Viernes, Mayo 29, 2020
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[El País]

Ciudadanos exige a cambio de su apoyo al proyecto de ley del Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) para Telemadrid que asociaciones de profesionales elijan a los miembros del Consejo de Administración "para despolitizar" la cadena pública. "Es una condición innegociable", advierte el líder regional del partido, Ignacio Aguado. El PP se muestra abierto a que, si no todos, la mayoría de consejeros sea designada de esta manera, y no por los partidos representados en la Asamblea de Madrid. Las asociaciones que designarían al Consejo serían la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) y la Federación de Consumidores y Usuarios de Medios de Comunicación (iCmedia).

La idea de Ciudadanos consiste en que la APM proponga, en principio, a tres de los siete consejeros de Telemadrid. El resto los elegirían a partes iguales la FAPE e iCmedia.

El portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, cree que la visión de Ciudadanos sobre Telemadrid tiene "tintes corporativistas". "Un modelo mixto suena a un modelo acordado entre el Partido Popular y Ciudadanos. Esa idea de que si los consejeros de Telemadrid son de asociaciones profesionales tienen una pureza enorme y si son de partidos políticos están contaminados merece un repaso. A estas alturas, conociendo el mundo de los lobbies, pensar que una asociación profesional no tiene también sus intereses es equivocarse. Un medio de comunicación, además de ser un gran defensor de la verdad, también tiene intereses legítimos", reflexiona Gabilondo.

 

Proyecto de ley

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[Nueva Tribuna]

Coincidiendo con la presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Telemadrid, la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha rechazado en un comunicado que la designación del Consejo de Administración de Telemadrid no sea competencia de la Asamblea, sino por designación de organizaciones profesionales y sociales.

La AUC considera que los medios de comunicación públicos deben "desgubernamentalizarse", pero sin olvidar que la voluntad de la ciudadanía está representada en los parlamentos y que "son los más legitimados para garantizar la transparencia y el pluralismo en este tipo de nombramientos".

La Asociación sí considera que las asociaciones profesionales y sociales en el ámbito de la comunicación, como lo es la propia AUC, "tienen un importante papel que cumplir proponiendo miembros para el Consejo de Administración que cumplan los requisitos de experiencia probada que hayan de ser refrendados por la Asamblea". Y, sobre todo, su mayor aportación se vincula a la conformación de un Consejo Asesor "que verdaderamente garantice la participación social en la gestión de Telemadrid y en su línea de programación".

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[El diario.es]

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el inicio de los trámites para la elaboración del proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía, un texto que atenderá las necesidades de regulación integral de este sector estratégico para la economía, la cohesión social y la proyección cultural de la comunidad, además de establecer medidas para asegurar la defensa del servicio público en este ámbito de forma que no puedan producirse privatizaciones ni externalizaciones.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el vicepresidente y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, quien ha señalado que la futura ley cubrirá aspectos insuficientemente desarrollados por la normativa estatal básica en vigor desde 2010, sobre todo en lo relativo a la ampliación de los derechos de los usuarios, la protección de los menores, la participación de la ciudadanía, el control de las emisiones ilegales y reforzamiento del régimen sancionador.

Jiménez Barrios ha explicado que el documento estará abierto a las aportaciones de la ciudadanía, los grupos políticos y los agentes sociales antes de su tramitación como proyecto y remisión al Parlamento, y que una de sus principales novedades, también a nivel nacional, será la regulación de ámbitos del sector hasta ahora sin reconocimiento normativo, como es el caso del servicio público audiovisual que prestan universidades y centros docentes.

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[Infolibre]

La sustitución de Nacho Villa al frente de la radio y televisión de Castilla-La Mancha será un hecho en pocos días tras la aprobación por la Cortes regionales de una proposición de ley que modifica la forma de designación del consejo de administración en el sentido de que, en caso de no obtenerse la mayoría de dos tercios en la primera votación, bastará en la segunda con mayoría absoluta.

El consejo se tendrá que reunir en 72 horas si se produce una petición en ese sentido por parte del consejo de Gobierno. A pesar de que el Ejecutivo que preside Emiliano García Page no tiene mayoría en el actual órgano, el dictamen no es vinculante, por lo que, tras ser oído, el Gobierno puede proceder al nombramiento de la nueva directora general, Carmen Amores, y desbloquear así la situación tras la negativa de Villa a presentar su dimisión, tal y como hizo hace cuatro años su predecesor Jordi García Candau.

Proyecto aprobado

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[Diario de Avisos]

El Parlamento de Canarias aprobó ayer la nueva Ley de la Radio Televisión Canaria (RTVC), que introduce importantes cambios en la regulación de este medio de comunicación público, como la creación de un consejo rector, con un presidente, cuyos cinco miembros deberán ser necesariamente elegidos por mayoría reforzada de dos tercios parlamentarios, y, caso de no ser posible, de tres quintos.

De esta forma, PSOE y CC renunciaron a ultima hora a la elección de estos directivos por la mayoría absoluta que se preveía en la norma de partida, como último paso si no hubiera consenso, un cambio in extremis que permitió el voto favorable de Nueva Canarias (NC) al texto, pero no así el PP, pese a que esta había sido una de sus enmiendas.

El mandato del consejo rector durará seis años, pero cada tres se elegirá a su presidente. La ley prevé también un consejo asesor como órgano de participación de la sociedad, y un consejo de informativos para los profesionales de este medio.

 

Proposición de ley

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[El Comercio]

El PSOE defiende que la nueva Ley de Reestructuración del Sector Público asturiano, centrada casi de forma exclusiva en la Radio Televisión del Principado (RTPA) y pactada con el PP, garantiza «un modelo de gestión pública» y «representativo de la pluralidad política que existe en Asturias». El pacto PSOE-PP permitirá sacar la nueva ley adelante en el Pleno extraordinario de la Junta General del Principado convocado para este jueves, pese a la oposición de Foro, IU y UPyD, que acusan a ambas formaciones de pretender dar uso partidista e interesado al ente de comunicación autonómico. «Todo lo contrario. No hay un control político de la RTPA y nosotros hacemos todo lo posible para que no lo haya. Nosotros no lo queremos, seguramente quien nos está acusando es quien tiene mayor interés en controlar esta televisión. Si no, ¿por qué ese miedo a la pluralidad política y a la proporcionalidad que exista en la Cámara a la hora de elegir a los representantes en el órgano de gestión de la RTPA?», se preguntaba ayer Fernando Lastra, portavoz del grupo socialista, ante las críticas de la oposición.

 

Ver texto ley

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[El Derecho]

El pasado sábado 10 de mayo se publicó en el BOE la ley 9/2014 de Telecomunicaciones. Esta ley incluye modificaciones de la ley de comunicación audiovisual; el texto unificado y actualizado de dicha ley puede consultarse en el apartado de Documentación en Teledetodos.

La nueva ley persigue garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa, que requiere, en la actual situación de evolución tecnológica e incertidumbre económica, asegurar un marco regulatorio claro y estable que fomente la inversión, proporcione seguridad jurídica y elimine las barreras que han dificultado el despliegue de redes, y un mayor grado de competencia en el mercado.

 

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Se produce en las Cortes valencianas el debate y votación del dictamen de la Comisión de Radiotelevisión Valenciana y Espacio Audiovisual sobre la proposición de ley para la recuperación del servicio de radiotelevisión pública autonómica. El documento de la comisión se aprobó con los votos del PSPV-PSOE, Compromís y Podemos-Podem y se abstuvieron tanto el grupo popular como Ciudadanos.
Con la ley aprobada, se deroga la ley de cierre de RTVV y se fija un plazo de ocho meses para reabrir RTVV.

 

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[Infobae]

El Congreso, con el voto de la coalición oficialista Cambiemos, del masissta Frente Renovador y un sector del peronismo, puso hoy punto final a la Ley de Medios del kirchnerismo. Lo hizo con la aprobación en la Cámara de Diputados del decreto de necesidad y urgencia que firmó al principio de su mandato el presidente Mauricio Macri, que creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y dejó sin efecto puntos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Según la normativa vigente, con la aprobación de una de las dos cámaras del Legislativo, los DNU quedan aprobados de manera definitiva y tienen carácter de ley. En la sesión de Diputados –que en principio contó con la presencia de Máximo Kirchner, aunque luego dejó el recinto-, se convalidó la decisión de Macri de crear el ENACOM, un organismo que concentra las funciones que antes tenían la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (Aftic).

La aprobación del decreto de creación del Enacom supone la confirmación de la entrada en vigencia de este organismo, para el cual Macri designó como responsable a Miguel de Godoy, en el marco de la modificación por decreto de los principales artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la de Argentina Digital, ambas impulsadas durante el gobierno anterior.

De acuerdo con el decreto aprobado, el 267, publicado el 29 de diciembre pasado, el Enacom –que controlará las licencias de medios audiovisuales y las telecomunicaciones– será un ente "autárquico y descentralizado", aunque funcionará "en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones", a cargo actualmente de Oscar Aguad.

La resolución, además, establece la creación de una "Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación" de la Ley de Medios y de Argentina Digital.

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[Blog PERIODISMO EN LAS AMERICAS]

Los activistas y trabajadores de los medios en Guatemala que luchan por la aprobación de una ley para proteger la existencia de radios comunitarias en el país están enfrentando la oposición de una asociación de empresas de radio y televisión.

La Ley de Medios de Comunicación Comunitaria, parte de la Iniciativa de Ley 4087, legalizaría las radios comunitarias en Guatemala al otorgarles espacio en el espectro radioeléctrico. La ley fue recientemente reintroducida ante el Congreso de Guatemala por la diputada Sandra Morán con el apoyo del diputado Amílcar Pop.

El 60 por ciento de la población de Guatemala es indígena, según el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. En el país hay alrededor de 24 comunidades indígenas diferentes y otro gran número de lenguas habladas.

De acuerdo con Cultural Survival, una organización sin ánimo de lucro que lucha por los derechos de las comunidades indígenas y que ha expresado su apoyo y se ha movilizado por la ley, las radios comunitarias en Guatemala "actualmente operan en un área legal gris, con el riesgo de redadas policiales y cárcel para los voluntarios de la radio".

Las estaciones "tienen la función vital de llevar información sobre noticias importantes y programación educativa como operaciones de emergencia, registro de votantes, campañas de salud pública a los oyentes en sus propios idiomas locales, alcanzando incluso las zonas más rurales en donde la radio es la única forma asequible de comunicación", dijo Cultural Survival.

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