Domingo, Junio 20, 2021
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El presente real decreto ley tiene como objetivo resolver una situación provocada por la falta de cumplimiento por parte de las Cámaras del mandato contenido en la disposición transitoria segunda de la Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. Los contenidos del artículo único resuelven con urgencia la situación permitiendo, de manera provisional, a la Corporación ejercer eficazmente su función de servicio público hasta la elección del nuevo Consejo de Administración a través del procedimiento que las propias Cámaras aprobaron en 2017.

 

Norma

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Nuevo sistema de elección de los miembros del Consejo de Administración. Las Cortes Generales aprobarán, en el plazo de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, la normativa que contemple la selección de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente de la Corporación RTVE y del Consejo por concurso público con la participación de un Comité de Expertos.

 

Texto de la ley actualizada a 1 de enero 2020.

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Miércoles, 22 Julio 2020 15:32

Algunas cosas no funcionan en las Cortes

ÁNGEL GARCÍA CASTILLEJO/RAFAEL DÍAZ ARIAS 

O como dice el dicho popular “que cada palo aguante su vela”. En este periodo convulso y de desasosiego social, cualquier ciudadano que se sienta demócrata y que sea mínimamente exigente y crítico en el respeto a sus derechos, habrá podido conocer e incluso leer con sorpresa un documento elaborado por Letrados de las Cortes Generales destinados en el Senado titulado “nota sobre la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE” la radio y la televisión de todas y todos, y que se encuentra sumida en una profunda crisis, por entre otros muchos motivos, por el abandono y desatención a la que las Cortes la están sometiendo.

Dos años de provisionalidad en la dirección y gestión de la Corporación, reducción presupuestaria con presupuestos prorrogados desde el período Montoro. Carencias financieras para acceder a contenidos de servicio público atractivos para los telespectadores y la pérdida de audiencias que no se ven reconocidas en el prestador del servicio público radiotelevisivo a diferencia de aquellos años de 2005 a 2011 en que llegó a ser líder de audiencias televisivas y en credibilidad informativa, a pesar del golpe de la crisis financiera global y del paso de las emisiones en analógico a la TDT.

El informe de los letrados de las Cortes Generales causa desconcierto y hace temer que el asesoramiento que ofrecen los servicios jurídicos de las Cámaras a los diputados y senadores, a la representación de la soberanía popular, sea coherente con sus propios consejos y advertencias con las cuales ha venido orientando los procesos de toma de decisiones de los parlamentarios o, como es el caso, de los miembros del Comité de expertos para la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE.

Nos encontramos obligados, a preguntarnos, y haciendo un muy breve relato sobre, cómo es posible que se haya llegado a redactar una nota en la que los Letrados afirman que el baremo aprobado por el Comité de expertos para la evaluación de los candidatos al Consejo de Administración de RTVE “…, fija una limitación de la idoneidad de los candidatos no prevista en la anterior regulación y que excede el mandato recibido…”. Cómo es posible que no se advirtiera esta eventualidad en su momento por los Letrados. Antes no se vio esta presunta anomalía y ahora si. Esperemos que estas diferentes apreciaciones no supongan descrédito y demérito de instituciones tan altas como las propias Cortes Generales. En todo caso no se lo merecen las Cortes y en lo que afecta a la CRTVE y el servicio público de radio y televisión, tampoco.

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La Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de los Diputados ha acreditado la idoneidad de todos los candidatos en liza para formar parte del nuevo Consejo de Administración de RTVE. Lo ha hecho pese al voto en contra de Vox, que ha mostrado su rechazo a lo que considera "un proceso viciado en su origen".
El resto de portavoces de Ciudadanos, Unidas Podemos, Partido Popular y PSOE también han agradecido a los aspirantes su trabajo y que hayan explicado sus proyectos en la Cámara.
La Comisión de Nombramientos de la Cámara Baja ha acreditado la idoneidad de los 20 primeros aspirantes con 253 votos a favor de PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos, y los 52 en contra de Vox. En relación con el resto de los candidatos, los grupos han avalado las candidaturas con 10 abstenciones de Ciudadanos, 52 votos en contra de Vox y 243 votos a favor de PSOE, PP y Unidas Podemos.

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El Congreso ha empezado este miércoles el examen a los candidatos al Consejo de Administración de RTVE, en la que se supone será la recta final para elegir a su nuevo presidente después de dos años y medio de interinidad de la administradora única provisional Rosa María Mateo.

Los primeros en salir al ruedo han sido Francisco Javier Montemayor, Rafael Camacho, José Manuel Pérez, Manuel Adrián Ventero y Francisco Moreno, los cinco candidatos con mejor puntuación de los 93 que serán examinados por el Congreso.

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La Mesa del Congreso ha decidido reiniciar el proceso de renovación del Consejo de RTVE, pendiente desde 2018, al tiempo que ha decidido examinar en enero a los 93 profesionales que se presentaron al concurso público de 2018. Entre ellos, los grupos propondrán nombres al Pleno del Congreso para elegir a los seis vocales que le corresponden.
En ese contexto, y después de estudiar un informe de los servicios jurídicos, la Mesa del Congreso ha aceptado por unanimidad la propuesta de la presidenta, Meritxell Batet, de convocar a todos los candidatos para ser examinados ante la Comisión Consultiva de Nombramientos, si mantienen su candidatura al Consejo.

Siguiendo el criterio de los letrados, el Congreso ha optado por dar derecho a la comparecencia a a todos los aspirantes que cumplieron los requisitos exigidos en el concurso público, que son casi un centenar, y no sólo a los que obtuvieron la mejor nota en la selección del Comité de Expertos.

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Crecen las quejas y demandas que reclaman la culminación del concurso público de 2018 para renovar la Presidencia y el Consejo de Administración de la Corporación RTVE, como motor de las reformas indispensables para su recuperación. Mientras el servicio público sufre la peor crisis de su historia, diversas entidades sociales amenazan ahora con dirigirse ante las instancias españolas y europeas, denunciando el prolongado inmovilismo del Parlamento y el Gobierno.

Tres años han pasado ya desde la aprobación, con rara unanimidad parlamentaria, de la Ley 5/2017 (29 de septiembre) que buscaba anular la contrarreforma del Gobierno de Rajoy de 2012 (elección por mayoría simple gubernamental), para volver a exigir mayoría parlamentaria reforzada de dos tercios para la elección de los máximos órganos de gestión de RTVE. Dos años largos han transcurrido también desde que, a propuesta del Gobierno y en tanto se sustanciaba el concurso público que según esta ley debería preseleccionar a los candidatos más idóneos, se designó como administradora única "provisional" a Rosa María Mateo (julio de 2018). Ese mismo mes comenzaron las sesiones de trabajo del Comité de Expertos, nombrado a propuesta de la totalidad de los grupos parlamentarios que, tras publicar sus baremos legales (BOE de 17-8-2018), actuó por general consenso para valorar y distinguir a 20 candidatos del casi centenar de aspirantes presentados (BOE de 18-12-2018).

 Politicos gamberros

¿Y después? Luego vinieron las elecciones generales del 30 de abril de 2019, que dieron la investidura fallida, con el expediente del concurso traspasado oficialmente de la XIII y a la XIV legislatura. Y los comicios del 10 de noviembre siguiente, que abocaron al Gobierno de coalición. Y después llegó la pandemia que embrolló todo. Mientras tanto y hasta hoy, el concurso público quedó congelado y la "provisionalidad" se instaló en RTVE. Con una primera y evidente consecuencia: la no aplicación de la ley de 2017, titulada precisamente "para recuperar la independencia" de RTVE "y el pluralismo en la elección de sus órganos" demuestra que el servicio público de radiodifusión sigue careciendo de ambas notas vitales.

Aunque con su singularidad actual, la historia de RTVE repite esta paradoja endémica de avances y regresiones con cada gobierno, de izquierdas o de derechas, en lo que algunos historiadores no han dudado en calificar de "fatalidad" del servicio público: el nacimiento de TVE en pleno franquismo (1956) habría creado un aparato de "régimen" dictatorial, cuyo supremo valor era la manipulación de los súbditos, una mentalidad que habría atravesado la pared de la transición para contaminar a los gobiernos democráticos.

 

Así, Suárez inició la transición de la dictadura poniendo a RTVE con Rafael Ansón al servicio de UCD y Calvo Sotelo anuló la virtud del primer Estatuto democrático de 1980, "dimitiendo" a Fernando Castedo. Como Alfonso Guerra arruinó las promesas socialistas con José María Calviño y Jordi García Candau y hasta Rodríguez Zapatero permitió que su reforma democrática de 2006 fuera descafeinada por María Teresa Fernández de la Vega con la "reforma" financiera de 2009 (eliminación de la publicidad sin modelo financiero viable alternativo) y con penalizaciones al servicio público en una ley general audiovisual escorada al polo comercial (2010).

Así, mientras la derecha explotaba al máximo la utilización partidista de RTVE al tiempo que deterioraba el servicio público, los gobiernos progresistas han coqueteado con las cadenas comerciales y preterido el servicio público. Hasta la última ilusión de ese pacto del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos que prometía la elección y renovación (…) del consejo de administración de RTVE, primando "los principios de mérito, capacidad, igualdad, paridad de género y prestigio profesional", y "mejorando el sistema de concurso público".

En cada ocasión, RTVE ha descendido varios escalones en su capacidad de referencia social. Pero ahora parece estar inmersa en una pendiente de caída libre en todos los planos. Sin presidencia ni consejo de administración elegidos por el parlamento, por vez primera en democracia, no solo incumple la ley de 2006 sino la propia constitución (art. 20.3: "la ley regulará…") perdiendo al mismo tiempo su legitimidad para las funciones que le son propias: nombramiento de directivos, aprobación de contenidos y presupuestos. De forma que las múltiples decisiones de estos dos años, normales en una gestión televisiva, como las remociones de directivos de radio o de centros territoriales, las sustituciones de corresponsalías claves, los cambios sustanciales de programación y sus frecuentes fracasos, suscitan en estas condiciones crisis periódicas internas y el deterioro creciente de su imagen pública.

Efectivamente, el servicio público "no pertenece a los gestores y tampoco a los trabajadores, sino a todos los españoles", pero eso se garantiza solo con el cumplimiento de las leyes y sus buenas prácticas. Porque RTVE tiene además su mandato marco anticuado y vencido desde diciembre de 2016 y carece siempre del contrato programa trienal que exige la ley de 2006, sin los cuales es inverosímil su misión social, y el cumplimiento del protocolo de Amsterdam (32 del tratado de constitución actual de la UE) que exige la proporcionalidad del dinero público con las funciones legales del servicio público, por lo que Bruselas podría expedientar a España en cualquier momento.

Peor aún, con su presupuesto de gastos congelado desde 2010, RTVE es incapaz de competir con el potente duopolio comercial de Mediaset y Atresmedia, y por supuesto de hacer una transición digital y multimedia que exige su propia supervivencia. Pero los déficits comienzan a crecer, con casi 30 ME de pérdidas en 2019 y previsiones pesimistas de unos 50 ME en rojo para 2020. Una caída que augura nuevos problemas políticos, porque la ley de 2006 (art. 13.2) preveía la dimisión en bloque del Consejo de Administración si se superaba en gastos el 10% de la compensación presupuestada por el servicio público; pero es difícil exigir el cese de un Consejo que no existe…

Termómetro insoslayable de la gestión deficiente de la corporación, desde que asumió el mando la dirección "provisional" (Julio de 2018), la 1 ha descendido del 10,5% de share medio al 9,2% de Septiembre de 2020 (con récords a la baja mensuales hasta del 8%), un deterioro de su peso social mucho más preocupante por cuanto que las dos cadenas privadas competidoras han mantenido básicamente en este tiempo sus cuotas, y porque esta pérdida de liderazgo incluye a los telediarios, corazón de su función social; con todos sus canales, el grupo público ha caído del 16,5 al 15,5% en comparación con la preponderancia creciente de Mediaset (28,2) y Atresmedia (27%), unas tasas que amenazan con la irrelevancia de servicio público a corto plazo (aun sumando el 8,15% de las TV.AA).

La impaciencia y la indignación parecen ganar enteros en los ambientes defensores del servicio público español. Así, si el pasado año el Comité de Expertos y algunos de los candidatos seleccionados pidieron al parlamento que culminara el concurso público, en Julio de 2020, el Comité protestó airadamente contra un dictamen de los letrados del Senado que pretendía la anulación práctica del concurso alegando que el Comité se había "excedido" en su autonomía, e incluso parecía reñir al parlamento por haber aceptado constreñir "el ámbito de la decisión política de las cámaras". El resultado habría sido volver a las cuotas militantes partidistas y a la manumisión de RTVE por los gobiernos de turno, porque el concurso se ha convertido en la clave de bóveda de todas las reformas indispensables.

rtve a la carta

En las últimas semanas, los 19 candidatos considerados idóneos, de todas las tendencias ideológicas, se han dirigido al Parlamento exigiendo concluir el concurso público para dotar a RTVE de una dirección estable y plural, y en el mismo sentido se ha pronunciado el Consejo de Informativos de RTVE. Por su parte, la asociación Teledetodos ha promovido un manifiesto con decenas de entidades ciudadanas y periodísticas, en las que da un paso más, amenazando con interponer quejas y demandas ante las autoridades españolas, como el defensor del pueblo o la CNMC, y europeas (el Parlamento europeo, el Consejo de Europa, organismo que ya emitió una "alerta" sobre la empecinada ausencia de presidente y consejo elegidos parlamentariamente para RTVE).

La convicción general es que los cuarenta años en democracia buscando a trompicones un modelo de servicio público democrático como el reconocido en el tratado constitutivo de la UE, no son ya soportables, y que RTVE y detrás las TV.AA. están ante su última oportunidad histórica. Especialmente cuando una larga trayectoria de las radiotelevisiones europeas occidentales muestra el camino de normas y "buenas prácticas" que hacen de sus servicios públicos puntales de la información y el debate democrático, de la creación y la difusión de la cultura, indispensables frente a la avalancha de programaciones comerciales, de contenidos basura, y a la hiperfragmentación de un público que pierde sus referentes simbólicos comunes.

Habitualmente empaquetada con el poder judicial, como una especie de guinda al pastel de ese consenso imposible con la oposición, la renovación del Consejo de RTVE es legalmente viable aun en el hipotético caso de un boicot de la derecha, porque según la ley de 2007, 15 días al menos después de una fallida votación por 2/3 de ambas cámaras, los nombramientos pueden salir adelante por mayoría simple si aúnan propuestas de la mitad al menos de los grupos parlamentarios existentes (disposición transitoria 1ª), una previsión factible en el Congreso (10 grupos) como en el Senado (ocho).

Las maldiciones, por tanto, no proceden de los dioses ni de hipotecas históricas irredentas, sino de los hombres, especialmente cuando se agrupan en partidos políticos españoles para conformarse como maquinarias miopes de poder a corto plazo, sin visión para preservar las plataformas vitales de la democracia, del diálogo y la construcción del consenso en la esfera pública, en cuya ausencia la polarización ideológica, la desinformación y la manipulación sistémica se convierten en la dinámica hegemónica de la opinión pública. Una conclusión que la COVID-19 no ha descubierto ciertamente pero sí ha venido a corroborar con todas sus amenazas, para la salud, para la democracia y para el desarrollo integral de nuestra sociedad.

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Jueves, 15 Octubre 2020 08:29

Manifiesto contra la "degradación" de RTVE

[El Mundo 15/10/2020]

Decenas de organizaciones y un gran número de ciudadanos particulares han firmado un manifiesto promovido por la plataforma Teledetodos en el que urgen al Parlamento a culminar el concurso público puesto en marcha hace tres años para elegir un nuevo consejo de administración en RTVE y acabar así con la «degradación» que, según constatan, está sufriendo la radiotelevisión pública en esta legislatura. «Está en juego no sólo la corporación sino la supervivencia de todo el servicio público y la credibilidad democrática del Parlamento», advierten en el escrito presentado este miércoles en un acto público.

Según anunció durante este acto la diputada de Más País-EquoInés Sabanés, en la última reunión de la Mesa y Portavoces de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE celebrada el pasado martes las posturas en el debate sobre la reactivación del concurso público se inclinaban por prescindir de la preselección de 20 candidatos (19 tras el fallecimiento de Alicia Gómez Montano) realizada por el Comité de Expertos y elevar finalmente a la comisión de nombramientos del Parlamento los 95 aspirantes iniciales que fueron admitidos en la convocatoria. No obstante, esta opción, que estaría fundamentada en la opinión de los letrados de las Cortes que advierten en un informe falta de igualdad en esa selección en la que sólo hay tres mujeres, no es definitiva aún hasta que la formalice próximamente la Mesa de la Comisión.

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[ABC 15/10/2020]

Tres años, un mes y 18 días. Ese es el tiempo que lleva en vigor la reforma de la Ley de RTVE que establecía un sistema de elección del presidente y del Consejo de Administración por concurso público. La falta de consenso y los retrasos en el proceso obligaron a colocar en la dirección de la cadena pública (mediante decreto ley) a una administradora provisional que lleva ya más de dos años en el poder: Rosa María Mateo. Mientras, a duras penas, el concurso público ha seguido adelante: un comité de expertos eligió a veinte candidatos idóneos (19 tras el fallecimiento de Alicia Gómez Montano), pero de nuevo los recursos amenazan con frustrar el proceso. El «vergonzoso estancamiento» que denuncian prácticamente todos los implicados podría convertirse en la práctica en un paso atrás si la mesa de portavoces y la Comisión Mixta optan por optan por obviar el criterio de los expertos y volver a los casi cien candidatos que se presentaron inicialmente. Una opción que, según denunció la diputada Inés Sabanés en una charla organizada por Teledetodos, «parecía la opción mayoritaria» en la mesa que se reunió ayer. Si prospera esta opción, se abriría la mano a que cualquiera de los 95 candidatos que se presentaron puedan formar parte del consejo de RTVE, aunque sus evaluaciones por el consejo de expertos fueran negativas. Sin embargo, subraya esta miembro de la comisión, de momento no hay ninguna decisión firme al respecto.

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[EuropaPress 9/9/2020]

Más País-Equo pide desbloquear de una vez el concurso público para renovar RTVE

 Más País-Equo ha presentado este miércoles a la Mesa del Congreso un escrito pidiendo que en la próxima Comisión mixta de control parlamentario de RTVE se incorpore al orden del día la continuidad del concurso público para el nombramiento del Consejo de Administración y presidencia de RTVE.    En el texto registrado en la Cámara baja, firmado por la diputada ecologista Inés Sabanés, la formación recuerda que en enero de este año ya pidió que se tomaran medidas urgentes para retomar e ...

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