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Grupo de estudio de comunicación de servicio público

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La CNMC pide una revisión del modelo de financiación de RTVE

[Vozpopuli]

El modelo de financiación de RTVE tiene que cambiar. Así lo sugiere la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un informe sobre la radio-televisión pública, aprobado recientemente, en el que vuelve a señalar las dificultades a las que se enfrentan los directivos de la corporación como consecuencia de la incertidumbre presupuestaria, que condiciona el cumplimiento del servicio público que tienen encomendado sus medios de comunicación y dificulta hacer planes a medio y largo plazo.

La CNMC llamó la atención sobre este hecho en 2016, en el primer informe que realizó sobre el grado de cumplimiento por parte de RTVE del servicio público que tiene encomendado. “El cambio realizado en el régimen de financiación de la RTVE en los últimos años ha supuesto en la práctica una mayor incertidumbre presupuestaria”, aseguró entonces.

En este nuevo estudio –aprobado por su Pleno el pasado 27 de marzo- ha vuelto a expresar la necesidad de corregir este defecto para mejorar el funcionamiento de estos medios de comunicación públicos, según han explicado fuentes internas.

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Supreme Court hears arguments over legality of NHK fee system

[Asahi Shimbun]

For the first time, the Supreme Court on Oct. 25 heard arguments on whether Japan Broadcasting Corp. (NHK) can legally force citizens to pay subscription fees to the public broadcaster.

The top court’s ruling is expected before the end of the year, and all 15 justices will decide the case, given its wide-ranging ramifications.

At the heart of the matter is the lack of a clear provision in the Broadcast Law that obligates households and businesses to pay subscription fees to NHK for its programming and other operations.

NHK has used regulations authorized by the communications minister to collect the fees, which totaled 676.9 billion yen ($5.9 billion) in fiscal 2016.

The broadcaster has argued that it can collect the fees on the basis of a Broadcast Law provision that requires individuals who have installed TV reception equipment in their homes to sign contracts with NHK to receive its programs.

 

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El Supremo avala que las ‘telecos’ financien TVE

[El País]

El Tribunal Supremo avala el modelo de financiación de RTVE, que incluye la recaudación de tasas a las televisiones privadas y los operadores de telecomunicaciones. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado los recursos interpuestos por la Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones (Redtel), DTS, Telefónica de España, Cable Europa, SAU y Tenaria contra real decreto que desarrollaba la ley de financiación de la radio y televisión estatal, aprobada en 2009.

La sentencia del Supremo va en la línea de que hace un año dictó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que confirmó la validez del régimen de financiación de RTVE al estima que imponer tasas a los operadores de telecomunicaciones y a las televisiones privadas para financiar RTVE no incumple la legislación comunitaria. El tribunal europeo dejó claro entonces que el nuevo modelo de financiación no podría ser considerado como ayudas de Estado.

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El gobierno británico sube el canon por ver la televisión

[ABC]

Tras siete años con la tarifa congelada, el Gobierno ha anunciado que el canon televisivo que financia a la BBC subirá a partir del 1 de abril. Pasará de las 145,5 libras al año actuales a 147. Es decir, cada ciudadano que quiera ver la televisión o escuchar la radio, sea en el soporte que sea, tendrá que pagar el equivalente a 171,4 euros al año. Este sistema de financiación permite sostener una televisión pública excelente, que es una de las banderas del llamado «poder blando» británico en todo el mundo.

La BBC cuenta actualmente un presupuesto anual de más de 5.700 millones de euros. No ofrece publicidad y costea su inmensa estructura con el canon anual, que deben pagar, so pena de multas severas, todos los residentes en el Reino Unido que utilizan una radio, un televisor o ven los programas televisivos a través de un ordenador u otros soportes. Cada año son juzgadas unas 3.000 personas por ver la tele sin abonar el canon y se han llegado a fallar algunas penas de cárcel.

Vehículos anónimos barredores de la señal peinan las calles británicas. De manera automática, cruzan los datos de quienes están viendo la televisión con el registro de pagadores del canon. Con este método se detecta a quienes ven los espacios televisivos o escuchan la radio de manera pirata, sin pasar por la taquilla pública.

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La FORTA reclama una política fiscal adecuada ante la "asfixia económica que puede llevar a la liquidación"

[Europa Press]

La presidenta de la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) y directora general del Ente Público Radio Televisión de Castilla-La Mancha, Carmen Amores, ha pedido este jueves 4 de mayo una política fiscal adecuada, en oposición a la actual que les conduce a "una asfixia económica que, prácticamente, puede suponer la liquidación" de los medios públicos.

De este modo, la presidenta de la FORTA ha hecho un llamamiento a los poderes públicos ante la necesidad de dotarse de "un marco financiero y presupuestario estable a medio y largo plazo, un modelo de financiación de carácter plurianual y amparado por una política fiscal adecuada". "Una política fiscal que sea todo lo contrario de lo que está ocurriendo en estos momentos, en los que una reinterpretación de la Ley del IVA nos está llevando a las cadenas afectadas --hasta ahora Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias-- a una asfixia económica que, prácticamente, puede suponer la liquidación, si esto sigue así. No nos devuelven el IVA porque se ha reinterpretado que no deben devolvérnoslo y que tenemos una actividad dual", ha alertado.

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El Principado aporta 6,7 millones y evita la causa de disolución de la RTPA

[La Voz de Asturias]

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias acordó hace ya unos días ampliar el capital social de Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA) en 6,7 millones de euros, según han confirmado fuentes del Principado.De esta manera, el Ejecutivo regional atiende a la fórmula planteada por el director general de RTPA, Antonio Virgili, a través del informe en el que señalaba la necesidad de la medida para hacer frente a la deuda vencida, mejorar los ratios de liquidez, solvencia y endeudamiento, además de evitar a medio plazo la posibilidad de entrar en causa de disolución.
«Lo que se ha aprobado en Consejo de Gobierno supone en la práctica la posibilidad de que RTPA liquide casi toda su deuda y quede garantizada de esta manera su viabilidad financiera, tal y como solicitó su consejo de administración», han explicado desde el Ejecutivo.Han añadido que la medida ha de situarse en el contexto de la aprobación de la ley de segunda reestructuración del sector público que regula la existencia y funcionamiento de la cadena pública autonómica. Se fusionaron en 2015 tres mercantiles dependientes de un ente en la sociedad denominada RTPA.

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La Junta de Andalucía destina 418,5 millones a Canal Sur para los próximos tres años

[Huelva Información]

El Consejo de Gobierno destinará 418,5 millones a la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) en el trienio 2017-2019, a través del nuevo Contrato-Programa que ha sido aprobado este martes, el cual concreta los objetivos específicos y la asignación de recursos económicos para el cumplimiento de sus fines. Con esta aportación económica se pretende asegurar la estabilidad del ente audiovisual, así como la prestación de servicios de calidad y utilidad a la sociedad andaluza.

El documento desarrolla la Carta del Servicio Público de la RTVA, donde se establecen las prioridades y estrategias para garantizar una financiación estable sostenida y adecuada durante los próximos seis años.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, ha explicado que, en líneas generales, el Contrato-Programa fija las compensaciones económicas que la RTVA percibirá por la gestión y prestación del servicio público de radio y televisión y de servicios digitales conexos e interactivos, con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Estas cantidades se fijan en 139,5 millones de euros anuales en concepto de transferencias y aportaciones. De igual forma, se determinan los mecanismos y medios para adaptar el coste de las actividades acordadas a las posibles variaciones de la realidad económica y del sector audiovisual.

El documento aprobado por el Consejo establece también los criterios básicos de actuación de la RTVA, con especial mención al fomento de la educación y la cultura; la protección de la infancia y las personas mayores y en riesgo de exclusión; la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de las mujeres, y al tratamiento especialmente riguroso frente a la violencia de género. La entidad también se compromete a incentivar la participación política de la sociedad y el ejercicio de la democracia, respetando el pluralismo de la sociedad.

En este aspecto, se valorarán criterios como la representación parlamentaria, la implantación territorial y la representatividad de las organizaciones de la vida política, sindical, social y cultural.

Junto con ello, se refuerzan prioridades como la mejora de la atención a las cuestiones, sugerencias, quejas y reclamaciones de la audiencia, o el impulso a la prestación de servicios técnicos a otras entidades públicas y privadas del sector audiovisual.

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La justicia europea valida el modelo de financiación de RTVE

[Bez]

Miguel Angel Sacaluga

Cuando en 2009 el gobierno decidió, por fin, acometer la reforma del sistema de financiación de RTVE, eliminando la publicidad y los contenidos de pago y someter a aportaciones compensatorias a las operadoras de televisión y de telecomunicaciones, -como beneficiarias directas- muchas fueron las críticas desde el ámbito político, empresarial e incluso desde la propia dirección de RTVE, por considerarla ineficaz e ilegal. Pues ni lo uno, ni lo otro.

La mayor resistencia fue de las "telecos". Se negaban a pagar por algo -decían- que no tenía que ver con su actividad y alegaban la imposición de una tasa por operar cuando los servicios de telecomunicaciones están liberalizados en Europa. Recibieron el apoyo de la Comisaria europea de telecomunicaciones, de políticos de uno y otro signo e incluso de sectores del gobierno y del Partido Socialista con distintos argumentos. Eso sí, todos coincidían en una cosa: que el modelo no respetaba las normas de competencia comunitarias y, por tanto, iba a ser tumbado -sí o sí- por los tribunales europeos.

A pesar de todo, los objetivos se han cumplido: El sector privado ha subsistido, incluso con holgura y la CRTVE sobrevive a pesar de los brutales recortes y de no haberse aplicado estrictamente la ley. Se dirá -y con razón- que el sector se ha convertido en un práctico duopolio televisivo del mercado publicitario, pero eso tiene arreglo y, además, no es un problema del modelo de financiación de RTVE, sino de la LGCA y de la CNMC.

El tiempo y los tribunales europeos han confirmado que la reforma no sólo ha sido eficaz, también justa, legal y compatible con la normativa comunitaria. En la ley española -no en la francesa- la obligación de pago de las “telecos” no nace por el mero hecho de operar, nace cuando se prestan servicios de comunicación audiovisual con publicidad y en más de una Comunidad Autónoma. Hoy la participación de las operadoras de telecomunicación en el sector audiovisual no sólo es evidente sino creciente. Forma parte esencial de su negocio, posee gran parte del mercado audiovisual y controla los principales contenidos "premium", explotándolos con pago y publicidad.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pone fin a un largo proceso que dura ya siete años sobre la legalidad del modelo y, en especial, de las aportaciones de las “telecos”. En su día, el Comisario de Competencia, el español Joaquín Almunia, declaró la compatibilidad del sistema de financiación de RTVE con la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado. La Comisaría de telecomunicaciones de la señora Kröes -por cierto, en la prensa estos días por estar envuelta en asuntos “turbios”- decidió presentar denuncia contra la obligación de pago impuesta por Francia y España a las “telecos”. Los tribunales europeos fallaron primero el caso francés -con similitudes con el español- dando la razón a la República. La Comisaria, entonces, retiró la denuncia al Reino de España. Pero las operadoras privadas siguieron adelante. Fallo tras fallo, recurso tras recurso, los tribunales han rechazado sus pretensiones.La sentencia de este jueves pone fin definitivamente al litigio.

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El tribunal de Luxemburgo confirma la validez del sistema de financiación sin publicidad de RTVE

[Infolibre]

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) confirmó hoy que el régimen de financiación de RTVE es compatible con la legislación comunitaria en materia de ayudas de Estado, al haber desestimado el recurso de DTS Distribuidora de Televisión Digital contra una sentencia anterior.

En la sentencia de este jueves, el tribunal europeo desestima el recurso de casación de DTS y confirma la sentencia del Tribunal General. Así, considera que el segundo estaba en lo cierto al estimar que las medidas fiscales no formaban parte del régimen de ayudas en favor de RTVE.

En este sentido, el TUE recuerda que el importe de la ayuda se fija de acuerdo con los costes netos relacionados con el cumplimiento de la misión de servicio público, por lo que los ingresos por las medidas fiscales no tienen ninguna influencia directa en la cantidad o en la concesión de la ayuda otorgada a RTVE.

Además, el Tribunal de Justicia subraya que una parte de los ingresos por el gravamen puede ser destinada a otros fines, como reasignarse a un fondo de reserva o al Tesoro Público. También destaca que la inaplicabilidad de las medidas fiscales no cuestiona la ayuda, puesto que el Estado debe completar la diferencia entre los ingresos y los costes para el cumplimiento de sus obligaciones de servicio público.

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Las luces y sombras de RTVE, según el informe de la SEPI

[La guíatv]

Un informe sobre la gestión de RTVE elaborado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, al que ha tenido acceso ABC, pone en evidencia los aciertos y carencias en la gestión de la corporación el año pasado. La SEPI, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda que tiene entre sus funciones la tutela de la cadena pública, entiende que 2015 fue un «año complejo», en un contexto difícil «desde el punto de vista macroeconómico, sectorial y político». «Si bien las condiciones generales del país han empezado a mejorar (...), las principales limitaciones en cuanto a gasto público no han desaparecido», explica el texto, «con unos niveles de deuda y déficit público muy tensos, lo cual supone una de las principales incertidumbres para el modelo de financiación».

Uno de los puntos favorables del pasado ejercicio fue el nuevo tratamiento del IVA, que permitió una reducción del gasto de 78,7 millones, si bien esto «no ha sido suficiente para equilibrar la cuenta de resultados e incrementar la cuota de audiencia». En este sentido, el informe destaca que Mediaset logró el 31% y Atresmedia del 26%, «muy por encima de RTVE», con el el 16,7%. Se configura así, dice la SEPI, «un modelo de duopolio inédito en el contexto europeo». En este entorno, añade, la estructura operativa de la corporación «resulta ya claramente desajustada».

Por todo ello, el modelo actual de financiación sigue planteando «serias dificultades debido a su inestabilidad y a su indefinición y falta de transparencia en cuanto a la determinación de los ingresos». Eso impide adoptar decisiones operativas a largo plazo en un entorno donde es imprescindible hacerlo, y supone «una situación difícil de mantener». El mayor peligro, concluye la SEPI, es el deterioro de la audiencia, que terminó el año en el 9,8% de cuota en La 1, «nivel que puede considerarse crítico».

Otro de los factores que celebra la SEPI es que las medidas adoptadas en el marco del «Plan de sostenibilidad y mejora de la eficiencia» puesto en marcha en 2014 tuvieron «un impacto favorable, logrando una reducción de gastos generales de 14,3 millones». No obstante, no se alcanzó el objetivo en alguno de sus programas ni en los costes de personal, «lo que obligará a actualizarlo» en 2016. Otros puntos fuertes fueron la venta de productos, que ascendió a 14,2 millones, y los ingresos por patrocinios (16,9 millones). Asimismo, los gastos de explotación se redujeron notablemente respecto a lo presupuestado y al ejercicio anterior.

El resultado de explotación, por último, ascendió a 35,1 millones de pérdidas, «desviándose frente al presupuesto en 39,1 millones pero mejorando respecto al ejercicio anterior de manera sustancial, en 94,1 millones». Al menos a nivel operativo, concluye el texto, «es posible esperar una cierta estabilidad de mantenerse la corporación en los actuales niveles de actividad y de costes».

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