escritos, solo quería que la justicia me explicara la legalidad de esa contribución. Veremos lo que ocurre...», declaró al diario Welt am Sonntag la acusada, que dijo no tener radio ni televisión en casa y que fue puesta en libertad el 5 de abril, después de pasar dos meses en prisión. Quizás sea el caso que más revuelo ha provocado, pero no es el único. Según datos oficiales, a finales del 2014 había 4,5 millones de hogares, empresas o instituciones que no pagaban dicha tarifa, o que solo lo hacían tras ser reprimidos por la vía legal. Es decir, casi un 10 % del total de los contribuyentes.
Entre ellos figura incluso algún político, como la vicepresidenta de la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Beatrix von Storch, a quien le intervinieron las cuentas a principios de abril, por deber 240 euros al organismo reponsable de hacer caja para los medios públicos. Von Storch está decidida a proseguir con su acto de «insumisión civil», explicó hace unos días Ronald Gläser, portavoz de la filial berlinesa de AfD, que propone la supresión de la tasa a partir del 2018.
Pero el viernes pasado, el Tribunal Constitucional envió una señal muy distinta, cuando desestimó varias demandas presentadas contra el controvertido sistema de financiación. Los partidarios aseguran que garantiza el carácter imparcial del periodismo, mientras los detractores denuncian que se trata de un impuesto encubierto. El debate está servido, y es tan antiguo como la propia tarifa, que data de los años 20.
Bautizada primero como GEZ (sistema de recaudación de cuotas, por sus siglas en alemán), el importe se establecía según el tipo y el número de aparatos que tuviera cada hogar. No obstante, a partir del 2013, cambió su nombre por el de «cuota de la radiotelevisión pública», y empezó a fundamentarse en la idea de que, a raíz de la revolución digital, los dispositivos no son necesarios para ver la tele o escuchar la radio, ya que se puede hacer mediante teléfonos móviles y tabletas.
[La Voz de Galicia]
¿Puede alguien acabar en la cárcel por no querer ayudar a financiar los medios de comunicación? En Alemania, por lo que parece, sí. Al menos eso es lo que le ocurrió a una mujer de 46 años, a quien las autoridades trasladaron a un centro penitenciario de Chemnitz (en el este del país) el pasado 5 de febrero, tras comprobar que desde el 2013 no había pagado la cuota obligatoria al organismo de la radiotelevisión pública. La ciudadana oriunda de Turingia se negó además a que le embargaran sus pertenencias para compensar el impago, e insistió en que la tarifa es inconstitucional.
«Nunca he protestado ni ignorado los escritos, solo quería que la justicia me explicara la legalidad de esa contribución. Veremos lo que ocurre...», declaró al diario Welt am Sonntag la acusada, que dijo no tener radio ni televisión en casa y que fue puesta en libertad el 5 de abril, después de pasar dos meses en prisión. Quizás sea el caso que más revuelo ha provocado, pero no es el único. Según datos oficiales, a finales del 2014 había 4,5 millones de hogares, empresas o instituciones que no pagaban dicha tarifa, o que solo lo hacían tras ser reprimidos por la vía legal. Es decir, casi un 10 % del total de los contribuyentes.
Entre ellos figura incluso algún político, como la vicepresidenta de la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Beatrix von Storch, a quien le intervinieron las cuentas a principios de abril, por deber 240 euros al organismo reponsable de hacer caja para los medios públicos. Von Storch está decidida a proseguir con su acto de «insumisión civil», explicó hace unos días Ronald Gläser, portavoz de la filial berlinesa de AfD, que propone la supresión de la tasa a partir del 2018.
Pero el viernes pasado, el Tribunal Constitucional envió una señal muy distinta, cuando desestimó varias demandas presentadas contra el controvertido sistema de financiación. Los partidarios aseguran que garantiza el carácter imparcial del periodismo, mientras los detractores denuncian que se trata de un impuesto encubierto. El debate está servido, y es tan antiguo como la propia tarifa, que data de los años 20.
Bautizada primero como GEZ (sistema de recaudación de cuotas, por sus siglas en alemán), el importe se establecía según el tipo y el número de aparatos que tuviera cada hogar. No obstante, a partir del 2013, cambió su nombre por el de «cuota de la radiotelevisión pública», y empezó a fundamentarse en la idea de que, a raíz de la revolución digital, los dispositivos no son necesarios para ver la tele o escuchar la radio, ya que se puede hacer mediante teléfonos móviles y tabletas.
[La Verdad]
La Asamblea Regional aprobó en la mañana de este jueves por unanimidad la designación del profesor de la Universidad de Murcia Juan Miguel Aguado Terrón como director general de Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM), la empresa pública que aglutina a la emisora de radio Onda Regional y a la televisión 7 Región de Murcia.
Aguado (Madrid, 1971) es doctor en Ciencias de la Información y profesor titular en la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia. Su nombramiento fue propuesto por Podemos y suscrito por todos los grupos políticos de la Cámara, cuyos portavoces han coincidido en "que es el candidato idóneo", "imparcial" y "conocedor de cómo debe ser la comunicación en el siglo XXI".
[La Verdad]
La Asamblea Regional aprobó en la mañana de este jueves por unanimidad la designación del profesor de la Universidad de Murcia Juan Miguel Aguado Terrón como director general de Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM), la empresa pública que aglutina a la emisora de radio Onda Regional y a la televisión 7 Región de Murcia.
Aguado (Madrid, 1971) es doctor en Ciencias de la Información y profesor titular en la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia. Su nombramiento fue propuesto por Podemos y suscrito por todos los grupos políticos de la Cámara, cuyos portavoces han coincidido en "que es el candidato idóneo", "imparcial" y "conocedor de cómo debe ser la comunicación en el siglo XXI".
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