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Grupo de estudio de comunicación de servicio público

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Un modelo de futuro para RTVE.

La pervivencia de una Radiotelevisión púbica de ámbito estatal es crucial para la salud democrática de nuestro país. Para ello es vital preservar su independencia, asegurar la estabilidad económica y garantizar una gestión responsable que sirva al interés público y que rinda cuentas ante la sociedad, asegurando el derecho de acceso y haciendo partícipes a los ciudadanos de unos objetivos centrados en la rentabilidad social.

Esas exigencias ya estaban recogidas e incluso desarrolladas con detalle en el Dictamen sobre la reforma de los medios de titularidad pública (2005) y muchas de ellas se han mantenido, en buena medida, en las actuales leyes y normas que regulan el funcionamiento de la Corporación RTVE. Pero el problema es que esas normas no se cumplen ni se hacen cumplir desde los poderes públicos como se debiera, poniendo en evidencia una grave desidia por parte de los poderes públicos y en concreto por el regulador, la CNMC con graves carencias de recursos asignados al sector audiovisual y con competencias diluidas en un magma de sectores y competencias ajenas al audiovisual y en concreto al servicio público radiotelevisivo. A ello se suman deficiencias enraizadas en la falta de voluntad política, la perversión de algunas reformas legales y el propio funcionamiento interno de la Corporación, que han convertido a RTVE en un modelo caduco que exige cambios profundos.

Como grupo de estudios de comunicación de servicio público, Teledetodos ya realizó un diagnóstico de esas deficiencias y ha formulado propuestas concretas que pueden contribuir a actualizar el modelo de comunicación público de ámbito estatal. Dicho dictamen constata el deterioro del espacio público democrático en cuanto a pluralismo, diversidad, y especialmente una degradación en términos de audiencia, credibilidad y sostenibilidad financiera, con grave peligro de marginalidad en un futuro inmediato.

Los graves incumplimientos advertidos de las misiones de servicio público asignadas por el Parlamento español a la CRTVE, sin que hasta la fecha se hayan adoptado medidas correctoras que garanticen el cumplimiento de las misiones encomendadas por ley, hacen necesario y urgente la adopción de medidas correctoras al respecto.

La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), supuso la entrada en escena de un nuevo organismo que vieno a romper la arquitectura institucional que hasta ese momento se había desarrollado en España y en la mayoría de países del entorno, en la que se primaba la regulación sectorial especializada con distintos organismos y aparte para la supervisión de la competencia un organismo específico. La CNMC, que ahora cumple casi cuatro años, en su ley de creación recoge gran parte de las competencias y funciones del “non nato” Consejo estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) que preveía la Ley 7/2010, General Audiovisual.

La Ley 3/2013, en su artículo 9 referido a la “Supervisión y control en materia de mercado de comunicación audiovisual”, establece que la CNMC en el marco de sus competencias en materia de supervisión y control del correcto funcionamiento del mercado de comunicación audiovisual, ejercerá entre otras la función de:

8. Vigilar el cumplimiento de la misión de servicio público encomendada a los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito estatal, así como la adecuación de los recursos públicos asignados para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el Título IV de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.

El artículo 6.3 de la Ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal, establece que las funciones que se atribuyen a la Corporación RTVE, se entenderán sin perjuicio de las atribuidas en esta Ley al Gobierno, a las Cortes Generales, o a la autoridad audiovisual y de las que en periodo electoral desempeñe la Administración electoral. Se debe entender por tanto que la autoridad audiovisual referida es actualmente la CNMC.

Se da la circunstancia, que en el corto recorrido de la CNMC, se ha evidenciado su falta de adecuación a las necesidades regulatorias y el propio Ministerio de Economía y Comercio ha impulsado una consulta pública, que finalizó el pasado 17 de marzo, para la reforma y desagregación de la CNMC, lo cual constituye un oportunidad que pone sobre la mesa la necesidad de contar con un organismo regulador independiente para el audiovisual en España que ejerza la supervisión y seguimiento del cumplimiento efectivo de las obligaciones de servicio de la CRTVE.

Modificado por última vez enViernes, 05 Mayo 2017 14:25

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